Vecinos de núcleos costeros de Cangas sin regular ven en la Lei do Litoral una posibilidad

Mientras algunos vecinos de Santa Marta permanecen insertos en la polémica sobre la propiedad, compra, venta o cesión de la capilla del mismo nombre, otros encuentran en la Lei do Litoral un documento al que amarrarse para volver a retomar aquella lucha para regular el núcleo costero de este lugar de Darbo, y que el ancho de la zona de protección de dominio público marítimo terrestre —que pasaría de 100 a 20 metros— que abrió Disposición Transitoria de la Ley de Costas, que pretendía otorgar seguridad jurídica a las construcciones que eran anteriores a la Ley de Costas, no una amnistía, palabra tan de moda ahora.

No se consiguió en la administración en el año, cuando el Ministerio de Medio Ambiente tumbó la regularización de los 9 núcleos costeros propuestos por el Concello de Cangas. La propuesta municipal llevaba consigo la legalización de 92 edificaciones. Tampoco se consiguió más tarde en los tribunales de justicia. En el Supremo, alguien se olvidó de recurrir.

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La Lei do Litoral, que está recurrida por el Estado ante los tribunales por entender que entra en competencias que son de éste, es una vía que algunos vecinos quieren explorar si al final la Xunta de Galicia gana la contienda judicial.

Hay vecinos de Santa Marta que son los más interesados. Siempre fue uno de los lugares más interesados en regularizar como núcleo costero esta zona, pero también los hay de otros lugares como Rodeira I, Rodeira II, Liméns, Areabrava, Arneles- Vilariño, Espiñeira, Francón y Menduiña. Es, quizás, el último cartucho.

La otra posibilidad es que el nuevo Plan Xeral se apruebe (algo que parece imposible ahora mismo) y que después se vuelva a proponer al Ministerio de Medio Ambiente la regularización de los núcleos costeros, con el fin, sobre todo, de legalizar las edificaciones. Hay que recordar que la propuesta del Concello de Cangas con la que todos los partidos estaban de acuerdo fue rechazada, principalmente, porque el Ministerio de Medio Ambiente entendía que los núcleos presentados no figuraban en el plane amiento urbanístico actual de Cangas, algo lógico, porque no existía un Plan Xeral, ni tampoco ahora. Al mencionado ministerio se advirtió de que el Concello de Cangas estaba en proceso de elaboración del citado documento.

La regularización de los núcleos costeros no se tramitó por la fórmula de que contaban con todos los servicios , así que se recurrió a la fórmula de los dos tercios de consolidación del suelo. El Ministerio de Medio Ambiente consideraba que “en relación a la justificación del grado de consolidación de la edificación se han aportado listados de las parcelas consolidada por la edificación del años 1988, indicados sus superficies, así como un documento gráfico en el que se sombrean las edificaciones existentes en dicha fecha, tomando como referencia el vuelo de 1981....El grado de consolidación por la edificación no puede considerase válido, ya que los ámbitos sobre los que se realiza no cumplen el requisito de corresponder a un ámbito delimitado en unas normas” , señala la resolución ministerial.

Hay que señalar que en un primer estudio realizado por el concello de Cangas se establecía que había 653 construcciones ilegales para incluir en la reforma, cifra que a la conclusión del trabajo quedó reducida a 92, la mayor parte en la parroquia de O Hío. Esta inseguridad juridica es la que puso en situación de riesgo muchas casas el pasado año en Cangas. La APLU quería tirarlas.

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