La crisis de suministros derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la inflación desbocada con la mayor subida de precios desde los años de la Transición y el parón burocrático causado por las elecciones municipales del pasado 28 de mayo alteraron las cuentas de los concellos gallegos, causando dos efectos. Por un lado, el coste de las facturas se disparó 100 millones de euros hasta alcanzar un total de 500 millones. Por otro, los municipios que incumplieron el plazo medio de pago a proveedores, fijado en 30 días, se incrementó un 25% hasta alcanzar los 113 consistorios.
El balance presentado por el Ministerio de Hacienda sobre el segundo trimestre del año revela que las entidades locales de la comunidad habían emitido casi 500 millones de euros en facturas, si bien tan solo habían abonado 344. Restaban por saldar albaranes por un montante de otros 156.
En el mismo período del año pasado, el montante global del pacto de facturas, bien sea de obras, bien de servicios, sumó 400 millones, de los que se pagaron en esos 90 días 276 y se dejaron pendientes 124. Los porcentajes de pagos adeudados, por tanto, se mantienen en el 31%, de acuerdo con las cifras del departamento dirigido en funciones por María Jesús Montero.
Otra de las consecuencias es la demora en el pago a los proveedores, que impacta de lleno en la liquidez de empresas y autónomos.
Los municipios que superan el tope de 30 días para abonar esos servicios se disparan un 25% hasta los 113 en comparación con junio del año pasado.
Esa exigencia de pagar las facturas en un tiempo medio no superior a un mes deriva de la austeridad impuesta tras el estallido de la crisis financiera global a finales de la primera década del milenio. La quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers derribó como un castillo de naipes el sistema global y las autoridades reaccionaron recortando el gasto ante el encarecimiento de la deuda pública.
El Gobierno del PP de Mariano Rajoy aprobó gracias a su mayoría absoluta en el Congreso la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2012, que imponía el control del gasto y el destino del superávit a amortizar deuda. Un decreto de 2014 estableció la obligación de que el plazo medio de pago a proveedores de las administraciones públicas fuese de un mes, aunque este comenzaba a contar 30 días después de recibir una factura, por lo que se trataba de dos meses reales. Desde 2018, se fijó un mes en total.
Los incumplidores deben aplicar al siguiente trimestre un plan de ajuste para adaptarse a ese precepto. De mantener su ilegalidad, Hacienda puede incluso intervenir sus cuentas.
La lista de quienes superan ese mes de plazo medio está encabezada por el concello lucense de Pol, con 543 días, seguido de los ourensanos de Porqueira (327) y Ribadavia (218). Entre las ciudades, solo tres vulneran ese límite. Se trata de Ourense (88), Santiago (79) y A Coruña (36), según los datos de Hacienda.
