La difícil y lenta travesía del juicio del “Karar”

Con 100 testigos y peritos en el horizonte, esta vista arrancó entre suspensiones, avanza muy despacio y se ha acabado de enrevesar por la mala acústica en la "macrosala" de la Ciudad de la Justicia de Vigo // Si no se encuentra una solución técnica, no se descarta que las sesiones tengan que continuar en Pontevedra

El "macrojuicio" del alijo del "Karar" se celebra en la "macrosala" de la Ciudad de la Justicia de Vigo.

El "macrojuicio" del alijo del "Karar" se celebra en la "macrosala" de la Ciudad de la Justicia de Vigo. / Alba Villar

Marta Fontán

Marta Fontán

El “macrojuicio” por el alijo de las 3,8 toneladas de cocaína del “MV Karar” tiene por delante una larga travesía. Iba a empezar en febrero, después se fijó para marzo y al final arrancó en abril. Completadas las cuestiones previas y los interrogatorios a los 28 acusados –aligerados por el hecho de que muchos de ellos se acogieron a su derecho a no declarar o solo respondieron a sus abogados–, esta semana, tras un nuevo aplazamiento, se dio inicio a la prueba testifical. Esta fase ha comenzado por los policías nacionales del Greco que intervinieron en el operativo y en dos sesiones solo ha dado tiempo a que comparezcan dos agentes. En realidad ni eso, porque el que centró la jornada de ayer aún no finalizó y deberá continuar hoy. Y es que su declaración tuvo que ser interrumpida porque, por si fuera poco, la dificultad para escuchar y entender varias grabaciones de conversaciones interceptadas a los procesados y que fueron reproducidas en este juicio que se celebra en la “macrosala” de la Ciudad de la Justicia de Vigo llevó a las magistradas a suspender la vista para buscar una solución técnica a esta cuestión. Y si no la hay, no se descarta que haya que buscar una sala de vistas alternativa. En el complejo judicial de Pizarro no hay ninguna otra que permita acoger a tantos acusados, por lo que la opción sería seguir celebrando el juicio en Pontevedra.

Polémica por las notas consultadas por un testigo

“Esto es un desastre...”, resumía un abogado al término de la sesión de ayer. La suspensión por los problemas de sonido fue el colofón de una jornada en la que todo se enredó poco a poco. Ya a media mañana hubo que interrumpir el juicio al advertir los letrados defensores que el policía que estaba testificando, que como el del martes lo hizo tras un biombo, estaba consultando unas notas, concretamente, según se sabría después, nueve folios con 63 días reseñados relativos al desarrollo de estas pesquisas realizadas entre 2019 y 2020. El tribunal permitió a las defensas consultar esos documentos y, a la vista de su contenido, los abogados pidieron la “nulidad absoluta” de lo declarado por dicho testigo por contravenir el artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reza que los testigos “declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer declaración ni respuesta alguna que lleven escrita”, permitiéndoseles solo “consultar algún apunte o memoria que contenga datos difíciles de recordar”. “La ley es clara, solo permite consultar cierto tipo de datos, y lo que hay aquí es un guión de todo el procedimiento”, dijo una letradas. “Hay una clara vulneración del derecho de defensa”, afirmó otro.

La complicada libertad de los tripulantes: “Estamos cinco en una misma habitación”

Los 14 tripulantes de Nepal y Bangladesh que iban a bordo del “Karar” recuperaron la libertad tras admitir la autoría de los hechos y en plena celebración del juicio. Parece contradictorio, pero el motivo de su excarcelación, materializada el 24 de abril, fue que se cumplieron los cuatro años de plazo máximo que marca la ley para estar en prisión preventiva. Sin poder irse de España mientras no concluya la vista y se dicte sentencia –que dada su confesión los devolverá inevitablemente a la cárcel a no ser que la condena sea sustituida por su expulsión del territorio nacional–, su situación es muy complicada.

