Inquilinos crean un sindicato por el alza del alquiler: “Juntos somos más fuertes”

“Vamos a hacer toda la fuerza que podamos a todas las administraciones para que regulen el alquiler. Si vamos juntos, somos más fuertes”. Es el mensaje de bienvenida del Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-BM (Baixo Miño). Se pone en marcha ahora debido al “gravísimo problema” que padece la ciudad y el entorno en materia de arrendamientos, como explica uno de sus portavoces provisionales, Adolfo Telmo, cofundador de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Especulación con la Vivienda de Vigo, Tui y Baixo Miño (PAH): esta nueva entidad es una “transformación” de la PAH. Agrupa a una treintena de personas actualmente y su objetivo es configurarse y promocionarse en los próximos meses.

Mañana, desde las 12.30 horas, frente al mercado de O Calvario, representantes de este colectivo darán a conocerlo: repartirán dípticos con sus reivindicaciones e informarán a los viandantes para lograr afiliados. “En España, es imposible tener un proyecto de vida estable como inquilino o propietario por la desprotección jurídica y, sobre todo, por la creciente precariedad y aumento del precio de la vivienda. Los caseros y banqueros están organizados; a partir de hoy, los inquilinos también estaremos organizadas”, destacan.

Telmo subraya que el problema del alquiler es “gravísimo”. Para explicarlo, cita la información publicada por FARO hace algo más de dos semanas: según las estadísticas elaboradas por el portal inmobiliario Idealista –reúne la mayor cifra de viviendas disponibles del mercado–, el precio medio del metro cuadrado desde 2015 se incrementó un 38,8%: pasó de 6,7 euros a 9,3. Es decir, para vivir en un apartamento de 50 metros cuadrados, había que desembolsar hace ocho años 335 euros; ahora, 465 euros, 130 más que entonces.

“Las administraciones deben aplicar la nueva Ley de vivienda. Estamos en condiciones de regular el alquiler en Vigo: vivimos en una zona tensionada, ya que se cumplen los dos requisitos que establece la norma para ello por la evolución del precio sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC) y los gastos de vivienda sobre la renta media. Los sueldos son los que son y te piden el riñón derecho y el ojo izquierdo para empezar a ser inquilino. Hay que solucionar esta situación: la gente debe tener un sitio para vivir y un proyecto de vida estable, digno y asequible. Es sentido común”, explica.

Propietarios arriendan pisos por meses para eludir las obligaciones de la ley de vivienda

El portavoz del nuevo sindicato pone el acento, además, en la proliferación de pisos turísticos, “que son más que las viviendas en alquiler tradicional”. Realmente, son muchos más: prácticamente, el triple. Los primeros suman más de 1.330, según el Registro de empresas y actividades turísticas de la Xunta; las segundas, en torno a 450. “Hay que limitarlos”, apunta Telmo. Esta es una de las demandas con las que nace el colectivo, que es una evolución de la PAH.

“Muchos venimos de esa agrupación”, explica antes de indicar las causas de esta “transformación”. “Se debe al problema del alquiler, que es mucho más acuciante que el de las hipotecas, que no deja de ser un problema: la banca mantiene beneficios a costa de apretar a los vecinos”, apostilla. Defiende que los sindicatos de este tipo “están creciendo en toda España”. “El primero nació en Barcelona en 2017. Ya hemos contactado con el de Madrid, que lleva bastante tiempo funcionando, y nos asesora sobre los estatutos o cómo llevar las cuotas. Nos ofrece asesoramiento jurídico”, añade.

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Con la intención de que más vecinos conozcan al sindicato, sus miembros pegaron carteles esta semana en entornos frecuentados por jóvenes, uno de los grupos de edad más afectado por el elevado precio del alquiler y la dificultad de acceso a una vivienda en propiedad. Destaca Telmo que organizarse de este modo permitirá a los inquilinos “estar más protegidos y asesorados”.

Freno a los desahucios

Entre las demandas que dan vida al sindicato, se encuentran la estabilidad del alquiler, la regulación de precios, el final de los desahucios, la movilización de viviendas vacías (unas 13.000 según la patronal inmobiliaria), el aumento del parque de vivienda pública en régimen de alquiler, que los gastos derivados del alquiler los asuma el arrendador, erradicar los abusos de los intermediarios y la pobreza energética, y que la banca asuma la subida del euríbor.

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