El Concello eleva a 3,4 millones el pago a Promalar con intereses y Abalo reclama la dimisión de Sotelo

Los dos millones de euros que el Concello de Cangas está obligado a devolver a Promalar, que le adelantó ese dinero en 2004 a cuenta de un convenio urbanístico que no llegó a ejecutarse, se verán incrementados en 1,4 millones por los intereses legales generados desde el año 2004, elevando la deuda total hasta 3.400.000 euros. Son las cuentas que hace el concejal de Facenda, Mariano Abalo, que lo considera un duro golpe a las arcas municipales y dirige la responsabilidad a José Enrique Sotelo, que ocupaba la alcaldía entre 2003 y 2007, cuando sucedieron estos hechos. Abalo arremete contra su “grave e irresponsable gestión económica, que ahora hace visibles sus consecuencias”, y reclama por ello la dimisión de Sotelo como concejal de la Corporación “y su renuncia o cese como candidato a la alcaldía” por el Partido Popular.

La refriega política se intensifica con la cercanía de las elecciones municipales del 28 de mayo y a cuenta de la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra que obliga al Concello de Cangas a abonar a los administradores concursales de Promalar el dinero adelantado más los intereses. “Si a esto le sumamos los casi 900.000 euros que ya se pagaron” a dicha empresa, también por sentencia judicial, obliga a la ciudadanía a “hacer frente a una deuda de más 4,3 millones por los pelotazos urbanísticos del PP/Sotelo en su mandato”, arremete Abalo, y sentencia que “hay que tener poca conciencia ética para que un partido presente un candidato con una mochila cargada de tal gravedad en la gestión económica y urbanística”.

El asunto lleva varios días en los despachos municipales y figura en el orden del día de la Xunta de Goberno Local, que se reúne mañana, que le fue remitido a todos los grupos políticos de la Corporación. Abalo y la alcaldesa, Victoria Portas, señalan que el Juzgado otorga dos meses de plazo para resolver la deuda con Promalar, ya sea pagándole lo que exige por sentencia firme o explorando “fórmulas alternativas” que satisfagan a las partes. “El Concello está valorando las medidas legales y administrativas procedentes ante el fallo de Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra”, confirman desde el Ejecutivo local.

Además del litigio con Promalar, Abalo avisa que el Concello “puede verse abocado a tener que defenderse en el caso Massó de una reclamación que puede llegar a 1,5 millones de euros”, y añade los costes por reclamaciones de la UTE concesionaria del servicio integral del agua “por culpa de que Sotelo firmó un contrato alterado y manipulado que, de no habernos defendido, supondría un incremento de gasto en tres millones de euros”. Estos varapalos llegan tras superar el Concello el plan de ajuste y apostar el Ejecutivo local por recuperar servicios y sanear las cuentas, recalcan sus responsables.

Un convenio frustrado y un largo litigio

Los convenios urbanísticos de Massó y Aldán, presentados hace dos décadas al Gobierno local, estaban llamados a transformar la fisonomía de Cangas a golpe de hormigón tras la aprobación de un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que sigue en el limbo a día de hoy. La contestación social fue clave para abortar aquellos planes, y sus promotores abrieron la vía judicial para recuperar el dinero adelantado al Concello. Es el caso de Promalar, empresa que entró en quiebra y cuyos administradores concursales ya han recuperado casi 900.000 euros de las arcas municipales de Cangas, asegura la regidora, y esperan recibir los dos millones que le faltan, que pasarían a 3,4 millones con los intereses legales desde 2004. Al Concello no le queda otra vía que pagar o negociar con los liquidadores de la firma una fórmula alternativa para resarcirles de aquel depósito. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó hace varios meses su recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, que le obliga a devolver el dinero, y el Tribunal Supremo inadmitió luego el recurso de casación, agotando así la vía judicial y abriendo un plazo de dos meses para cumplir las obligaciones con la mercantil recurrente o “explorar otras”.

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