El alza de la litigiosidad civil y laboral dispara los pleitos a su mayor cifra en casi una década

El alza de la litigiosidad civil y laboral ha provocado que los juzgados de Vigo hayan superado, por primera vez en casi una década, la barrera de los 50.000 casos anuales. Tras alcanzar mínimos históricos como consecuencia de una serie de reformas penales de calado y de la parálisis sin precedentes que en su día supuso el COVID-19, los tribunales han ido poco a poco aumentando su volumen de actividad, una tendencia que no ha hecho más que confirmarse en el 2023 que acaba de concluir. Los concretamente 50.311 procedimientos contabilizados a lo largo del pasado año en los casi 40 órganos judiciales unipersonales con los que cuenta la ciudad son la cifra más alta de los últimos ocho años, situación a la que también ha contribuido que la actividad en la jurisdicción penal continúe en niveles altos por el aumento de la delincuencia, tanto la común como la que ha venido para quedarse de la mano de las nuevas tecnologías, con las ciberestafas, sin duda, como uno de los delitos estrella.

En 2011 o 2012, cuando la crisis económica derivada de 2008 aún se dejaba notar con fuerza, los juzgados vigueses registraron cifras récord de litigiosidad, llegando a contabilizarse en aquella época más de 80.000 pleitos anuales. El cese de dicha recesión, las reformas penales que redujeron de forma drástica el volumen de entrada de asuntos en los juzgados de Instrucción y el impacto del parón de actividad a causa del coronavirus provocaron que, después de aquellos años, el volumen de asuntos comenzase a descender de forma acusada hasta llegar en 2020, precisamente en el año de la pandemia, a los 41.300 procedimientos, la cifra más baja registrada en la urbe en años. Pero las tornas han cambiado y el volumen de trabajo está de nuevo al alza, como lo demuestra el hecho de que se hayan vuelto a superar las 50.000 causas judiciales.

La litigiosidad civil se desboca por los pleitos bancarios, de fondos buitre y tarjetas revolving

¿Cuáles son las claves del actual escenario? La más relevante es sin duda el aumento de la litigiosidad civil. Los 16 juzgados de Primera Instancia –incluidos los tres que están especializados en Familia– contabilizaron a lo largo de 2023 un total de 21.259 casos, un 12% más que los casi 19.000 del ejercicio anterior: la actividad incesante de los fondos buitre reclamando el pago de deudas, las demandas por los intereses usurarios de las tarjetas revolving, los pleitos bancarios o el aluvión de monitorios explican la situación. El incremento de este tipo de pleitos que se lleva arrastrando desde hace varios ejercicios llevó precisamente hace justo un año a la creación de un nuevo tribunal de esta materia, el número 16, y la sala viguesa de la Audiencia Provincial de Pontevedra que resuelve los recursos de apelación civiles, la Sección Sexta, totalmente colapsada por una incesante carga de trabajar, acaba de ver, tras años de espera, como por fin se le concederá el quinto magistrado.

Los pleitos civiles –sin contar las casi 4.000 ejecuciones que también ingresaron el pasado año– representan algo más del 40% de la carga total de trabajo de los juzgados vigueses. Y los penales suman un porcentaje casi idéntico, ya que los ocho juzgados de Instrucción registraron algo más de 18.540 procedimientos, a los que se suman los 1.354 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer y los 1.126 que se repartieron los tres tribunales de lo Penal a los que se elevan las causas para su enjuiciamiento. La litigiosidad también se mantuvo en números elevados en el ámbito penal, como reflejo del alza de la criminalidad experimentada en la ciudad: junto al aluvión de estafas telemáticas, en los últimos años han aumentado otros hechos delictivos como los robos, las agresiones, los intentos de homicidio, los ataques sexuales o el tráfico de drogas.

Los magistrados urgen un nuevo juzgado civil ante la incesante avalancha de pleitos

En 2023 también hubo un notable incremento de los pleitos laborales. Los siete juzgados de lo Social registraron 7.239 asuntos, un 19% más que los 6.088 de 2022. Crecieron los despidos y las reclamaciones salariales, por poner dos ejemplos. Y, aunque de forma más tímida, también aumentó la actividad en la jurisdicción contencioso-administrativa: los dos juzgados sumaron 791 demandas.

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