El Constitucional admite el recurso del Gobierno contra la Lei do Litoral de la Xunta

El Tribunal Constitucional admitió este lunes el recurso del Gobierno central contra la Lei do Litoral impulsada por la Xunta y paraliza la norma durante al menos cinco meses –pasado ese tiempo, decidirá si mantiene la suspensión o la levanta hasta que tenga un dictamen–. El conflicto frena así el texto legislativo más ambicioso de la legislatura que finalizará en pocos meses en la comunidad y que otorgaba al Ejecutivo gallego poderes para gestionar la primera línea de la costa.

La Xunta alerta de que la decisión de admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del Gobierno contra la ley gallega de litoral y su suspensión parcial tendrá como consecuencia un “perjuicio para las actividades asentadas en la costa y, por consiguiente, para los municipios, asociaciones y empresas ligadas a las mismas”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, instó ayer a la Xunta a “recapacitar” y “volver a la senda del diálogo” sobre la Ley del litoral.

El pleno del TC admitió este lunes, como era previsto, el recurso de inconstitucionalidad, lanteado por el Ejecutivo central contra 29 artículos del texto legal aprobado en julio pasado por entender que vulnera las competencias del Estado sobre el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre y sobre el procedimiento administrativo común, la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, pesca marítima, marina mercante y competencia sobre medio ambiente.

Concesiones de asentamiento

La Lei do Litoral nació como un intento por parte de la Xunta, apoyada por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento autonómico, de sortear preceptos de la normativa estatal de costas, que, en su opinión, ponía en peligro a decenas de empresas asentadas junto al mar al impedir la renovación de sus concesiones de asentamiento.

De hecho, uno de los aspectos clave reside en que atribuye al Ejecutivo autonómico las competencias para otorgar autorizaciones y concesiones de todas las instalaciones y actividades ubicadas en el domino público marítimo terrestre (DPMT), la zona de primera línea de mar en la que se asienta la cadena mar-industria, como plantas acuícolas, astilleros, conserveras, depuradoras...).

El Gobierno entiende en su recurso que Galicia reduce la protección de los terrenos pegados al litoral con la citada norma, al tiempo que incorpora el mar a su territorio. “El mar territorial no forma parte del territorio de una comunidad autónoma. En consecuencia, la competencia autonómica sobre la ordenación del territorio, que abarca la ordenación del litoral, no puede proyectarse sobre el mar territorial, como establece la ley impugnada”, justifica el Gobierno central.

El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, que se encuentra en funciones, también choca con la Xunta sobre la potestad de que Galicia asuma la gestión de los títulos de ocupación de la costa mediante una ley sin reformar su Estatuto de Autonomía, como sí hicieron Cataluña, Baleares, Andalucía y Canarias antes de recibir ese traspaso. La Xunta entiende que su marco competencial sí permite esa acción.