Facenda exige ajustes a 83 concellos para cumplir el plazo de pago a proveedores

Las administraciones públicas están obligadas a pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, el aumento de la inflación ha impactado en las economías municipales, que se han visto afectadas además por el parón burocrático derivado de la convocatoria de elecciones locales en mayo del pasado año. Esto ha provocado retrasos a la hora de saldar cuentas con los proveedores. Y la Xunta, que se encarga de la tutela financiera de las administraciones locales, se ha dirigido a un total de 83 ayuntamientos gallegos para exigirles medidas de ajuste para que cumplan el periodo máximo de pago.

Estos concellos deberán aplicar planes de ajuste para agilizar el abono de las facturas. Si persisten en incumplir los topes legales se arriesgan incluso a que el Ministerio de Hacienda intervenga sus cuentas.

Entre los concellos afectados se encuentran 32 de Ourense, incluida la capital de provincia. En Pontevedra hay otra veintena de municipios que incumplen los plazos fijados por ley, mientras que en A Coruña son 17 –en la lista está Santiago de Compostela–. Y, por último, en Lugo hay 14 corporaciones que también deberán adoptar medidas para poner al día sus facturas.

Así, consta en el informe trimestral sobre el ejercicio de tutela financiera de la Consellería de Facenda correspondiente al cuarto trimestre de 2023. Los 83 concellos a los que se les reclaman ajustes son la cifra más abultada al menos de los dos últimos años. De hecho, en los ejercicios 2021 o 2022 la lista de incumplidores se reducía a unos sesenta municipios. Ahora ascienden ya a una de cada cuatro corporaciones locales.

La situación empeoró en 2023 en un contexto marcado por la guerra de Ucrania que derivó en una crisis de suministros que, a su vez, encareció los precios. Esto impactó en las cuentas de los ayuntamientos, muchos de los cuales, sobre todo los más pequeños, tienen menos margen de maniobra financiera. Pero además la convocatoria de elecciones municipales supuso un parón burocrático que dejó muchas facturas en el cajón.

Más de la mitad de los concellos aprovechan la prórroga fiscal para incurrir en déficit público

Austeridad

La exigencia de pagar a los proveedores en un determinado plazo deriva del marco de austeridad impuesto tras el estallido de la crisis financiera global de 2009.

El Gobierno del PP de Mariano Rajoy aprobó, gracias a su mayoría absoluta en el Congreso, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012 que imponía el control del gasto y el destino del superávit a amortizar deuda. Un decreto de 2014 estableció la obligación de que el plazo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas fuese de un mes, aunque éste comenzaba a contar 30 días después de recibir una factura, por lo que se trataba de dos meses reales. Sin embargo, en 2018 se modificó esta norma y se redujo a un mes el tope para saldar los pagos a proveedores.

Los concellos llegan a las elecciones con un 66% más de facturas en el cajón: superan los 73 millones

Aunque es una norma estatal, la Consellería de Facenda se encarga de vigilar que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones financieras. Así, a finales de 2023 no solo exigió ajustes a estos 83 ayuntamientos para agilicen sus pagos a proveedores, sino que además solicitó también información a otros 22 sobre el tiempo que tardan en abonar las facturas.

A mayores, la Xunta se dirigió a otros veinte ayuntamientos y dos diputaciones –Pontevedra y A Coruña– para reclamarles que justificaran la sostenibilidad financiera por la asunción de nuevas competencias. Cada vez que un municipio asume nuevas funciones debe garantizar que dispone de dinero para ello. Facenda les pide que rindan cuentas por ello.

Por último, el Gobierno gallego autorizó dos nuevas operaciones de endeudamiento por parte del Concello de Marín.

Suscríbete para seguir leyendo