El Supremo esgrime la “trascendencia social y económica” de Ence para revisar su prórroga

El Tribunal Supremo, en un auto dictado el pasado 23 de febrero pero que se dio a conocer ayer, admite a trámite los once recursos interpuestos por Ence y otras diez entidades (comités de empresa, autoridad portuaria y distintos colectivos y auxiliares de la pastera) contra la primera de las tres sentencias que anulan la prórroga de la concesión para su fábrica de celulosas en Lourizán durante 60 años.

Una decisión que, aunque previsible, permite a la pastera superar una primera “bola de partido” dado que una posible inadmisión de los recursos habría convertido en firme, al menos ante la Justicia española, el fallo de la Audiencia Nacional que declaró nula dicha prórroga de la concesión.

Por lo tanto, para la empresa el auto del Supremo se calificaba como “una noticia importante para la compañía” y que ayer mismo la disparaba en bolsa. Una subida que se producía tras reconocer apenas unas horas antes pérdidas de 190 millones el pasado, precisamente por las provisiones por valor de 200 millones que tuvo que realizar al raíz de las sentencias contrarias a su concesión en Pontevedra por parte de la de la Audiencia Nacional.

La empresa califica el auto de "noticia importante" y la dispara en bolsa mientras que el Concello resalta que era el escenario esperado

Mientras en la “trinchera” judicial de enfrente, para el Concello de Pontevedra esta admisión a trámite era el escenario previsible y con el que trabajaban sus servicios jurídicos desde que se dieron a conocer las tres sentencias de la Audiencia Nacional que despojaban a Ence de su concesión en Lourizán. La portavoz del gobierno local, Carme Da Silva, insistió en que, de hecho, los servicios jurídicos no barajaban otro escenario que este.

El auto emitido por el Supremo explica que los recursos presentados cumplen todos los requisitos necesarios para ser admitidos a trámite y señala, además, que existe “interés casacional” en determinar si para el otorgamiento de una prórroga de una concesión en dominio público marítimo-terrestre al amparo de lo señalado en el artículo 2 de la ley 2/2013 que modificó la Ley de Costas de 1988, como es el caso de la concedida a Ence, resulta necesario acreditar el cumplimiento del artículo 32.1 de esta última. Es decir, “que se trata de instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”. Además, añade que se deberá determinar el alcance de este precepto cuando el demanio (es decir, el terreno) no se encuentra en su estado natural y ha sido transformado como consecuencia de la intervención de la Administración del Estado”.

El Supremo deberá determinar si es de aplicación a los terrenos de Ence el artículo 32 de la ley de Costas y si se le exime de demostrar que no puede estar instalada en otra ubicación que no sea de dominio público marítimo terrestre

El Supremo recuerda que recientemente ya se ha pronunciado sobre una cuestión “que puede guardar relación con la aquí suscitada”, en una sentencia de 20 de diciembre de 2021 en la que se declara no haber lugar a un recurso de casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la prórroga de la concesión a una vivienda en Murcia. Prórroga que se obtuvo tras su solicitud por silencio administrativo, y en la que ya se analizaba si el citado artículo 32 era de aplicación.

El Supremo reconoce que recientemente dictó una sentencia sobre otra prórroga que afectaba a una vivienda, pero que las circunstancias sociales y económicas de Ence le obligan a realizar un nuevo pronunciamiento

En aquella sentencia, se concluía que la prórroga de las concesiones de edificación con destino a viviendas otorgadas con anterior a esta ley no resultaba de aplicación los artículos 25.1 y 32.1 de la citada normativa, por lo que se tendría derecho a dicha prórroga. No obstante, el Supremo, en su auto, diferencia ambos casos y señala que: “Teniendo en cuenta que la prórroga concesional sobre la que versa dicha sentencia se refiere a una edificación con destino a vivienda, en el presente caso, considerando la trascendencia social y económica que reviste la concesión que es objeto de recurso –una fábrica de pasta de celulosa Kraft que genera empleos, directos e indirectos a más de cinco mil personas– aconseja un nuevo pronunciamiento de esta Sala sobre las cuestiones planteadas”. Es decir, que el Supremo cree que este caso merece un nuevo análisis por su trascendencia.

