El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, afirmó ayer en Pontevedra que la propuesta de adscribir los terrenos que ocupa Ence al puerto de Marín está “descartada”, como ya lo estuvo cuando se propuso en 2005 “por razones de inviabilidad jurídica”. Se trataba de una solución apuntada por la Xunta y los trabajadores, y aceptada por el propio puerto.
Por otra parte, el Gobierno central se compromete a encargar un estudio independiente para identificar posibles ubicaciones a la fábrica dentro de Galicia, si bien la empresa no ve viable ninguna ubicación que no sea la actual.
La administración central está dispuesta, además, a “acompañar financieramente” cualquier nuevo proyecto “con valor añadido” que la empresa proponga en una ubicación diferente.
Así lo expuso el representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que asistió a la mesa de trabajo sobre el futuro de Ence, después de la sentencia de la Audiencia Nacional, que declara nula la prórroga de la concesión de Costas a la empresa en Lourizán. “Si la empresa tuviese que acometer una inversión para una nueva reubicación, que incorporase un valor añadido a su línea de producción, el Estado estaría en condiciones de acompañar financieramente esa inversión, teniendo en cuenta que la prioridad, en todo caso, es la defensa de los puestos de trabajo”, dijo el secretario de Estado de Medio Ambiente.
Hugo Morán subrayó, respecto a la propuesta de la adscripción de Ence al Puerto, que las condiciones jurídicas no han cambiado desde 2005, y que no hay motivos para volver a valorar esta opción. “Además, se ha producido una nueva sentencia, por lo que intentar explorar esta vía para eludir esa sentencia, no es viable”.
En cuanto al estudio sobre una nueva ubicación de la fábrica, el Gobierno lo encargará “con carácter inmediato”, dijo Morán, recordando que el Estado no tiene competencias en materia de ordenación del territorio, que en el ámbito de Galicia es una potestad de la Xunta, si bien “el encargo de un estudio puede hacerlo cualquiera”.
La Xunta, por su parte, prefiere esperar al informe del Consello Consultivo de Galicia, aunque este informe no es vinculante ni puede revertir la decisión de una sentencia.
La empresa
En la mesa de trabajo celebrada ayer, la empresa ha manifestado su voluntad de seguir produciendo en Galicia, si bien mantiene que la única ubicación para garantizar la viabilidad de la fábrica es Lourizán. “La empresa no ha cambiado de postura, siempre hemos dicho que tenemos una apuesta por Galicia, pero por suerte o por desgracia la única posibilidad de producir en Galicia es Lourizán, no hay otra alternativa, no hay otro lugar viable”, reiteró el director de Ence en Galicia, Antonio Casal. “Nosotros seguimos trabajando por defender la legalidad de Ence en Lourizán y la legalidad de la prórroga que nos fue concedida en 2016”, añadió el director de Ence.
"Por suerte o por desgracia la única posibilidad de producir en Galicia es Lourizán"
Respecto a la posibilidad de trasladar la pastera, con apoyo económico del Estado, Antonio Casal apuntó que “a día de hoy nadie presentó nada, ninguna opción viable, y cualquier otra cosa de la que podamos hablar son hipótesis”.
Mientras se producía este encuentro en la Subdelegación del Gobierno, ante el edificio hicieron sonar su protesta un grupo de trabajadores de la pastera.
Los trabajadores denuncian el bloqueo de la situación y exigen soluciones
“Total frustración, desesperación, porque seguimos en el punto de partida; el gobierno central sigue apostando por el traslado, es su única hoja de ruta y su única solución”, lamentó la presidenta del comité de oficinas de Ence, Ana Cedeira, al término de la reunión de la mesa de trabajo para buscar un futuro a la pastera. Cedeira criticó que a la administración del Estado “le da igual lo que diga el Consello Consultivo de Galicia” que espera el gobierno de la Xunta respecto a la posibilidad de adscribir los terrenos que ocupa la pastera al puerto de Marín. Para la portavoz del comité de oficinas, la opción del puerto sigue siendo una alternativa válida para que la fábrica continúe en su actual emplazamiento.
“Seguimos apostando por Ence en Lourizán, por la permanencia de Ence en Pontevedra, el problema es si hay o no voluntad política de mantener la fábrica aquí”, añadió Cedeira, quien recalcó que los trabajadores no están dispuestos a aceptar la opción del cierre. “No vamos a ser cómplices de ningún traslado porque sabemos que la alternativa es el cierre”, subrayó Cedeira.
“No vamos a ser cómplices de ningún traslado porque sabemos que la alternativa es el cierre”
La opinión de los trabajadores respecto a la solución para la fábrica difiere según se trate del comité de oficinas centrales o de fábrica. Este último solicitó un informe sobre los posibles terrenos existentes en Galicia para ubicar una fábrica de este tipo.
“Si el Supremo dice que no podemos seguir trabajando en Lourizán y tenemos que cerrar, antes de quedar en el paro hay que buscar cualquier alternativa que garantice el puesto de trabajo de toda esta gente”, indicó el presidente del comité de fábrica, Antonio Lafuente. Si existe esa ubicación alternativa, el comité de fábrica exige a la empresa y la Xunta que se pongan de acuerdo para establecerla. En el actual informe elaborado por la compañía, no se han hecho modificaciones de polígonos y otras cuestiones con las que sí habría opción para la fábrica, según explicó Lafuente.
“Nuestra primera opción siempre es pelear por Lourizán, pero en caso de que no pueda estar aquí no queremos quedarnos en el paro”, subrayó el presidente del comité de fábrica.
