La Guardia Civil, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, ha detenido a ocho personas como presuntas autoras de un fraude de siete millones de euros, procedentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sujeto a la compraventa de vehículos de segunda mano.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete en una nota, las investigaciones han concluido con la desarticulación de una organización delictiva que utilizaba un entramado de sociedades instrumentales ficticias, situadas en Portugal, para introducir vehículos en España procedentes de Alemania.

Una vez en este país, la trama vendía los coches mediante sociedades distribuidoras sin el correspondiente pago del IVA, mecánica que les ha permitido introducir vehículos por valor de 35,3 millones de euros entre los años 2017 y 2021, defraudando de esta forma 7,3 millones de euros de cuotas de IVA.

En el marco de la operación, denominada Drosipan-Término, se ha detenido a ocho personas, entre ellas el cabecilla de la organización, así como a otros responsables y organizadores de la trama, cómplices y beneficiarios del fraude, y se han efectuado seis registros domiciliarios en las localidades de Albacete, Bellreguard (Valencia), Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y Almería.

Dichos registros han permitido la incautación de 15 vehículos valorados en un millón y medio de euros y de abundante documentación en papel e informática sobre las operaciones fraudulentas detectadas y cuyo análisis, según ha informado la Guardia Civil, permitirá añadir elementos de prueba a los ya obtenidos en la investigación judicial, al tiempo que se han adoptado medidas cautelares con el bloqueo de cuentas bancarias.

La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por la dependencia regional de la Inspección de la Agencia Tributaria en Castilla-La Mancha, tras llevar a cabo el procedimiento de investigación previo que había desarrollado sobre las sociedades implicadas en la trama, actuaciones con las que se detectó una serie de matriculaciones que resultaron sospechosas.

Según el comunicado del Instituto armado, el fraude utilizado por la trama arrancaba con una serie de sociedades ficticias españolas, conocidas como "truchas introductoras", que simulaban la compra directa a proveedores europeos de vehículos usados que ya estaban matriculados en el país de origen.

Al tratarse de adquisiciones intracomunitarias de bienes en régimen general de IVA, las sociedades españolas obtenían los vehículos exentos de este impuesto para posteriormente venderlos a distribuidoras españolas de la misma trama que no ingresaban el IVA que corresponde a la Hacienda pública, al tratarse de una operación interior.

Se da la circunstancia de que este impuesto sí que figuraba en las facturas de venta a las distribuidoras que, por tanto, se deducían el IVA no ingresado por las "truchas introductoras".

De acuerdo con las investigaciones de la Guardia Civil, algunos clientes de las empresas distribuidoras eran plenamente conscientes del fraude y actuaban en plena connivencia y coordinación, encargando la compra de vehículos formalmente, a través de la trama para beneficiarse del "lavado del IVA".

Como forma de reforzar la ocultación del fraude, la trama contaba también con una "capa" de sociedades ficticias extranjeras, conocidas como "truchas remotas", cuya función, dentro del esquema fraudulento, consistía en modificar el régimen aplicable del IVA.

En el operativo han intervenido el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico (GIAT Central) y, por parte de la Agencia Tributaria, las unidades operativas de Vigilancia Aduanera de Albacete, Quintanar de la Orden y Pontevedra, las Unidades de Inspección de Albacete, Galicia, Valencia y Almería, y las unidades de Auditoría Informática de Castilla-La Mancha, Almería, Galicia y Valencia.