Los nombres para la Diputación, en juego en un clima de fricciones entre Ourense y Santiago

El pacto entre el PPdeG y Gonzalo Pérez Jácome garantiza –en un folio con dos puntos– la gobernabilidad de las listas más votadas y el reparto de poder en el Concello y la Diputación. Tras la investidura del líder de DO este sábado, queda por resolver quién de los populares tendrá el mando en la administración provincial, tras el fin a 33 años de la saga Baltar en el sillón, aunque el hijo sigue en funciones y mantiene la presidencia del PP ourensano, por ahora.

El partido tomará las próximas decisiones en tiempos agitados, con la anunciada marcha de Manuel Cabezas –quien, además, es el presidente local de los populares–, tras haber impuesto Santiago un pacto por su cuenta con DO, pese a la oposición del candidato. Cabezas estaba dispuesto a hacer alcalde al socialista Paco Rodríguez, que sí continuará como edil.

La constitución del pleno de la Diputación tendrá lugar dentro de un mes, debido al recurso contencioso electoral de Celanova, un municipio cuya sesión de investidura se ha aplazado al 7 de julio, para que el TSXG pueda resolver antes la reclamación. No afecta a los plazos, en cambio, la repetición de las elecciones en el concello de Castro Caldelas, acordada por la Junta Electoral Central tras las dudas sobre el voto por correo.

La elección de los aspirantes de los cuatro partidos con representación provincial –cada uno, con sus propias reglas de funcionamiento interno–, así como la toma de posesión de los diputados, la conformación del pleno –a mediados de julio– y la decisión relevante de quién será el nuevo presidente o presidenta del gobierno del PP –Ana Villarino o Luis Menor, alcaldes de Oímbra y Pereiro de Aguiar, son algunos de los nombres que se barajan entre las fuentes populares, cautas todavía– marcarán la agenda política de Ourense, tras aclararse, a última hora, el Concello.

Si se mantiene el ambiente algo enrarecido que generó el pacto in extremis con Jácome, la puesta en marcha de la nueva Diputación post-Baltar se producirá no solo en un contexto de campaña electoral, sino con un malestar interno en las filas de los populares y de los socialistas, con fricciones en ambos partidos entre Ourense y las direcciones de Santiago.

En los dos casos, los candidatos criticaron la negociación de las cúpulas con Gonzalo Jácome, en contradicción con lo manifestado, mientras Cabezas y Rodríguez intentaban hasta el final una alternativa al regidor, al que ambas formaciones arrinconaron en campaña. PP, PSOE y BNG denunciaron presuntos delitos en los audios sobre supuestas corruptelas.

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La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) establece, en su artículo 205, que “constituidos todos los ayuntamientos de la respectiva provincia” –la práctica totalidad en Ourense, ayer, salvo Celanova, Carballeda de Valdeorras y Castro Caldelas–, las juntas electorales de zona proceden “inmediatamente” a formar una relación de todos los partidos que hayan logrado al menos un concejal en cada uno de los partidos judiciales, que son siete en la provincia.

En el de Ourense, que incluye no solo a la ciudad, donde se concentra más de un tercio de la población, sino también varios de los municipios más habitados, como Xinzo, Celanova, Pereiro de Aguiar, San Cibrao, Allariz o Barbadás, se asignan 15 de los 25 diputados provinciales. La relación de fuerzas resultante de las elecciones del 28-M otorga, en total, 12 representantes al PP –Baltar perdió la mayoría absoluta por segunda vez en cuatro años, ahora por menos de 200 votos–, 7 al PSOE, 3 al BNG y 3 a DO.

La junta electoral de zona de Ourense aporta la mitad de los diputados populares, tres del PSOE –“normalmente, uno corresponde a la ciudad”, dicen fuentes socialistas– y la totalidad de los del BNG y DO.

El resto de representantes de PP y PSOE en la administración provincial serán elegidos por los ediles de Valdeorras –uno para cada formación–, Verín –el mismo reparto–, O Carballiño –también a la par–, O Ribeiro –uno para cada uno en un partido judicial en el que el PP se quedó cerca de la absoluta–, así como Bande –uno para el PP– y Trives –otro–.

Una vez que las juntas electorales confirmen cuántos diputados corresponden a cada sigla en cada zona, “dentro de los cinco días siguientes” convocarán a los concejales de los partidos con representación provincial –PP, PSOE, BNG y DO– para que elijan a los nombres de quiénes conformarán el pleno, “de entre las listas de candidatos avaladas, al menos, por un tercio de dichos concejales”. También se designarán tres suplentes, para cubrir las eventuales vacantes.

Una vez proclamados por cada junta de zona los diputados electos y suplentes, se expiden las credenciales y se remiten las certificaciones a la Diputación, para que convoque la sesión de investidura. Fuentes del ente provincial apuntan al 17 de julio.

“Por parte de la junta electoral tenemos que hacer lo que establecen los artículos 205 y 206 de la Loreg: proclamar, expedir las credenciales y enviarlas a la junta provincial y a la Diputación, sin esperar al resultado del recurso contencioso electoral”

Celanova, con la investidura aplazada por el recurso contencioso electoral del partido del actual alcalde, pertenece a la junta electoral de zona de Ourense. Fuentes jurídicas que forman parte de este organismo consideran que, mientras que el pleno de constitución de la Diputación sí debe demorarse hasta mediados de julio por el recurso, la votación entre los ediles de la zona de Ourense para elegir a los diputados, no.

“Hay una instrucción de la Junta Electoral Central que así lo dispone”, indican. “Por parte de la junta electoral de zona tenemos que hacer lo que establecen los artículos 205 y 206 de la Loreg: proclamar, expedir las credenciales y enviarlas a la junta provincial y a la Diputación, sin esperar al resultado del recurso contencioso electoral”.