Los policías y los presuntos traficantes, en la sala de vistas de la Audiencia Provincial, este lunes. | // BRAIS LORENZO / POOL

Anuladas las escuchas y la incautación de 7 kilos de droga en un caso que “puso patas arriba la comisaría”

Los teléfonos pinchados de hasta 9 policías, la comisaría de Ourense bajo el foco, una intervención espectacular de Asuntos Internos en la víspera del patrón de la ciudad, dos agentes detenidos y otros dos investigados, registros en los que se encontraron 7 kilos de droga, más de 5 años de instrucción. La operación ‘Zamburiña’ se queda sin las pruebas clave sobre las que la Fiscalía sostenía una acusación para 4 policías y 9 presuntos traficantes, con peticiones que sumaban en total más de 100 años de cárcel. Tras concederse dos días de estudio, la Audiencia Provincial comunicó este lunes una decisión que da un vuelco al proceso. Considera que el auto inicial de las escuchas telefónicas, dictado por el magistrado Leonardo Álvarez el 5 de marzo de 2015, es nulo porque se basó en un auto cimentado sobre un oficio de Asuntos Internos con meras “conjeturas”. Mientras que la Fiscalía defendía el trabajo de la UAI y sus cuatro meses de investigación con varias gestiones, la sala rebaja por debajo de la categoría de sospechas los elementos expuestos al juez por la unidad secreta tras recibir un anónimo desde la comisaría en noviembre de 2014, con varios hechos no acreditados, como la implicación en el robo de armas, ajena a los implicados.

En consecuencia, las posteriores resoluciones del juez para ampliar o prorrogar las escuchas de los teléfonos decaen, al igual que las entradas y registros en los domicilios, en los que se encontró una importante cantidad de droga en manos de los presuntos traficantes. Tampoco cabe admitir, según el tribunal provincial, ni las autoinculpaciones de algunos encausados, como la principal de los presuntos traficantes y confidentes, Josefa P. G., alias Pucha. En resumen, la Audiencia establece que escuchas, hallazgo de droga y declaraciones proceden de una prueba que ven “ilícita”. El interrogatorio al jefe del grupo VI de Asuntos Internos y 9 compañeros, señalado para hoy lunes como apertura de la prueba testifical, no se hizo.

La fiscal, Pilar Manso dispone de 24 horas de plazo, hasta que se retome la vista este martes a las 10, para examinar los más de 8.000 folios del procedimiento y decidir si hay alguna prueba “independiente” y no conectada a las que la Audiencia considera nulas. La fiscal, que lleva cinco años trabajando en las tres causas sobre la comisaría de Ourense –además de la ‘Zamburiña’, el robo de armas en el búnker y la muerte de un agente con una de ellas–, estudiará con la fiscal jefa si procede recurrir la nulidad. Hoy comunicará si propone alguna prueba no conectada con las excluidas, para que el juicio siga. También puede mantener o retirar su acusación. En este caso, la Audiencia podría absolver en acto, in voce, sin perjuicio de la sentencia por escrito, en la que detallará “ampliamente” su postura sobre las cuestiones previas, que ayer avanzó a las partes y acusados en boca de la magistrada ponente y presidenta de la sala, Ana del Carmen Blanco.

“Creo sinceramente que no queda ninguna prueba, que la Fiscalía ya no tiene nada para sustentar su acusación”, expresaba Beatriz Seijo tras la impactante decisión de ayer. La abogada del exjefe antidroga acusado, Antonio R. F., para quien el ministerio público solicitaba más de 11 años de prisión así como largas inhabilitaciones, hizo hincapié ante los periodistas en que “es importante que el ciudadano sepa que cuando se intervienen teléfonos se hace con la más estricta legalidad y que todo el mundo tiene derechos, incluidos los policías. Hay que retirar la droga de la circulación, como hizo la unidad de policías investigados en infinidad de ocasiones, pero no a cualquier precio”.

El abogado de la Pucha, Jorge Temes, incidió en la misma línea de salvaguardar los derechos y garantías en el proceso penal. “En este juicio se trataba de establecer si la Audiencia sería capaz de cargarse la instrucción, ilegal, y hacer prevalecer los derechos de los acusados. Tuve mis dudas pero la Audiencia ha sido capaz. Hay que elevar de categoría el hecho de que la Audiencia de Ourense es una garantía de imparcialidad judicial”.

