Cangas agota la vía judicial y tendrá que devolver a Promalar dos millones adelantados por el convenio

Al Concello de Cangas no le queda otra vía que pagar ya los dos millones de euros que le adelantó la empresa Promalar como adelanto por el convenio urbanístico en los montes de Aldán, que no llegó a ejecutarse, o bien negociar con los liquidadores de la firma una fórmula alternativa para resarcirles de la pérdida de aquel depósito más los intereses legales generados desde 2004. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desestimó hace varios meses el recurso de apelación interpuesto por el Concello contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Pontevedra, que le obliga a devolver el dinero, y el Tribunal Supremo inadmitió luego el recurso de casación, agotando así la vía judicial y abriendo un plazo de dos meses para cumplir las obligaciones con la mercantil recurrente o explorar otras posibilidades. Además, se condena a la Administración a las costas procesales.

Los dos millones de euros se corresponden con parte de la cuantía que Promalar adelantó al Concello mediante el convenio urbanístico que unía a las partes para construir miles de viviendas en Aldán sobre una superficie de 80 hectáreas. Las previsiones fallaron, el convenio decayó, el asunto se judicializó y el Concello acaba finalmente condenado y obligado a devolver un dinero que ahora no puede pagar, aseguran sus representantes, o , en todo caso, desestabilizaría gravemente la hacienda local.

El asunto figura en el orden del día de la Xunta de Goberno Local, que se celebra el lunes: “Dar cuenta de la sentencia 179/2022 recaída en el recurso de apelación [...], dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia [...], luego de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 remitiese el expediente administrativo correspondiente y declarase firme la sentencia estimatoria de fecha 14.10.2021”. El Ejecutivo cangués eludió ayer profundizar en este asunto, más allá de mostrar “preocupación” y avisar que “si alguien recibió y gastó el dinero, tendrá que devolverlo”. El Concello ingresó aquel dinero hace 20 años, siendo alcalde José Enrique Sotelo, que vuelve a repetir como candidato del PP y a tener que lidiar con un asunto, el de los convenios urbanísticos, que sale a la palestra y se usa como arma arrojadiza en cada campaña electoral.

En la sentencia que sirve de base a la actual situación y que se traslada el lunes a la Xunta de Goberno, el TSXG desestima el recurso de apelación interpuesto por el Concello de Cangas –presentado y asistido por el abogado Calixto Escariz– contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Pontevedra de fecha 14 de octubre de 2021. “Mantenemos, por tanto, la resolución recurrida”, que concluye, literalmente: “Estimo el recurso contencioso seguido ante este Juzgado [...] a instancia de Promalar SL (en liquidación) frente al Concello de Cangas contra la resolución [...] de su alcaldía de inadmisoria a trámite de la petición” de los administradores concursales, y obliga a devolverles los dos millones de euros más el interés legal del dinero.

Suscríbete para seguir leyendo