El Concello de Ourense: entre la culpa de otros, la “quiebra técnica” y el lawfare

Que Gonzalo Jácome, alcalde de Ourense, no tiene la culpa de la actual situación y gestión del Concello de la capital lo saben los que le escuchan tirar balones fuera hacia otros lados. Bueno, de algo sí que entonó el mea culpa en una rueda de prensa y es que se responsabilizó de las concesiones en precario después de un mandato sin renovarlas, pero que justificó, en parte, porque llegó la pandemia del coronavirus y “lo paró todo”.

Del resto, la culpa o la responsabilidad suele ser de los demás. Del no avance de proyectos, de la oposición por no aprobar modificaciones de crédito. De la gestión económica, al interventor y los funcionarios habilitados nacionales por “querer ser políticos”. Y de otras cosas, otras personas. Algún brote verde también tiene el actual regidor, que se lo digan a los vecinos de A Carballeira o de la Cruz Alta, que les facilitó la vida.

El Concello de Ourense se mueve entre la “quiebra técnica”, que denuncia la oposición y relatan los datos; el “lawfare administrativo-jurídico” con el alcalde cesando a funcionarios que no puede cesar, en teoría; el reparto de culpas desde la Alcaldía a los demás actores que tienen participación en la vida pública del Concello: y los servicios sociales que cada vez son menos.

Economía

Los Bomberos y los Policías Locales se volvieron a movilizar esta semana porque llevan dos meses sin cobrar sus sueldos íntegros, debido a la caída del Capítulo I del presupuesto en vigor, que es del 2020, después de una denuncia de CSIF por falta de negociación colectiva. La justicia contencioso-administrativa dio la razón al sindicato y eso supuso que el gasto de personal del Concello de Ourense pasase de los 38,4 millones del presupuesto de 2020 a los 34,7 millones del último aprobado anterior al de 2020, que fue el de 2014. Es decir, una merma de 3,7 millones menor para hacer frente a los gastos de recursos humanos de los empleados públicos municipales.

Jácome le echó la culpa al interventor, que advirtió que con la anulación del Capítulo I no se podrían pagar las nóminas que reclamaban, pero lo cierto es que los presupuestos de 2020 fueron aprobados por el gobierno bipartito de DO y PP. La sentencia pone en entredicho la forma de proceder de ambos por “ausencia de negociación colectiva”.

A esa merma de los gastos de personal, hay que sumarle los, alrededor de 15 millones de euros que el Concello tiene en la cuenta 413, que es aquella de facturas pendientes de pago a proveedores. A esas dos cuestiones, hay que incrementarle “20 millones que las concesionarias de los servicios municipales”, según explica la oposición, que reclaman al Concello en concepto de indemnización por la falta de actualización de precios y de prestar un servicio en precario.

A estas cuestiones se les une la falta de unos presupuestos actualizados que permitan dar cobertura a partidas (y quitar otras, como señaló Jácome) que necesitan de más crédito, así como introducir otras necesarias. Cumplido el primer cuatrimestre de 2024, Ourense es la única ciudad de Galicia que no tiene unas cuentas actualizadas.

Criterios dispares

El alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, acusó, en varios plenos del Concello, al interventor municipal de intentar dirigir la administración local y lo dejó sin turno de réplica, emplazando al funcionario habilitado nacional a “escribir, que es lo que hace la administración”.

Desde entonces, Jácome cesó a la tesorera municipal y la nombró viceinterventora municipal, por ser “tiquismiquis”, entre otros calificativos. Tras ella, fue el interventor, al que Jácome cesó unilateralmente (con ayuda jurídica), desobedeciendo al Ministerio de Hacienda que le dijo que no podía y que no estaba contemplado en la normativa. El interventor fue nombrado jefe de gestión tributaria del área de Facenda. Entre medias, el interventor alegó contra su cese y demandó al Concello y a Jácome por acoso laboral, reclamando 150.000 euros y el cese de los ataques a su persona. De momento, este tema está judicializado, diciendo Jácome que son “críticas profesionales” y la defensa del interventor que “se produjo acoso en público, redes sociales y en el ámbito jurídico”.

Con el cese del interventor, la tesorera, que ahora es viceinterventora, hace la labor de interventora accidental y ya puso el primer reparo a un proyecto con la marca del alcalde, el del Parque Canedo. La viceinterventora expresó un voto particular haciendo constar en el acta su desacuerdo con las citadas referencias a la financiación que se incluyen en la propuesta de adjudicación, “por no ser competencia de la mesa de contratación realizar propuestas más allá de las funciones que se atribuyen en la legislación reguladora de la contratación administrativa”.

La gestión económica de Jácome está puesta en entredicho por el antes interventor y también por la tesorera, mientras que el coordinador general -city manager- y otros órganos jurídicos sostienen, bajo la misma normativa, que las decisiones son acordes a la ley. Criterios dispares entre altos cargos y órganos del Concello de Ourense que evidencian que hay un “lawfare administrativo” y que se visibiliza todavía hoy con contrainformes. Uno de los ejemplos fue la ejecución de los bonos de 100 euros del Concello, donde el interventor municipal veía fraccionamiento fraudulento de contratos, mientras que el coordinador general se refería a la legalidad absoluta.

Servicios sociales

El mejor ejemplo de que algo va mal, es cambiar ese algo que va mal. Jácome hizo una reestructuración de su gobierno después de la elección de Armando Ojea como diputado en el Parlamento de Galicia. Precisamente, sobre esto le preguntó FARO hace dos meses y les echó del despacho por hacer preguntas “negativas”. Al lío. Uno de esos cambios fue quitarle las competencias a la anterior edil de Asuntos Sociales, Ana Fernández, para repartirlas entre otras dos ediles.

Es la visibilización de que los servicios sociales en el Concello tienen que replantearse. En las últimas semanas se suprimió el Comedor sobre Rodas sin firmar el convenio que tenían encima de la mesa del programa de la Xunta de Galicia, Xantar na Casa; la falta de planificacion de las actividades de conciliación en los centros cívicos; las ayudas sociales para comedores no cubren la demanda de todas las personas que cumplen con los requisitos; hay entidades que se quedan sin ayudas municipales por falta de partidas actualizadas en los presupuestos; y la oposición teme que el Servicio de Ayuda en el Hogar también “se traspase”. A pesar del “desmantelamiento” que denuncian desde la oposición del Concello de Ourense, hay cuestiones sociales que sí se vieron mejoradas como son las partidas desde el Concello a entidades como Cáritas o Cruz Roja, entre otras, que se incrementaron de forma nominativa con el gobierno de Jácome.

Pues este es el escenario en el que se mueve el Concello de Ourense.

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