La jueza descarta el suicidio y atribuye a los policías gemelos la muerte de otro agente

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense detalla hasta doce indicios que señalan a los hermanos Bernardo y Roy D.L., policías de la Comisaría Provincial, como presuntos responsables de la muerte de su compañero, el también agente Celso Blanco, que fue hallado muerto de un disparo en la cabeza en su despacho de la sede policial de As Lagoas el 9 de abril de 2016.

En un extenso y detallado auto de 84 páginas, la instructora concluye que los gemelos planificaron el crimen para que pareciese un suicidio y redactaron un correo electrónico en el que la víctima se inculpaba del robo de seis armas del búnker de la comisaría ourensana y también de los anónimos que iniciaron la operación Zamburiña, una causa que llevó a 9 presuntos traficantes y 4 agentes de la brigada antidroga ante la Audiencia, pero de la que finalmente resultaron todos absueltos por la nulidad de las pruebas presentadas.

Los doce indicios que enumera la magistrada contrastan con el informe que realizó en 2019 la sección de Homicidios y Desaparecidos de la Brigada Central de Delitos contra las personas que descarta que los gemelos estén implicados en la muerte de Celso, y se inclina por el suicidio. “Ninguno de los indicios o sospechas pueden constituirse como pruebas directas ni suficientes de su participación en la muerte”, señalaba el documento. De hecho, en base a este informe, la Fiscalía pidió el archivo de la causa contra los gemelos.

La Audiencia descarta que los policías gemelos crearan los anónimos o conspiraran contra otro agente

En el auto que se acaba de conocer, y contra el que cabe recurso, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense concluye la investigación sobre la sustracción de armas y la muerte del agente de la Policía Nacional y acuerda transformar las actuaciones para su enjuiciamiento ante el Tribunal del Jurado, pues considera que los dos hermanos policías investigados podrían ser autores de un delito de asesinato u homicidio y de un robo con fuerza.

La jueza destaca que, de las diligencias practicadas, se desprenden indicios de que ambos agentes, “de forma conjunta y planificada”, sustrajeron seis armas del interior del búnker de la comisaría y, cuando estaban siendo investigados por ello, con el objetivo de conseguir su impunidad, “hicieron uso de una de ellas para propinarle un disparo en la cabeza a su compañero, atribuyéndole el envío de anónimos y la sustracción de las armas”.

“Se sintieron menoscabados profesionalmente”

Detalla también que los dos hermanos –que desempeñaban funciones “de importancia” en la comisaría– y la víctima mantenían una relación de amistad y compartían la afición por el tiro. Pero las cosas se torcieron con la llegada de un nuevo comisario, que introdujo cambios en sus funciones y, entre otras cosas, se vieron privados del uso de la galería de tiro. Roy y Bernardo, recoge el auto, “se sintieron menoscabados profesionalmente”, y para recuperar su estatus “trataron de perjudicar a los compañeros con los que tenían rivalidad profesional” y a los mandos policiales “por haberles retirado parte de las funciones”. Por su parte, el fallecido, “quería mejorar en su profesión, pues pretendía el puesto de armero”.

Para conseguir su objetivo, los dos hermanos “urdieron un plan, que el fallecido conocía, y crearon rastros falsos de acceso a datos reservados con las claves de otros policías para perjudicar a sus titulares”. Además, según señala la instructora, “accedieron al búnker de la comisaría sin autorización para llevarse seis armas y enviaron escritos anónimos a la unidad de asuntos internos atribuyendo todos estos hechos a otros policías”.

Pero las investigaciones que derivaron de esta supuesta trama acabaron señalando a los dos hermanos como presuntos autores y “temerosos de que su compañero terminara por confesar”, afirma la jueza, “prepararon su muerte”.

En concreto, la instructora afirma que existen indicios de que el 9 de abril de 2016, entre las 15.55 y las 17.00 horas, Bernardo D. se presentó en el despacho de la quinta planta de la comisaría donde se encontraba Celso y le disparó en la cabeza. Roy le esperaba en el coche y juntos abandonaron las instalaciones. “Para evitar la investigación, trataron de simular un suicidio”, sostiene la magistrada. Así, el arma apareció sobre la mano del fallecido y el lugar estaba manipulado “para asegurar la detección de residuos de disparo en la mano”. Desde allí se envió el correo electrónico y un mensaje a un grupo de WhatsApp. Actuaron así, dice la jueza, “para hacer que las autoridades creyeran que su compañero había decidido acabar con su propia vida por sentirse culpable de lo sucedido”.

ADN de los investigados bajo el cuerpo

Entre los “hechos básicos y de singular potencia acreditativa” que han llevado a la magistrada a concluir que no fue un suicidio sino un asesinato, está el hallazgo de ADN de los investigados en el papel con pólvora que fue localizado bajo el cuerpo sin vida del agente, así como que la vaina encontrada junto al cadáver fuese idéntica a la hallada en las taquillas de los dos investigados, pues ambas son de la fábrica Santa Bárbara del año 2000.

Cinco años después de su detención, los policías gemelos aún deben comparecer dos veces al mes

Además, la jueza destaca que la pólvora localizada debajo del cadáver y en el jersey que vestía el fallecido es “idéntica” a la hallada en el interior de un cartucho encontrado en las taquillas de los dos hermanos, al tiempo que subraya que se localizaron residuos específicos de disparo en el papel situado bajo el cuerpo de la víctima y en la parte trasera de su jersey “en cantidad superior a la que corresponde a un disparo”.

Corredera abierta

En el auto también resalta que la corredera del arma estaba abierta y sin cargador debajo del cuerpo, una circunstancia que, tal y como indican los informes periciales, “no es posible”, ya que “en el tiempo que transcurre desde el disparo hasta que le atraviesa la cabeza no es posible hacer movimiento voluntario alguno”. Así, incide en que “no es posible sacar el cargador después de muerto”.

Las manchas de salpicadura de sangre en las proximidades de las extremidades del fallecido avalan la intervención de una tercera persona, y alude a los informes periciales que indican que una persona similar a la víctima sentada en la máxima altura o posición que permite la silla “no tiene la cabeza, de ninguna forma, en la trayectoria recorrida por el proyectil”. Recalca que todos los informes elaborados descartan “el disparo a poca distancia”.

La investigación desliga a Celso del anónimo

Tres de las seis armas sustraídas en el búnker de la comisaría entre finales de 2014 y febrero de 2015 estaban en el despacho en el que se encontró el cadáver. Una fue la presuntamente habría usado Celso para dispararse, pero en ninguna de las otras dos se halló su ADN. Una estaba a la vista, en el archivador, y la otra bajo llave. Esto, señala la instructora, “permite inferir que no es el fallecido quien las toca y las pone allí”. Además, añade, “carece de lógica que no haya ADN de la víctima si fueran dejadas por ella una vez tomada la decisión de matarse y de enviar un mensaje reconociendo la sustracción”. Es “absolutamente ilógico e inverosímil”, sostiene la jueza, “que se dispare por la culpa de haber cometido unos hechos en los que no ha intervenido”, pues indica que los datos de geolocalización del fallecido lo ubican “fuera de los lugares y momentos en que se crean las cuentas, la nota anónima o se envía el primer anónimo”.

Labor “exhaustiva” de la UDEV

El Sindicato Unificado de Policía, que se ha personado en la causa, quiso destacar ayer el “trabajo exhaustivo y exigente” de la UDEV de Ourense respecto a estos hecho, y valora la “determinación” de la jueza en la investigación de la muerte de Celso Blanco, “lo que finalmente permitirá enjuiciar lo sucedido”.