Más de 1.200 dueños de fincas sin limpiar se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros

En dos semanas, cuando finalice el presente mes de mayo, todas las fincas situadas cerca de casas u otro tipo de edificaciones deberán estar limpias de maleza para reducir el peligro de los incendios forestales. Quien incumpla ese precepto de la normativa autonómica, se arriesga a sanciones que pueden alcanzar los 3.000 euros. El miedo a estos castigos ha ido reduciendo las denuncias por este tipo de incumplimientos, que el año pasado sumaron 1.206 casos reportados por los agentes de la Policía Autonómica, un 13,5% respecto a los 1.394 expedientes del año 2022.

Estos datos constan en la memoria elaborada por el cuerpo de la Policía Nacional adscrito a la comunidad autónoma, que recoge un total de 1.497 denuncias vinculadas a vulneraciones de las normas de prevención de los fuegos en los montes. De ellas, las citadas 1.206 corresponden a la falta de limpieza de combustible vegetal en las denominadas franjas de seguridad.

La Xunta varió la legislación tras la ola de fuegos que en 2017 calcinó más de 50.000 hectáreas en unos días de aquel octubre. A partir del siguiente año, el plazo para tener limpias esas franjas se acortó un mes, pasando del 30 de junio al 31 de mayo, al tiempo que intensificó los controles.

Modificación de las franjas

Esas franjas se modificaron también en 2019, rebajando de 15 a 2 metros la distancia mínima obligatoria entre viviendas y árboles frondosas y de 25 a 15 en el caso de campings, gasolineras o instalaciones industriales. Se mantuvo, eso sí, la barrera de 50 metros para especies pirófitas como los pinos y los eucaliptos. Para la Consellería de Medio Rural, este cambio contribuía a retardar el crecimiento de maleza alrededor de las frondosas y evitaba la transmisión de los fuegos de copa –que facilitan eucaliptos o pinos–.

Las franjas de seguridad suponen en toda la comunidad una extensión de 130.000 hectáreas, según cálculos de la Consellería de Medio Rural, que en agosto de 2018 estimó que la mitad de ese terreno no estaba desbrozado de maleza y árboles vetadas, que constituyen combustible para los incendios.

El minifundismo y la dificultad para encontrar muchos dueños de parcelas forestales dificultan el cumplimiento de la normativa de prevención contra los incendios, si bien la Xunta impulsó en 2018 un cambio legal para permitir a la administración acceder a fincas sin dueño conocido para limpiar la maleza en casos de “riesgo inminente para las personas o bienes”. En aquel año, la Consellería do Medio Rural estimó que la comunidad contaba con 130.000 hectáreas situadas en franjas de seguridad y que la mitad no estaba limpio de maleza.

Otro de los problemas existentes para la lucha contra el fuego radica en la pérdida de efectivos de la Policía Autonómica. El año pasado, 225 agentes estuvieron asignados a esta tarea, 31 menos que en 2018, según la memoria del cuerpo. Este destaca que esa pérdida de recursos explica en parte la reducción de denuncias. “Teniendo en cuenta que el personal de esta unidad disminuye considerablemente en los últimos años, no cabe duda de que la instauración de los servicios extraordinarios remunerados durante los viernes, fines de semana y festivos en esta última campaña de verano, así como, en los incendios en los que se declaró el nivel 2 por haber peligro para las personas y sus bienes (llegando incluso a desalojar viviendas, establecimientos de hostelería, campings, etc) contribuyó a que estos resultados fueron amortiguados”, indican.