Sin familia aquí, la mayoría no conoce el idioma y apenas tienen dinero. Lograron cobijo en un piso y en albergues, pero su situación es extremadamente provisional y precaria, máxime teniendo en cuenta que, al ritmo actual, el juicio se prolongará bastante más tiempo de lo inicialmente previsto. Al menos uno de los abogados que representa a parte de los marineros ha solicitado, a través del tribunal, que se conceda una autorización de residencia temporal a sus clientes, dada la situación extraordinaria que afrontan, para que de esta manera al menos puedan trabajar durante estos meses y obtener dinero para subsistir mientras continúe el juicio, al que, en su condición de acusados, tienen la obligación de acudir. “¿Sin trabajar cómo puedo vivir?”, se preguntaba ayer uno de estos tripulantes, relatando que el escenario que tienen ante sí es “muy complicado”, por lo que una autorización de residencia que les posibilite optar a un trabajo al menos les permitiría obtener ingresos para “comprar comida” y “poder comer”. Él reside en un piso con más compañeros. “Estamos cinco en una misma habitación”, describe. Todos fueron detenidos a bordo del “Karar”, en el abordaje del 25 de abril de 2020, y estuvieron en prisión hasta hace un mes.

El fiscal negó que lo recogido en esas notas sea un “guión”. “Este testigo es el secretario de la investigación [el instructor y principal responsable es el agente hoy investigado judicialmente que aún no declaró por estar de baja médica] y es el que escribió todos los atestados”, dijo, señalando que la ley permite a los testigos en ciertas circunstancias “consultar notas”, por lo que no hay ilegalidad ninguna. El tribunal resolvió finalmente que el testigo podía seguir declarando, aunque incorporó sus notas al acta del juicio para “examinarlas profundamente”.

Imposibilidad de entender las grabaciones realizadas a los procesados

Resuelta esta cuestión, el policía continuó testificando, pero, ante la imposibilidad de entender el contenido de las grabaciones de conversaciones entre los acusados que se estaban reproduciendo en la sala, el fiscal acabó afirmando que en esas condiciones no se podía seguir y pidió que se pusieran los “medios técnicos” necesarios para solventar la situación. Así que las magistradas, ya al filo del mediodía, decidieron suspender el juicio hasta hoy. Ayer, técnicos acompañados de la letrada judicial ya examinaban la “macrosala” de vistas para intentar buscar una solución. A los evidentes problemas acústicos existentes en dicho espacio de la Ciudad de la Justicia se unió en esta ocasión que las grabaciones no tenían buena calidad por el ruido ambiental existente. A la espera de lo que ocurra hoy, lo cierto es que, al ritmo actual, el juicio podría eternizarse. Imposible parece que quede visto para sentencia antes del parón judicial de agosto: sin contar los informes finales, cuestión nada baladí en este juicio con tantas partes personadas, hay unas 100 personas citadas entre testigos y peritos.

La llamada telefónica y los vínculos del empresario naval vigués acusado

El policía nacional que empezó a declarar ayer es el secretario de lainvestigación que llevó al abordaje y las detenciones en el caso del “Karar”. El agente desgranó cómo fue la investigación, concretando cómo pudieron vincular a Juan Carlos Santórum y a su presunto grupo, a los que vigilaban desde 2019, con el alijo de 3,8 toneladas de cocaína incautado en alta mar el 25 de abril de 2020.

Una de las claves fue una llamada telefónica de un número portugués recibida por Fidel F.B., el empresario del sector de las embarcaciones de Vigo acusado en este juicio y considerado por el fiscal como uno de los “colaboradores directos” del vilanovés. Y es que ese número de teléfono ya estaba siendo investigado paralelamente en otras pesquisas policiales en Madrid que lo relacionaban con una embarcación que se sospechaba viajaba hacia España con un gran cargamento de cocaína. La alerta la había dado la DEA, que en otro aviso ya puso nombre a ese buque, el “MV Karar”, informando también de que había partido desde Panamá y que a bordo iba un ciudadano gallego de nombre José “como garantía”, pudiendo comprobar los agentes que se trataba de José Manuel B.G., el vecino de Bueu también procesado en esta causa.

En relación con Fidel F.B., responsable de una empresa dedicada a la reparación y venta de embarcaciones con naves situadas en Vigo y en Mos, este policía también relató que, durante los seguimientos, pudieron ver que se reunía “con gente relacionada con el narcotráfico”, citando entre dichas personas a un individuo que viajó a Galicia desde el sur de España y al que se relaciona con el “Clan de los Castaña”, considerado uno de los grupos más activos del Campo de Gibraltar y que en 2023 protagonizó en Cádiz el considerado hasta la fecha como el mayor juicio celebrado contra el narcotráfico en España.