El juez requirió en noviembre de 2019 un informe sobre las geolocalizaciones de los policías gemelos en las fechas claves relacionadas con el robo de armas en el búnker de la comisaría de Ourense, y el dictamen definitivo de la Guardia Civil ha llegado a finales de marzo de 2021. Tras un primer documento remitido al juzgado el pasado mes de febrero, el definitivo ha sido notificado estos días a las partes, coincidiendo en el tiempo con la decisión de la Audiencia Provincial que, años después y corrigiendo el criterio de la misma sala hace 13 meses, acumula en una causa la investigación sobre la desaparición de las armas, en agosto de 2014, y la muerte del agente Celso B. A. con una de las pistolas sustraídas –en el escenario había otras dos–, en abril de 2016. La magistrada Eva Armesto se encargará de la tramitación única. La jueza, apoyada en la hipótesis de la UDEV de la comisaría de Ourense, considera que los hermanos mataron presuntamente a su compañero para encubrir la desaparición de las armas. Esta razón de conexidad la acepta la Audiencia como uno de los motivos para la acumulación.
En un escrito de 22 de marzo, el grupo de delitos telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que “no se han encontrado registros ni datos de ubicaciones en las fechas indicadas de interés, y por tanto no es posible ubicar los dispositivos” de los inspectores investigados Roy y Bernardo D. L. Esos días, entre los meses de agosto y febrero de 2015, estaban vinculados a la elaboración del anónimo, la creación de la cuenta de correo desde la que se contactó con Asuntos Internos, así como las conexiones de una cámara y dos tablets con las que se aportaron fotos y documentos al anónimo que, en noviembre de 2014, denunció ante Asuntos Internos una supuesta corrupción policial. De aquel cabo tiró la unidad secreta hasta armar la operación 'Zamburiña', que se ha saldado con la absolución en primera instancia de 4 agentes antidroga y 9 presuntos traficantes.
La defensa: “No debería haberse acumulado porque la consecuencia lógica tras el estudio de la Guardia Civil sería que se dictara un auto de sobreseimiento. Una causa de 2014, con el plazo de instrucción agotado y prescrita, se mantiene artificialmente”
Los gemelos habían facilitado sus claves a la Guardia Civil para que se procediera a la descarga de la información vinculada a su cuenta de correo y alojada en la ‘nube’, término que alude a la red mundial de servidores que funciona como un único sistema y normalmente está asociada a Internet. En el primer informe, la Guardia Civil ubicó al fallecido en comisaría en una ocasión, a Celso y a Roy en otra, y nunca al inspector Bernardo. En un informe previo, la UDEV de comisaría había concluido que, en seis días relacionados con las fechas relevantes para la investigación, el agente fallecido no estuvo ninguna vez en la sede policial, lo que para la jueza que investiga su muerte, Eva Armesto, hace “ilógico e inverosímil” que él fuera el redactor del correo autoinculpatorio, firmado con su nombre, que fue enviado la misma tarde de la muerte. La UDEV añadía que, de las 10 fechas en las que se elaboraron el primer anónimo y el que fue remitido en febrero de 2015 a la prensa, Roy y/o Bernardo acudieron siempre a la sede policial.
“Esta causa no debería haberse acumulado porque la consecuencia lógica tras el estudio de la Guardia Civil sería que se dictara un auto de sobreseimiento provisional, ya que no ha sido posible situar a mis mandantes en las fechas relacionadas con el robo de armas. Si no estaban en la comisaría difícilmente pueden ser ellos los autores de estos hechos. Y así, una causa que se remonta a 2014, que tiene el plazo de instrucción agotado y, a mi entender, está prescrita, porque las acciones contra ellos se dirigieron en septiembre de 2019 y el robo es de agosto de 2014, y por lo tanto transcurrieron más de los 5 años del plazo legal, ya estaría cerrada. En cambio, se mantiene artificialmente”, expresa el abogado defensor de los inspectores gemelos, Neil González.
La Fiscalía y la defensa no han visto evidencias, hasta la fecha, de la implicación de Roy y Bernardo en el robo de armas, ni tampoco de que la muerte del agente, de la que se cumplen 5 años la próxima semana, hubiera sido un asesinato. Varios informes ven posible que se tratara de un suicidio. Asuntos Internos cree que Celso B. A. se quitó la vida, superado por el rumbo de los acontecimientos después de haber cometido él en exclusiva la sustracción. Con una opinión contraria dentro de la propia Policía Nacional, la UDEV de Ourense considera que fue asesinado por los hermanos, tras haber participado los tres –según la comisaría– en el robo de armas y los anónimos. “En la llave de acceso al búnker había ADN de Celso, y en la causa 797/2016 –las diligencias sobre la muerte– constan también numerosos recortes de prensa suyos sobre las noticias relacionadas con el robo de armas que mostraban su preocupación”, expone el representante legal de Roy y Bernardo.
Para dejar atrás la contradicción e incluso la tensión, manifestada en informes y contrainformes, entre dos unidades de la Policía, el magistrado Leonardo Álvarez, competente para resolver el robo de armas en Instrucción 1 hasta la decisión ahora corregida por la Audiencia Provincial, decidió encargar a la Guardia Civil que analizara la geolocalización de los hermanos. El auto es de 21 de noviembre de 2019. La UCO contestó en un primer informe de 3 de febrero, tras meses de retraso por falta de comunicación entre los juzgados instructores 1 y 3. En esta última sede, en la que se acumularán ahora ambas causas generando una de más de 20.000 folios y 60 tomos en conjunto, permanecían depositados los teléfonos de ambos desde su detención, en enero de 2018.
