Cinco años y dos meses después de que Asuntos Internos desarticulara a la anterior unidad antidroga de Ourense, el 11 de enero arrancará el juicio de la operación ‘Zamburiña’ en la Audiencia Provincial, con 4 agentes en el banquillo y 9 presuntos traficantes que cayeron colateralmente. La Fiscalía acusa a los policías de presuntas “aquiescencia” y protección a confidentes, a cambio de chivatazos para lograr incautaciones. Tres de los agentes se enfrentan a penas que implicarían su ingreso en prisión. El inspector que lideraba el grupo, Antonio Rodríguez, da su versión en FARO, a dos semanas del inicio de este juicio. La Audiencia Provincial ha programado sesiones hasta finales de febrero, de lunes a jueves. “Estoy deseando que llegue porque hasta ahora solo se ha conocido la versión del juez, el fiscal y Asuntos Internos. El magistrado nunca se ha preocupado de lo que hemos pedido, todo ha sido “no”. Nunca ha habido presunción de inocencia, no he podido aportar las pruebas que demuestran mi inocencia”.
El debate de las cuestiones previas ocupará la primera semana, entre el 11 y 14 de enero. Las defensas solicitan la nulidad, cuestionando la validez de la causa y la legalidad de las intervenciones telefónicas. Ven vicios y falsedades. Beatriz Seijo, letrada colegiada en A Coruña, defiende al policía Antonio Rodríguez, para el que la fiscal solicita una condena de 7 años y medio de cárcel, 15 de inhabilitación y una multa elevada. Está acusado de presuntos delitos contra la salud pública, revelación de secretos y omisión de perseguir delitos.
Apuntan a los policías gemelos
“Es un procedimiento en el que la instrucción se realizó con una serie de actuaciones que no son admisibles”, introduce la abogada. “Este caso no ha sido instruido por el juez que correspondía predeterminado por la ley, en base a la conexidad con la causa sobre la muerte en la comisaría. Sin una tramitación conjunta se va a perder un relato incriminatorio respecto a los policías gemelos que es muy relevante para esta causa”, indica la defensora. Otro de sus argumentos es que “este procedimiento se inició con una prueba ilícita, la creación del anónimo con la única finalidad de atribuir falsamente conductas delictivas a Antonio y otros agentes, como así se demostró después, por ejemplo, respecto a la sustracción de las armas”, una causa en la que permanecen investigados los hermanos Bernardo y Roy D. L., que declararán como testigos en este juicio de la ‘Zamburiña’. Antonio ejerce la acusación popular contra ellos en la causa sobre la muerte en comisaría del agente Celso B., fallecido de un tiro en 2016.
En cuanto a las escuchas telefónicas, una prueba que se reproducirá el 17 de febrero, la defensa considera que “nacen de forma ilegal en base a la prueba ilícita del anónimo y la falta total de otras que pudieran sustentar, aunque fuera indiciariamente, que había alguna conducta irregular de los policías”. Seijo dirá ante los magistrados que las intervenciones “tienen que ser expulsadas de la causa, porque se han realizado prescindiendo de muchas garantías legales. Hay un vicio de nulidad radical. Si el juicio se celebra arrastrando todas estas irregularidades, debería ser declarado nulo”. La letrada pedirá la suspensión para acumular las distintas causas sobre la Policía Nacional de Ourense y añade a sus argumentos la presentación de dos querellas –una contra los gemelos y otra contra el instructor del grupo VI de Asuntos Internos– cuya tramitación, “muy lenta”, critica. “Si ese agente ha cometido delitos en la investigación, no se puede usar el resultado de la misma si está teñida de irregularidades”, manifiesta la defensora.
La Audiencia, compartiendo el criterio de la Fiscalía, siempre ha establecido que cada caso sobre la comisaría se instruya de forma independiente. “Todas las causas están perfectamente vinculadas. No olvidemos que en una escena de un crimen aparecen tres de las armas cuya sustracción se atribuyó a mi cliente a través de un anónimo”, defiende la abogada de Antonio. “Los gemelos están siendo investigados por ello y pido el amparo de que se suspenda la causa para determinar si son autores de hechos que en parte todavía se le imputan a Antonio en la ‘Zamburiña”, añade Seijo.
Niega protección a traficantes
Antonio asegura que la instrucción contra él fue irregular porque “Asuntos Internos utilizó como confidentes a los autores del anónimo. Lo que nos achacan a nosotros lo hicieron ellos, usando además como confidentes a los señores que habían creado los delitos”. Este inspector reprocha que el juez, Leonardo Álvarez, no hubiera aceptado como prueba, en tres ocasiones, la citación de un policía antidroga de Vigo al que, según el exjefe de estupefacientes de Ourense, “le envié información por wasap para que investigara” a sus principales confidentes, J. V. V. y J. P. G., Pucha, la mayor de los presuntos traficantes que se sentarán en el banquillo (la fiscal pide para ella 13 años). “Yo facilito los datos de J. V. V. y los de J. P. G. y él abre una investigación, a principios de 2014. ¿Dónde está la cobertura y la protección? Pero si ese señor no es citado a declarar, para poder dar su versión y aportar las conversaciones de wasap...”, explica. El agente sí testificará en el juicio. “La acusación de la Fiscalía descansa en buena parte en el acceso a base de datos para identificar policías, matrículas de vehículos, etcétera. ¿Pero si no lo ha hecho Antonio, porque en otra causa consta que han sido otros, esa cobertura en qué consiste?”, enlaza la letrada.
Las conversaciones grabadas
El contenido de las escuchas entre presuntos traficantes y el policía se oirá en sala. “Antes había fondos reservados para pagar información, ahora lo que vendes es cobertura. Das a entender en una conversación que sabes que trafican con droga pero que no les va a tocar nadie. Esas promesas las hace todo compañero de drogas, yo, en Vigo o en Madrid. La cuestión es que en esta causa no se aporta ninguna conversación en la que yo le diga a un compañero de Ourense que no pare a un traficante o a otro”, relata Antonio Rodríguez. El policía asegura que hay otras llamadas que demuestran su buen proceder policial pero “han desaparecido”. La abogada completa que “en muchas de las conversaciones hay descontextualización, sin el antes o después”. Subraya que se pidió en instrucción la aportación de todos los audios, “que a día de hoy aún no tenemos, lo que produce una descontextualización absurda, y el derecho a la defensa se ve mermado”.
La operación ‘Zamburiña’ evitó que varios kilos de droga llegaran a la calle, gracias a la detención de varios presuntos traficantes. La labor de Antonio y sus compañeros de unidad incautó “bastante más”, afirma él. “Que se le incaute a determinadas personas una cantidad de droga no tiene nada que ver con los momentos previos de la investigación, en la que estos policías no tenían conocimiento, independiente de a lo que se juegue por teléfono de forma velada, porque la policía no puede actuar ni en todo momento ni de cualquier manera, sino que hay que sentar las bases de la investigación”, explica la letrada.
La sala, preparada para los 13 acusados y los 11 abogados de la defensa
Es el juicio con la mayor duración en décadas en la Audiencia Provincial de Ourense. Son 13 acusados, 11 abogados defensores, una fiscal y los 3 magistrados que integran el tribunal. La sala de vistas ya está preparada, con escritorios individuales separados por mamparas, como medida antiCOVID. El juicio de la ‘Zamburiña’ comienza el 11 de enero y se extenderá hasta finales de febrero.