¿Cuáles son los próximos pasos en esta batalla judicial por la continuidad de Ence en la ría? Todas las partes dan por hecho que tras esta admisión trámite de los recursos interpuestos contra la primera sentencia (que se dictó a raíz de la demanda interpuesta por Greenpeace), también correrán la misma suerte los recursos presentados contra las otras dos sentencias dictadas por la Audiencia Nacional (en favor del Concello de Pontevedra y la APDR), pues el contenido es idéntico.

Tras la admisión del recurso, las partes dispondrán ahora de un plazo de 30 días hábiles, que finalizará el 11 de abril, para la presentación formal de los recursos. Esto es algo en lo que ya vienen trabajando los abogados de las distintas partes personadas desde hace meses, incluido, por ejemplo, el servicio jurídico del Concello de Pontevedra.

Ahora, la resolución del fondo de la cuestión recaerá en la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Una sentencia que sí ya será decisiva para el futuro de Ence en Pontevedra aunque todavía quede la posibilidad de algún recurso extraordinario o acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Ence volvía a comunicar ayer que “agotará todas las vías judiciales en defensa de la legalidad de la prórroga extraordinaria de la concesión de su biofábrica de Pontevedra, siempre –y como no podría ser de otro modo- desde el absoluto respeto a las decisiones de la Justicia y a los cauces que esta establece”.

Terreno desnaturalizado

La portavoz del gobierno local insistió en que la decisión del Supremo “no nos preocupa” por esperada y previsible y finalizó “aguardando que en la decisión judicial solo pesen los elementos judiciales y no haya valoraciones políticas como no puede ser en una decisión de este tipo”.

En cuanto a la aplicación del artículo 32 a aquellos terrenos que no se encuentran en su estado natural por su transformación a causa de la actuación de la Administración del Estado, Da Silva recuerda que este espacio de Lourizán fue “desnaturalizado” a raíz de su concesión y no antes, por lo que entiende que esta situación tampoco debería afectar al sentido de la sentencia emitida en su día por la Audiencia Nacional.

Por otra parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, avanzó que el Ejecutivo de Pedro Sánchez confía en que en este primer semestre de 2022 se puedan poner “encima de la mesa” alternativas para la fábrica de Ence en Pontevedra. Miñones indicó ayer en Poio que en este mes se firmará el “primer contrato” para la elaboración de un estudio para abordar un posible traslado de la factoría pastera a otra localización. Aunque inicialmente el Gobierno había sugerido que este informe se encargaría a expertos de la Universidad de Vigo, el delegado ha apuntado que también se contactará con la empresa pública Tragsa para poder realizar esta contratación “de forma directa y rápida”. “Pondremos sobre la mesa alternativas para que Ence se quede en Galicia”, defendió.

El estudio de ubicaciones alternativas de Ence que encargará el Gobierno estará listo antes del final del primer semestre

José Miñones considera “lógico y coherente” dentro de la legalidad española que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso presentado por la empresa contra la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la concesión de la pastera. Este proceso, ha añadido, “tendrá que seguir su tramitación y veremos cómo se resuelve”, pero ha abogado porque el Gobierno siga trabajando en buscar alternativas por si el fallo de la Audiencia Nacional “se vuelve definitivo” y los recursos “no van adelante”. “Esa es la línea en la que estamos trabajando”, indicó el delegado del Ejecutivo central en Galicia

Las otras diez empresas y entidades que acompañan a Ence en el recurso

Además de Ence, los recursos admitidos a trámite están presentados por los dos comités de empresa de la compañía (oficinas y fábrica), la Autoridad Portuaria de Marín (cuyos tráficos dependen en buena media de la actividad de la pastera) y algunas de las principales empresas auxiliares con las que trabaja: Ceferino Nogueira S. A., Galigrain S. A., Ingeniería y Montajes Rías Bajas; Metalúrgica, Soldadura, Estructura, y Tubería S. L., Asistencia y Soluciones de Arquitectura e Ingeniería S. L., Electro Gálvez y Sanabre, así como la Asociación dela Primera Transformación de la Madera de la provincia de Lugo. Todas ellas forman un frente empresarial que defienden la permanencia de Ence en la ría ante el Supremo.

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