Hallar pisos donde se admitan mascotas, una tarea cada vez más ardua para los inquilinos

Es sabido ya que en el país se contabilizan más animales de compañía en los hogares que niños y niñas. Galicia, de hecho, se sitúa como la tercera comunidad autónoma en volumen de mascotas per capita. En concreto, hay 2,5 perros por cada diez ciudadanos, según el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística. En Pontevedra son más de 17.000 canes los que aparecen en el registro.

Tal y como se encuentra ahora mismo el mercado del alquiler en la comarca, sumar a las condiciones para acceder a una vivienda el hecho de no poder convivir con un animal de compañía supone un lastre para muchos ciudadanos. Pontevedra es, según las mismas fuentes la cuarta de ciudad de Galicia más cara para alquilar una vivienda.

Desde la inmobiliaria Inmobal indican que el propietario “está en su derecho de establecer unas condiciones”, igual que pueden pedir una serie de requisitos para que un inquilino acceda o no al alquiler de su propiedad.

Además, con respecto a la falta de pisos de alquiler disponibles, explican que “no hay vivienda porque hay mucha más demanda que oferta”. Las regulaciones estatales para los arrendadores les parecen, además, demasiado “exhaustivas”.

“La demanda de vivienda ha ido ascendiendo y, como consecuencia, los precios se han ido ajustando al alza”, apunta el gerente de la inmobiliaria Javier Tovar. “Hay muchos proyectos iniciados en la ciudad”, señala antes de añadir que “el mercado de segunda mano es algo más rígido”.

Estas trabas para admitir mascotas en los pisos que se ofrecen en alquiler son generales en todas las ciudades. En España apenas llega al 5% el porcentaje de inmuebles en oferta que consiente con sus presencia. En el caso de Vigo, apenas un 10% de los dueños acepta estos animales, y en muchos casos imponen condiciones adicionales ya que gran parte de los propietarios que aceptan la entrada de perros o gatos están poniendo una condición obligatoria: el pago de otro mes por adelantado para cubrir exclusivamente los daños que pueda ocasionar la mascota en el apartamento. Se llega a pedir al inquilino interesado un mes de fianza, otro como aval “mobiliario” y un tercero para cubrir los posibles daños de una mascota. Es decir, los interesados en entrar a residir en esa vivienda deberán pagar por adelantado 2.700 euros, además de abonar el seguro de impago, que también por norma general en Vigo recae sobre el inquilino.

Este requisito, teniendo en cuenta que supone un enorme desembolso inicial, vuelve todavía más difícil a los ciudadanos que tienen perro conseguir un piso de alquiler sin tener que dejar atrás a su mascota. Y es que lo más habitual entre los propietarios con viviendas de alquiler en el mercado es reclamar un mes de fianza y otro como garantía adicional a los inquilinos que quieran entrar a vivir, y ahora, aquellos que tienen mascota, un tercer mes. Un desembolso que muchos no se pueden permitir.

Este hándicap en los pisos está provocando conflictos habituales entre arrendadores y arrendatarios. Porque en la mayoría de casos la prohibición se da en el propio contrato, por lo que si el inquilino introduce mascotas pese a estar expresamente prohibido en alguna cláusula, el propietario podría rescindir el contrato o, en todo caso, reclamar posibles daños que el animal haya causado en algún elemento del apartamento.

El alojamiento turístico, más rentable

Hace menos de cinco años, en 2020, Pontevedra disponía de aproximadamente 2.200 plazas de alojamiento turístico, la mayoría de ellas ubicadas en los 16 hoteles registrados en la ciudad por el Instituto Galego de Estatística (IGE), los cuales ofrecían alrededor de 1.130 plazas. Actualmente, la situación ha cambiado de manera significativa, ya que la cantidad de plazas disponibles se ha duplicado, alcanzando las 4.100 camas. Este incremento se atribuye casi en su totalidad al crecimiento de las denominadas Viviendas de Uso Turístico (VUT), más rentables que el alquiler vacacional para los propietarios. De hecho, los precios en municipios como Sanxenxo están en cabeza en los ránking de toda España, con una media de 2.200 euros a la semana. Las inmobiliarias entienden que los propietarios están en su derecho de alquilar en verano y, si quieren, convertir sus pisos en Airbnb, pero que “el Estado debería ofrecer vivienda pública si los inquilinos quieren poner condiciones”. En cuanto a la oferta de vivienda nueva en la comunidad autónoma, se encuentra en mínimos históricos: el 2023 acabó con solamente 17.730 viviendas nuevas disponibles.

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