Diez años de crisis en comisaría: cinco causas cerradas sin culpables, una aún abierta y tres armas sin aparecer

En Ourense, una provincia con índices de criminalidad bajos, en la que pasan algunos años sin un solo homicidio, la sucesión de hechos sucedidos en uno de sus edificios aparentemente más seguros, la comisaría provincial de Policía, sigue pareciendo una materia de ficción. Pero lo cierto es que los episodios que nutrirían una novela en realidad ocurrieron y provocaron un terremoto.

Desaparecieron seis armas del búnker –los hechos salieron a la luz pública a través de un escrito anónimo en febrero de 2015, pero no se descarta que la sustracción de dos remesas de pistolas y revólveres se cometiera de una tacada en el verano de 2014–, la Unidad de Asuntos Internos desarticuló al anterior grupo de drogas en noviembre de 2015 –tras recibir comunicaciones confidenciales de la propia sede policial– y, en abril de 2016, el policía Celso Blanco fue hallado muerto tras un disparo efectuado con una de las armas de fuego sustraídas. Se encontraron esa y otras dos más en el despacho en el que falleció. De las tres pistolas restantes aún no se sabe nada a día de hoy.

En enero de 2018 fueron detenidos los agentes gemelos Roy y Bernardo D., investigados por una jueza por su presunta implicación en el asesinato de su compañero y, tras seis años bajo el foco, exculpados ahora por la Audiencia Provincial de esa muerte, así como del robo de las armas, con cinco informes de organismos oficiales que afirman que fue un suicidio.

Entre esos dictámenes están el del forense y el de “la experimentada” –destacan los magistrados de la Audiencia ourensana– Brigada Central de Delitos contra las Personas- Grupo I de Homicidios, de la Comisaría General de la Policía Judicial.

Estas han sido las principales, pero no las únicas causas de una madeja de procedimientos judiciales en los que derivó la crisis sin precedentes de la comisaría provincial de Ourense.

La Zamburiña

En noviembre de 2015, después de un año de investigación bajo secreto, el grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos actuó en la comisaría de Policía de Ourense desarticulando al grupo de estupefacientes. Sospechaban de un presunto trato de favor a determinados traficantes –a la cabeza la histórica Josefa Pérez, alias Pucha, fallecida en noviembre de 2022–, a cambio de chivatazos para incrementar los resultados de las incautaciones de drogas.

Un anónimo que apuntaba a una supuesta trama corrupta entre policías y traficantes, relacionada según el delator con el robo de las armas –un escrito, visto con el tiempo, que evidenciaba los celos y las rencillas internas que existían en la comisaría–, puso a Asuntos Internos a investigar. Varios agentes tuvieron el móvil pinchado pero, al final, cuatro policías se sentaron en el banquillo y, al igual que nueve presuntos traficantes acusados, salieron absueltos.

La Audiencia Provincial declaró la nulidad de las escuchas telefónicas, y con la caída de esa prueba clave, se evaporaron las obtenidas a partir de la intervención de las comunicaciones, como por ejemplo la incautación a los presuntos traficantes, en especial a la Pucha, de siete kilos de droga.

La Audiencia Provincial consideró que el caso que Asuntos Internos presentó ante el juez estaba basado en “meras conjeturas y apreciaciones subjetivas”, tras una investigación “absolutamente insuficiente” en la que “omitieron” datos al magistrado. La Fiscalía de Ourense, apoyada en su decisión por el ministerio público en Madrid, presentó un recurso, pero el Tribunal Supremo ratificó la decisión absolutoria de la Audiencia, dando un carpetazo definitivo al caso.

La muerte de un policía

El 9 de abril de 2016, el agente Celso Blanco murió en la comisaría de Ourense –ese día no trabajaba– tras un disparo en la cabeza con una de las armas sustraídas en el búnker. El hecho ocurrió en torno a las 17 horas. A las 16.45 de esa tarde, se envió un mensaje y un correo desde su WhatsApp y su ordenador. Celso pedía disculpas y se atribuía el robo de las armas y el envío de los escritos anónimos. Su cuerpo fue localizado esa noche en el despacho de formación de la quinta planta.

La jueza que estaba de guardia, Eva Armesto, vio elementos extraños que la hicieron sospechar. En enero de 2018 fueron detenidos los policías gemelos Roy y Bernardo D., compañeros y amigos del fallecido. El segundo, ya jubilado, era su superior en el departamento de prensa de la comisaría. El primero, que podrá solicitar el reingreso en la Policía y el reintegro de los salarios no percibidos durante seis años de suspensión de empleo y sueldo, fue arrestado en la academia de Ávila, donde ejercía como instructor de tiro.

Durante siete años, la magistrada mantuvo abierta una investigación que ha acumulado más de medio centenar de tomos y más de 20.000 folios. En mayo de 2023 dictó un auto en el que detalló hasta doce supuestos indicios contra los gemelos, contra los que ordenaba la continuación de la causa para un juicio ante un jurado.

Su sospecha, apoyada en la teoría de la UDEV de la comisaría de Ourense, es que los hermanos mataron presuntamente a su compañero por miedo a que Celso terminara por confesar la implicación compartida en el robo de armas y el envío de anónimos.

