El Juzgado Número 3 de lo Contencioso de Pontevedra condena al Concello de Cangas a devolver 2 millones de euros a los liquidadores de la empresa Promalar, con la que el Concello de Cangas había firmado en 2004 con la mencionada empresa que era por aquel entonces propiedad de Juan Lago.
El convenio urbanístico afectaba a 80 hectáreas en la zona de Aldán ,donde se pretendían construir entre 5.000 y 7.000 viviendas, y por el que el Concello recibió 2,7 millones de euros. La sentencia señala que queda de manifiesto que el convenio urbanístico firmado entre Concello de Cangas y Promalar no se puede llevar a efecto, que no se dan las condiciones para que sea viable, entre otras cosas porque la zona está afectada por el Plan de Ordenación del Litoral (POL) por lo que el Concello debe devolver el citado dinero. Se trata de un duro varapalo para las arcas municipales, que puede alterar incluso los presupuestos del próximo año.
En el año 2004,, la empresa de Juan Lago realizó dos pagos al Concello de Cangas: el primero de 2 millones de euros, tras haber sido ratificado el convenio por el pleno de la corporación municipal y, en segundo, de 742.500 euros, tras la aprobación inicial del Plan Xeral. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2015 condenó en 2015 a abonar al Concello de Cangas 742.500 euros porque este pago correspondía con la aprobación inicial del Plan Xeral, que resultó suspendida por el Concello. El alto tribunal, por aquel entonces, consideraba que la devolución de los 2 millones de euros restantes no procedía porque sí se había producido el hecho del que deriva el primer pago.
Hay que tener en cuenta que precisamente para evitar la devolución de la mencionada cantidad de dinero, el gobierno del anterior mandato decidió mantener el convenio con Promalar en el borrador del Plan Xeral. De hecho, que se mantuviera el convenio en el nuevo borrador fue una sorpresa para toda la oposición. El convenio decidió mantenerlo el que era entonces concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, que lideró la lucha contra este convenio y contra el de Massó. Era una estrategia para manifestar que el convenio estaba vigente y no tener que pagar así, a Promalar los 2 millones de euros pendientes.
