Tras ser él quien estuvo detenido primero, investigado después, acusado más tarde y posteriormente absuelto, el policía nacional Antonio R. F. ha ido moviendo ficha en varios frentes judiciales para promover acciones contra los que, en su opinión, han sido los responsables de que terminara encausado en la ‘Zamburiña’, que la Audiencia Provincial de Ourense resolvió el pasado mes de febrero con la absolución de 4 agentes y 9 presuntos traficantes, (también estos últimos quedaron impunes, pese a la incautación de más de 7 kilos de droga), tras decretar la nulidad de ‘pinchazos’, registros y confesiones por vulneración de derechos fundamentales.
Atribuye la comisión de presuntos delitos de omisión del deber, encubrimiento, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación –en su modalidad de retraso malicioso en la administración de justicia–, denuncia falsa y falsedad en documento público
El tribunal, en una resolución que no es firme y que la Fiscalía ha recurrido ante el Supremo, cuestionó la investigación del grupo VI de la Unidad de Asuntos Internos, con “meras apreciaciones subjetivas sin apoyo fáctico alguno, salvo meras conjeturas”, dijo la sala. “Vamos despejando un poco el camino para dar la vuelta a la tostada; ahora nos toca a nosotros”, afirmó Beatriz Seijo, la abogada de Antonio, cuando la Audiencia anticipó la anulación de las escuchas. Una querella del exjefe antidroga de la comisaría de Ourense ha dado lugar a la citación como investigado del inspector responsable de dicho grupo de Asuntos Internos. La declaración tendrá lugar a principios de septiembre.
El agente absuelto, que estuvo suspendido del servicio desde su detención en noviembre de 2015 hasta su readmisión por la Policía Nacional tras ser absuelto en primer instancia –regresó a principios de abril al servicio activo, en labores de gestión, en estadística, casi 2.000 días después de ser apartado–, atribuye al inspector la comisión de presuntos delitos de omisión del deber, encubrimiento, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación –en su modalidad de retraso malicioso en la administración de justicia–, denuncia falsa así como una presunta falsedad en documento público.
En una de las sesiones del juicio de la ‘Zamburiña’, la abogada de Antonio dijo que el agente instructor, jefe del grupo VI de la unidad secreta, pudo cometer presuntamente “una serie de delitos para reconducir la investigación tendenciosamente”, con una supuesta connivencia con los autores de los anónimos, que esta parte y la UDEV de comisaría consideran que son los policías gemelos Roy y Bernardo D. L.
Los hermanos permanecen investigados por la magistrada Eva Armesto, titular de Instrucción 3, por la muerte en comisaría de su compañero Celso B. A., en abril de 2016, con una de las seis armas robadas del búnker policial en agosto de 2014. Tres estaban en el despacho donde fue hallado muerto el funcionario, de las otras nada se sabe. Antonio R. F. también está personado en ese procedimiento, en el ejercicio de la acusación popular.
Dos magistrados se abstuvieron de esta causa
Luis Doval, magistrado de Instrucción 2, es la autoridad que admitió a trámite la querella del exjefe antidroga de comisaría, tras abstenerse de su conocimiento los magistrados Leonardo Álvarez y Eva Armesto, puesto que ambos habían trabajado con la Unidad de Asuntos Internos en sus causas sobre la comisaría de Ourense. En el caso del juez del 1, la ‘Zamburiña’ y el robo de armas en el búnker, hasta que la Audiencia Provincial decidió, el pasado mes de marzo, acumular esta última derivada en el mismo procedimiento que tramita la jueza Armesto sobre la muerte del agente. Esta magistrada llegó a remover a Asuntos Internos de sus diligencias, al considerar que era parcial y omitía datos, pero la Audiencia revocó.
Tras admitir a trámite la querella, el juez Doval dio traslado de la misma al agente de la unidad secreta. Antes de su recabar su versión, con el interrogatorio como investigado, el magistrado pudo escuchar las manifestaciones de dos policías nacionales de la comisaría, adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), quienes comparecieron como testigos.
Ambos grupos investigadores pertenecen a la Policía, pero sus posturas en las causas relacionadas con la comisaría de Ourense han sido distantes y discrepantes, sin ahorrarse críticas cruzadas en algunos informes y contrainformes remitidos a los juzgados estos años.
UDEV vs Asuntos Internos
Por una parte, en síntesis, Asuntos Internos exculpa a los gemelos del robo de armas y circunscribió la culpa al fallecido Celso. Considera que su muerte fue un suicidio y no advirtió rastro de una etiología criminal. En cambio, la UDEV de la comisaría provincial concluye que los tres orquestaron la elaboración de anónimos y la sustracción de las pistolas, y que los hermanos presuntamente mataron a su compañero para que no descubriera qué había sucedido.
“El confidente de la UAI pasó a convertirse en un presunto delincuente”, dice la unidad de la Policía Judicial de Ourense en un informe, para subrayar que “los policías denunciados por el anónimo no eran en realidad los autores del robo de armas, sino que el verdadero autor había sido su confidente, que lo había realizado para crear rastros falsos”.
Esta hipótesis sostiene también el policía Antonio R. F., que culpa a los hermanos de remitir un anónimo en 2014 a Asuntos Internos y crear pruebas falsas, utilizando presuntamente su clave y la de otros agentes para hacer consultas incriminatorias y dar verosimilitud a los hechos denunciados en la nota. Al inspector del grupo VI de Asuntos Internos le achaca esa relación de presuntos delitos enumerados en la querella por la que tendrá que declarar.
En uno de los informes de réplica, la unidad secreta manifestó que la intención de la UDEV, “más que plasmar indicios objetivos es realizar un encaje de datos de forma subjetiva que señalen solo en una única dirección, aun a riesgo de no evaluar otras hipótesis y datos contrarios a sus afirmaciones”. La unidad llegó a afirmar que la Policía Judicial de Ourense se dedicaba a hacer “una defensa velada” del exjefe antidroga.
