El estacamiento del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Cangas (PXOM) debido a los cambios obligados que el nuevo concejal de Urbanismo, el socialista Eugenio González, quiere introducir en el documento, empiezan a tener daños colaterales. Ejemplo de ello es la intención de los nuevos propietarios de los terrenos que tenía la empresa Promalar de Juan Lago para la construcción de alrededor de 4.000 viviendas en Aldán, en una superficie de 492.210 metros cuadrados, concretamente entre Menduiña y Lagüelas.
Tras el concurso de acreedores correspondiente, los terrenos de Promalar fueron adquiridos por tres firmas, Abanca, un fondo de inversiones y una empresa maderera. Todos empezaron ya a mantener contactos con los miembros del gobierno municipal, algunos más estrechos que otros. Pero en todos hay una coincidencia: quieren que el Concello de Cangas devuelva los 2 millones de euros que la empresa Promalar entregó para la firma de convenio urbanístico que se firmó en 2004 cuando José Enrique Sotelo (PP) era alcalde de Cangas y elaboró un Plan Xeral que tumbaron las manifestaciones vecinales.
El gobierno municipal actual, como ya hizo el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos, trata de retrasar en todo lo posible ese pago que supondría un duro golpe a las arcas municipales, ya de por sí desgastadas. Pazos buscó en su momento salidas legales al intento de Promalar de reclamar el citado dinero del convenio, si bien tuvo que hacer frente a la cantidad de 742.500 euros más los intereses del convenio urbanístico firmado en 2004 entre las partes. La empresa de Juan Lago realizó por aquel entonces dos pagos al Concello: el primero de 2 millones de euros, tras haber sido ratificado el convenio por el pleno de la corporación municipal y, el segundo, de 742,500 euros tras la aprobación inicial del PXOM. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) falló en 2015 que procedía devolver la citada cantidad porque este pago correspondía con la aprobación inicial del Plan Xeral, que resultó suspendida por el concello, pero que no procedía, sin embargo la devolución de los 2 millones de euros restantes, porque en ese caso sí se ha producido el hecho del que deriva el primer pago. La estrategia que se mantenía y que se mantiene es que el convenio urbanístico está vigente todavía, independiente de que pueda ser modificado en el propio Plan Xeral de Ordenación Municipal. Xosé Manuel Pazos siempre dijo que esos 2 millones que ahora se vuelven a reclamar sottovoce los nuevos propietarios de los terrenos eran el anticipo de lo que tendrían que abonar al desarrollar urbanísticamente la zona. Pero ahora mismo se antoja muy complicado, por no decir imposible, que un banco se atreva a sacar adelante una urbanización de 4.000 viviendas como la proyectada por Promalar en su momento en Aldán. No está el mercado para esas ligerezas constructoras. Pero sí que es cierto que el convenio se puede modificar, reduciendo el número de viviendas a construir y convertirlo en algo más sostenible.