Esa primera resolución de marzo de 2015 que autorizó las escuchas, sin que Asuntos Internos hubiera aportado el anónimo íntegramente al juez ni tampoco identificado al autor o autores, “conculcó derechos fundamentales, el auto era nulo de pleno derecho del principio al fin”, subrayó el abogado. “En un Estado de Derecho deben prevalecer los derechos fundamentales y esenciales de las personas. El derecho penal sirve para investigar delitos y que los inocentes no sean sometidos a un procedimiento. Es mejor que alguien pueda salir absuelto a que se intervengan comunicaciones o entren en domicilios cuando no hay derechos”. Temes es directo: “Se puso patas arriba la comisaría con un auto totalmente inmotivado, esta es la cuestión de este procedimiento”.

Entre las diferentes solicitudes de nulidad que plantearon las defensas en el trámite de cuestiones previas, y que la fiscal replicó en su turno, figuraban la suspensión del proceso por posible conexión con las otras causas sobre la Policía Nacional de Ourense. La Audiencia entiende que, aunque “no se ignora la relación entre los tres procedimientos, no excluye la celebración de este juicio, al tener un ámbito objetivo y subjetivo distinto”.

Las defensas cuestionaron que el juez Leonardo Álvarez, el que reabrió la causa sobre el robo de armas con el inicio de la Zamburiña, que Asuntos Internos planteó en su oficio –el magistrado desgajaría ambas en 2016, al descartar el nexo–, se excedió en su competencia. “Es una mera infracción que no tiene rango de vulneración de los derechos fundamentales”, considera el tribunal. “Hubo una inadecuada interpretación de las normas de reparto”, advierte la sala, “pero sin una vulneración real de la competencia”.

“Un puro carácter conjetural”

Sobre la nulidad del auto de las escuchas, la prueba clave de este procedimiento, la Audiencia Provincial expone varios argumentos. Era necesaria “una ponderación reforzada sobre la verosimilitud” del anónimo, que no se aportó al juez para su conocimiento y análisis. Los elementos de investigación expresados por Asuntos Internos en su oficio “no pueden servir de asiento a la injerencia” en el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones, considera el tribunal.

La sala también pone en valor que varias de las investigaciones del anterior grupo de drogas que integraban los acusados, y que para la UAI resultaban sospechosas porque partía de informaciones confidenciales –la Fiscalía considera que los agentes protegían y cooperaban con sus confidentes a cambio de chivatazos–, “concluyeron, y algunas de ellas fueron confirmadas por el Tribunal Supremo”.

También esgrimía Asuntos Internos que existía una presunta colaboración con traficantes por una reunión de un policía acusado con un presunto delincuente. “Fue un encuentro casual en un establecimiento público que no acredita la relación con el narcotráfico”, resuelve la sala.

“Nada liga” a los acusados con el robo de las armas. La Audiencia también subraya que la UAI debió aportar la auditoría sobre consultas a las bases de datos de DNI y matrículas, que sustentan la acusación de revelación de secretos a confidentes. “Se privó del conocimiento del instructor”. Además, la Audiencia subraya que “la propia semántica del oficio pone de manifiesto un puro carácter conjetural. Algunos factores no tienen ni la categoría de sospecha”. En resumen, la Audiencia afirma que la investigación de Asuntos Internos tras el anónimo no justificaba la intervención de las comunicaciones. La nulidad de las escuchas afecta a registros y conclusiones, dejan claro los magistrados.

Moncho Sierra es el defensor de Felipe M. A. y Mercedes C. G., policías ya jubilados, para quienes la fiscal pedía 6 años y 3 meses de prisión. “Se ha hecho justicia, durante 5 años han vivido un sinvivir. Eso es irremediable, no se puede dar marcha atrás, y ahora nos preguntamos qué ocurre con las personas que han acusado equivocada, por no decir tendenciosamente, a estos funcionarios. Se han visto privados de la esencia de su vida, su trabajo como policías; es un daño irreparable. ¿Qué funciona en el sistema para que estas dos personas, a día de hoy, se tengan que seguir sentando en el banquillo?”, lamentó.