Los grupos políticos avalan recurrir ante el TSXG el pago de dos millones que Promalar adelantó al Concello de Cangas

Aunque hay discrepancias sobre las responsabilidades políticas, no hay fisuras a la hora de defender los intereses del Concello de Cangas frente a la sentencia judicial que le obliga a devolver a los liquidadores de la empresa Promalar dos millones de euros que la inmobiliaria adelantó en el año 2004 por la firma de un convenio urbanístico para construir más de 5.000 viviendas en Aldán. Todos los grupos políticos de la Corporación avalan recurrir el fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra, y así lo manifestaron en la reunión que mantuvieron el jueves por la tarde con abogados del despacho de Calixto Escariz, que se encarga de la defensa jurídica del Concello. El recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se presentará a principios de la próxima semana, ya que el plazo legal vence el miércoles, día 10.

En el encuentro, presidido por el concejal de Facenda, Mariano Abalo, participaron también los portavoces de la oposición: Partido Popular, Rafael Soliño; PSdeG-PSOE, Eugenio González; BNG, Mercedes Giráldez, y Avante, Ánxela Vizoso. El letrado encargado de llevar este caso les explicó los pormenores de la sentencia del Contencioso y reparó en algunos “excesos” que, en opinión de los representantes municipales, habría cometido la jueza y sobre los que abundará el recurso, que todos avalaron presentar. La otra opción era desembolsar ya los dos millones de euros, imposible de afrontar por el Concello sin recurrir a un crédito, o bien negociar un pago fraccionado. A la cuantía de dos millones se le sumarían los intereses, todavía sin concretar.

Rango y caducidad

El Gobierno local ya había adelantado su deseo de que haya consenso sobre esta medida, o al menos que cuente con el apoyo mayoritario de los grupos políticos. El concejal del PP Rafael Soliño abundó en el supuesto “rango superior” de las sentencias del alto tribunal gallego, y puso como ejemplo la del año 2015 en relación a los 742.000 euros que recibió el Concello como primer adelanto del convenio con Promalar tras la aprobación inicial del Plan Xeral. También hay debate en torno a la fecha de caducidad de los convenios, que puede haber variado con la legislación en los últimos años. Los abogados del Concello, a través de videoconferencia, dieron a conocer los pros y contras de cada una de las opciones y las posibilidades de ganar o perder en apelación ante el TSXG. Los grupos han decidido intentarlo.

Mariano Abalo: “La decisión es unánime”

El concejal de Facenda de Cangas, Mariano Abalo, que lleva la voz cantante del Gobierno local en este asunto, se limitó ayer a trasladar el mensaje de que “se va a presentar el recurso de apelación ante el TSXG, tal como se acordó de forma unánime”. En consecuencia, el despacho de abogados de Calixto Escariz ya está “trabajando en las líneas maestras” de dicho recurso, “para el que tenemos de plazo hasta el día 10”, añade el edil, que tiene previsto realizar en los próximos días un análisis más pormenorizado del caso desde la firma del convenio en 2004, con José Enrique Sotelo en la Alcaldía.

El montante de los intereses, aún sin cuantificar

Otro de los debates que está abierto gira en torno a los intereses que el Concello de Cangas debería sumar a los dos millones de euros si el resultado del recurso judicial no le fuera favorable, una opción que sus responsables no contemplan, aunque existe. En ese caso habría que dirimir si el plazo de demora empieza a contar desde 2004, cuando se firmó el convenio; desde 2012, cuando se judicializó; o desde 2020, que sería el momento de su extinción, en caso de que el poder judicial estime que ya no está vigente ni es posible aplicarlo.

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