La litigiosidad civil se desboca por los pleitos bancarios, de fondos buitre y tarjetas revolving

La litigiosidad civil lleva años al alza. La actividad incesante de los fondos buitre, el aluvión de demandas de tarjetas “revolving” y microcréditos o los pleitos hipotecarios y relativos a otros productos bancarios explican en buena medida la situación. Pero hay más, porque la tipología de causas que recaen en los juzgados de Primera Instancia es tremendamente amplia y deben resolver además sobre todo tipo de deudas económicas, desahucios por impago de alquiler, ejecuciones hipotecarias o accidentes de tráfico, por citar solo algunos ejemplos de asuntos que también forman parte de su día a día judicial. Y en 2022 ganaron además una nueva competencia, la del transporte aéreo, y se da la circunstancia de que estas reclamaciones por cancelaciones y retrasos de vuelos o por pérdida de equipaje también se encuentran al alza.

Todo este mosaico de procedimientos ha sobrecargado a los tribunales civiles y ha engordado el atasco que sufren, algo a lo que también contribuyeron las últimas huelgas judiciales, especialmente la de los letrados de la Administración de Justicia, que se prolongó durante dos meses con un alto nivel de seguimiento. El balance hecho público ayer por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no deja lugar a dudas: porque entre todos suman la friolera de 13.000 asuntos a la espera de resolución judicial, un 261% más que los 3.600 que tenían hace una década.

Vigo cuenta en la actualidad con 13 juzgados de Primera Instancia dedicados a la tramitación y resolución de asuntos ordinarios civiles –los otros 3 de esta jurisdicción están especializados en materia matrimonial–. La última de estas salas se estrenó en enero de este mismo 2023 precisamente como respuesta al alza de asuntos registrada en los últimos años. Pero, a la vista de las estadísticas más recientes, parece que estos pleitos por ahora no han tocado techo. Los juzgados de Primera Instancia registraron 4.888 nuevos asuntos en el primer trimestre de este año, 5.213 en el segundo y 4.177 en el tercero.

Son cifras muy elevadas que contribuyen a que el colapso judicial, el que a fecha del pasado 30 de septiembre se cifraba en 13.002 casos a la espera de respuesta, no deje de crecer. Y esto tiene su reflejo en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, la sala civil encargada de resolver los recursos de apelación de las sentencias o autos judiciales dictados por estos juzgados, que, como informó ayer FARO, acumula 1.440 procedimientos pendientes, una cifra que se aproxima al que fue su colapso récord –los 1.660 casos que sumó en 2009– y que provoca que la demora en la resolución de estas apelaciones ya se sitúe en casi dos años.

Ejecución de sentencias

A mayores de los asuntos nuevos que reciben y los que están a la cola esperando resolución, los juzgados de Primera Instancia también deben encargarse de ejecutar sus sentencias, es decir, de garantizar que lo que los jueces dictaminaron en las mismas efectivamente se cumpla. Pues bien, estas salas tienen 14.370 ejecutorias en trámite. Y esta parte del trabajo en ocasiones es bastante farragosa, ya que la litigiosidad de la banca y de los fondos buitre obliga a reabrir viejos pleitos, algunos de hace 30 o hasta 40 años. Hay impagos de los años 80 y 90 que se están volviendo a impulsar y muchas veces los deudores ya han fallecido, lo que complica sobremanera la labor judicial ya que, en estos casos, hay que buscar a los herederos.

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