Antonio Lafuente apuntó al salir de la reunión con las administraciones públicas y la empresa que el representante del Gobierno se comprometió a convocar al CEO de Ence, Ignacio del Colmenares, para exponerle las opciones de financiación por parte del Estado de un nuevo proyecto en otra ubicación, así como abordar las ubicaciones alternativas.
“Si existe ubicación posible y hay financiación por parte del Gobierno”, la empresa “va a poner todo de su parte para el traslado”, indicó el portavoz de los operarios de fábrica.
“Avances: ninguno”, lamentó Antonio Taboada, representante del sector forestal, logístico y del transporte en esta mesa de negociación. “Estamos bloqueados; en la primera mesa se planteó el análisis de posibles ubicaciones alternativas, se pusieron deberes a los participantes en la mesa”, que a su entender no han cumplido, con la excepción de la empresa.
La compañía, recordó Taboada, analizó 400 posibles ubicaciones alternativas, 7 de ellas fueron finalistas, y la empresa sigue diciendo que ninguna de ellas es válida y ninguno de los actores de la mesa, incluido el secretario de Estado que tiene el informe desde julio, ha sido capaz de contradecirlo”.
La compañía analizó 400 posibles ubicaciones, 7 de ellas fueron finalistas y ninguna válida
El nuevo informe que se va a solicitar supone “tiempo que vamos a perder en una solución porque estoy convencido de que no va a existir una ubicación alternativa”.
“No entendemos el bloqueo, no entendemos cómo seguimos buscando ubicaciones alternativas cuando toda la mesa sabe que ya se han analizado y que no las hay; y el secretario de Estado sale ahora diciendo que un informe del Consello Consultivo no lo considera vinculante, me parece desprestigiar a juristas de reconocido prestigio”.
Taboada criticó también que “echamos de menos a la ministra, que se comprometió en Madrid a ser facilitadora y ahora ha delegado en el secretario de Estado”.
Lores valora un cambio en la plantilla
El alcalde de Pontevedra, Miguel Lores, lamentó que la de ayer fuese una “repetición de las dos mesas anteriores”, en las que “las posturas de cada administración están perfectamente claras”. Como única novedad, apuntó la posibilidad de que el Estado financie una planta nueva siempre que tenga algún componente de innovación “y lo demás es lo mismo”. Lores recordó que en 2018 “la empresa ya sabía que se tenía que marchar; el PP y el señor Feijóo decían que se tenía que marchar y, de repente, en el año 2012 cambiaron de posición e intentan de todo para que no se mueva”. El alcalde reiteró que la adscripción de la empresa al puerto “es imposible”, como ya se argumentó en 2005 “aunque el Consello Consultivo haga un informe favorable y destacó que una gran parte de los trabajadores estuvieron “muy sensatos” admitiendo que si no es posible en Lourizán habrá que buscar una alternativa. “Incluso dijeron que el estudio que hizo la empresa se hizo con algunos requisitos inasumibles”. También subrayó que los trabajadores han pedido a la administración un estudio más viable. En todo caso Lores denunció el “inmovilismo” de Xunta y empresa.
Lourizán, única opción para la Xunta
Luis López, delegado de la Xunta en Pontevedra, defendió en su primera participación en esta mesa de trabajo la adscripción de los terrenos al puerto de Marín y entiende que se debe esperar a la resolución del Consello Consultivo de Galicia. Argumentó, respecto a que el Gobierno descarte que la pastera pueda integrarse en la zona portuaria, que “aquí todavía no hay sentencias firmes”. Defiende que desde el año 2005 –último informe jurídico sobre esta opción– las circunstancias han cambiado mucho en 16 años para desvirtuar un nuevo informe del Consello Consultivo de Galicia antes incluso de que se produzca. Respecto a posibles nuevas localizaciones, para la Xunta la única ubicación posible que es Lourizán. “No existe otra posibilidad de ubicación, como explicó la empresa”, subraya el delegado de la Xunta. De ahí que el gobierno gallego ha propuesto la alternativa de la adscripción de los terrenos de Ence al puerto “como única solución jurídica para que la empresa siga aquí y para mantener los puestos de trabajo y todo lo que reporta para el tejido empresarial de Pontevedra y para el sector forestal y logístico de Galicia”.
Moody’s cambia la perspectiva de la compañía
La agencia privada de medición de riesgos Moody’s ha decidido mantener a la empresa de celulosa y energías renovables Ence su calificación de Ba3, equivalente a bono basura, y ha cambiado su perspectiva de estable a negativa, por el riesgo de anulación de la prórroga de su concesión en Lourizán. Entre enero y junio, Ence perdió 194,6 millones de euros, casi ocho veces más que hace un año, por el impacto de la sentencia; la compañía retrasó tres meses la presentación de sus resultados semestrales por las implicaciones del fallo. No obstante, en una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ence explica que Moody’s ha decidido mantener sin cambios su calificación “ante la mejora de sus ratios crediticios como consecuencia de la recuperación del precio de la celulosa y su elevada posición de liquidez”. Esta semana, Ence ha iniciado un proceso ordinario de evaluación de ofertas para la venta de su cartera de proyectos fotovoltaicos de 373 megavatios (MW). En concreto, esta cartera está formada por cinco proyectos ubicados en zonas con los índices más altos de irradiación solar en España. Todos ellos cuentan ya con los permisos de conexión a la red y localizaciones aseguradas, y se espera completar su tramitación administrativa.
