Moaña analiza las opciones para establecer topes al precio del alquiler de viviendas

La alarmante falta de viviendas para alquiler anual en O Morrazo deja a la poca oferta existente con unos precios disparados. Esto se ve claro en la lista de espera en que tienen las inmobiliarias y en que en Moaña, por ejemplo, se aceleren los permisos para adaptar bajos comerciales a uso habitacional. En este concello la alcaldesa, Leticia Santos, explicó ayer que estudian la posibilidad de solicitar la inclusión de varias áreas del territorio como “zonas tensionadas” acogiéndose así a la capacidad de maniobra que les permite la nueva Ley de Vivienda. Para explorar esta opción tanto el arquitecto como el arquitecto técnico municipal acudieron a la reciente jornada de formación sobre esta ley que ofreció la Xunta a través de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

“Tenemos que explorar todas las opciones porque hay que dar alguna respuesta a este problema. Lo que no puede ser es que estemos expulsando a familias de Moaña por la imposibilidad de encontrar una vivienda”, reflexionaba ayer la regidora.

La necesidad de vivienda lleva a adaptar un bajo comercial en el nuevo edificio de Sisalde

Ante el mismo problema desde el Concello de Cangas alegaron la semana pasada “falta de capacidad” para solicitar esta figura de zona tensionada. El tripartito cangués entiende que los concellos carecen de toda capacidad para cumplir con los requisitos de valoración de las zonas tensionadas y que, por contra, debe de ser la Xunta quien pida esa declaración, al igual que ha hecho la Generalitat de Cataluña con 140 municipios en su comunidad autónoma.

Cada vez se solicitan más cambios de uso de locales comerciales

Si un área se declara como zona tensionada en el mercado residencial se puede pedir la limitación de precios de acuerdo con el Sistema Estatal de Referencia de Precio del Alquiler de Vivienda (Serpavi) aprobado por el Estado y popularmente conocido como Índice de Precios de Referencia.

Tanto Moaña como Cangas y Bueu cumplen, tal y como adelantó FARO a finales de año, alguno de los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda para ser considerados como zonas tensionadas por el alquiler. Esta norma abrió la puerta a que los gobiernos locales puedan adoptar medidas para decretar topes en los contratos de arrendamiento. Y es que el importe medio del arrendamiento experimentó, en las tres localidades, un crecimiento acumulado que supera en al menos tres puntos porcentuales el incremento del IPC en los últimos cinco años.

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