El gobierno deposita en una cuenta judicial los 2 millones de euros que Cangas debe a Promalar
El montante total de la deuda asciende a 3,5 millones
El ejecutivo local hace frente a la devolución con remanentes
”El aumento de los intereses es inasumible para el Concello, supondría 400 euros más cada día que se retrasase el pago”
Viejo cartel promocional situado en la carretera de Aldán, donde se publicitaban las viviendas que se iban a construir. | // G.N. / Juan Calvo
El gobierno municipal de Cangas acaba de consignar en una cuenta judicial los 2 millones de euros de capital que debía el Concello a la empresa promotora Promalar y presentará un plan de pagos por los intereses que se adeudan, que alcanzan 1.430.000 euros, a lo que hay que añadir la actualización del tiempo transcurrido, los intereses legales y las costas. El gobierno que preside Araceli Gestido (BNG) afronta el pago a través de remanentes de tesorería. El montante total de la deuda es de 3,5 millones de euros, que son los que reclama el Tribunal Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra, cuando por sentencia condenó al Concello a devolver el dinero que la desaparecida empresa adelantó por la firma del convenio de Aldán, por el que se iban a construir en terrenos adquiridos a herederos del Conde entre 4.000 y 5.000 viviendas, en una superficie de 80 hectáreas.
La intención del gobierno local es la de sanear las finanzas del Concello. “Afrontamos esta deuda histórica, que viene desde el año 2004, que se suponía era una pesada carga y un lastre cada vez mayor, porque el aumento de los intereses era inasumible para el Concello. En la actualidad tendríamos que pagar un 5% anual (3% interés legal +2% interés de demora) lo que supondría un aumento anual de la deuda de 105.000 euros, lo que supone unos 400 euros cada día que se retrasara la devolución del dinero. Esto implicaría que en cuatro años más de demora acabaríamos pagando tanto de capital (2 millones de euros) como de intereses (otros dos millones) cosa que nadie haría con su economía doméstica. Este gobierno aspira a cambiar el rumbo de Cangas, pasando de las lamentaciones a las soluciones, afrontando el pago con el objetivo de resolver los graves problemas que tiene Cangas” , manifiesta la alcaldesa Araceli Gestido.
La regidora local añade que el Concello de Cangas tiene sobre su cabeza una espada de Damocles, una inmensa deuda heredada del PP. “Somos conscientes de que el actual gobierno no tiene responsabilidad en esta deuda y que van a ser los vecinos de Cangas los que tengan que hacer frente a las consecuencias. Aunque en la última campaña electoral, el líder del PP, José Enrique Sotelo, afirmara que los problemas que creó el PP los iba a resolver el PP, en realidad, los problemas que creó el PP los va a afrontar este gobierno y los van a pagar muy caros los vecinos y vecinas de Cangas”, asegura la alcaldesa.
Recuerda Araceli Gestido que fue en el año 2004, cuando era alcalde de Cangas José Enrique Sotelo (PP), momento el que se vivió un verdadero boom urbanístico sin que se hubiera aprobado ninguna normativa que regulara dicho interés urbanístico (PXOM). “Este desenfreno urbanístico contó con la colaboración del gobierno del PP que no tuvo reparos en firmar convenios con los promotores e ingresar en las arcas locales unas cantidades de dinero, como pago inicial para desarrollar los citados convenios y con la promesa de que continuarían los ingresos a medida de se fueran ejecutando los convenios”, apunta Araceli Gestido.
La alcaldesa de Cangas desvela que José Enrique Sotelo firmó un convenio urbanístico con la empresa Promalar el 17 de diciembre de 2004, pero que sorprendentemente la empresa ya había ingresado los 2 millones de euros el 24 de agosto de 2004, con anterioridad a la firma del mismo. En el año 2009, la empresa reclamó que en el nuevo Plan Xeral se incluyera el convenio firmado en 2004, que le iba a permitir construir 492.210 metros cuadrados de edificación, lo que supondría unas 4.000 viviendas. Su intención era desarrollar tres grandes urbanizaciones en la parroquia de Aldán.
Los convenios de Promalar y de Massó se firmaron en 2004, cuando el gobierno local que presidía José Enrique Sotelo elaboraba el Plan Xeral, que quedó sin aprobar después de las protestas vecinales, que obligaron con posterioridad a sacar a concurso otro Plan Xeral. Poco después, en mayo de 2007, el PP perdió las elecciones municipales y fue el BNG quien obtuvo la alcaldía, a través de Clara Milán, en coalición con el PSOE y ACE, que concibieron otro PXOM.
Estas formaciones eran contrarias tanto al convenio de Promalar como al de Massó. Ese nuevo documento que concibieron tampoco salió adelante; nunca se terminó. Pero tanto Promalar como Marina Atlántica (empresa que firmó el convenio de Massó) reclamaron el dinero que adelantaron. El año pasado, el anterior responsable de Facenda Local, Mariano Abalo, señalaba que el Concello tendría que enfrentarse a una deuda de 1,5 millones de euros con los administradores de Marina Atlántica, empresa que firmó el convenio de Massó.
“El Plan Xeral no se llegó a aprobar, por lo que estos convenios fueron nulos de pleno derecho, evidenciándose una actuación totalmente irregular por parte de quién firmó los convenios por haber recibido unas aportaciones con anterioridad a que esos se regularizasen y aprobasen a través del Plan Xeral”, señala la alcaldesa de Cangas.
El Tribunal Contencioso Administrativo Número 3 de Pontevedra, en sentencia dictada el 14 de octubre de 2021, condenaba al Concello de Cangas a la devolución de 2 millones de euros a Promalar. El Concello recurrió el fallo al TSXG, que lo desestimó y después el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación y se puso fin a la vía judicial.
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