Tanto la defensa como la Fiscalía presentaron recurso. Su base fundamental fue un informe de la Brigada Central de Homicidios, que descartaba indicios contra los gemelos y calificaba la muerte de Celso como un suicidio. Hace unos días, la Audiencia Provincial dio carpetazo a la causa, que ya solo permitiría la formulación de recursos extraordinarios.

Con el sobreseimiento decaerán las medidas cautelares contra los hermanos, que tuvieron que hipotecar bienes para hacer frente a las fianzas, además de soportar restricciones como la prohibición de salir de España y unas comparecencias judiciales ininterrumpidas (durante diez meses, con la obligación diaria de ir al juzgado).

La sala consideró que solo se podía sostener un único indicio de un presunto crimen: el arma utilizada en el disparo, sin cargador, tenía la corredera abierta, lo que requiere una intervención humana, por ejemplo con un empuñamiento forzado. “Los informes periciales de las distintas secciones de la Policía y la Guardia Civil que intervienen en autos no ofrecen una conclusión unitaria”, indica el tribunal. Pero, frente a ese indicio “ciertamente controvertido, al concurrir distintas opiniones periciales, todas ellas con transcendencia para estimarlas admisibles” –reconoce la sala–, los magistrados aluden a la existencia de cinco informes “que concluyen la muerte por suicidio”.

La Audiencia Provincial subraya que “no encontramos un cuerpo indiciario con la suficiencia necesaria para que podamos señalar a los hermanos”. Además, “no se han presentado indicios de ninguna clase sobre su participación en el robo de las armas. El conocimiento que pudieran tener de este hecho no puede identificarse con su autoría”, añaden los jueces.

Y sobre el supuesto móvil en el que la magistrada Armesto sostiene su teoría del asesinato, el tribunal destaca que “no hay indicios de que tuvieran miedo a una manifestación inculpatoria” de su compañero Celso “en el robo de las armas y en la confección de los anónimos que extendiera la responsabilidad sobre su persona”.

La defensa de los gemelos, Neil González, declaró estos días, tras el cierre del caso, que “ya es duro que un compañero se suicide, pero que además te atribuyan su muerte es infinitamente peor”. Los hermanos policías –añadió el letrado– “aún deben asimilar seis años de sufrimiento para poder retomar su vida”. Fue su desvelo principal, pero la causa por la muerte de su compañero Celso no ha sido la única derivada judicial contra ellos.

Los anónimos

En julio de 2022, la Audiencia Provincial ratificó el criterio inicial del magistrado instructor y dio carpetazo a la querella del inspector y exjefe del grupo de drogas absuelto en la operación Zamburiña. Antonio R., representado por la abogada Beatriz Seijo, culpaba a los gemelos de una supuesta conspiración contra él para crear pruebas falsas, suplantando su identidad en el acceso a bases de datos de la Policía, para dar base así a los anónimos a partir de los que Asuntos Internos puso el foco en él y en otros agentes.

El querellante los culpó de intentar destruir su carrera y les atribuía la pertenencia a organización criminal, el acceso ilegal a sistemas informáticos, una denuncia falsa y también simulación de delito. “La debilidad de los indicios existentes frente a los investigados justifica la decisión adoptada” de sobreseer la causa, afirmó la Audiencia. La atribución a Roy y Bernardo de los anónimos “carece de la debida base indiciaria, como también ocurre con los accesos ilegales a las bases de datos”, indicó la sala.

3.000 cartuchos de munición

Tras ser detenidos Roy y Bernardo en enero de 2018 por la muerte de Celso, en los registros se intervinieron un total de 2.910 cartuchos. Los hermanos eran expertos competidores de tiro –federados a nivel nacional y gallego–, Roy ejercía como instructor en la academia de la Policía en Ávila y ambos poseían 16 armas legales y registradas, tres reglamentarias por su labor profesional, cuatro de tiro olímpico y otras nueve de carácter particular.

En esto y en el hecho de que dos tercios de la munición incautada –más de 2.000 cartuchos– se encontraban en su taquilla de la comisaría provincial de Ourense –los dos eran asiduos de la galería de la sede policial, donde realizaban sus prácticas–, se basaron los jueces de la Audiencia para cerrar, en noviembre de 2020, una causa por un presunto delito de depósito de municiones no autorizado. La sala estimó un recurso de apelación de la defensa contra un auto del juez, que había considerado que el caso debía ir a juicio.

Asuntos Internos

Tras ser él quien estuvo detenido primero, investigado después, acusado más tarde y finalmente absuelto, el policía Antonio R. se querelló contra el inspector responsable del grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos. El exjefe del grupo de drogas de la comisaría atribuía a este investigador una supuesta connivencia con los autores de los anónimos.

Su denuncia alude a la comisión de delitos de omisión del deber, encubrimiento, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación –en su modalidad de un retraso malicioso en la administración de justicia–, denuncia falsa y falsedad en documento público. En 2021, el investigado fue citado por el juzgado, en calidad de investigado. Según tres fuentes consultadas, esta causa permanece aún abierta, a la espera de decisión judicial sobre una hipotética apertura de juicio, o bien un sobreseimiento.

Acceso al ordenador personal de Bernardo

Uno de los policías gemelos, Bernardo, presentó una denuncia porque, durante la investigación sobre la autoría del envío de los anónimos, presuntamente se accedió sin consentimiento a su ordenador personal. Ese caso, por un presunto delito de descubrimiento y de revelación de secretos, se incoó en el juzgado y terminó sobreseído.

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