Convivir en la casa comprada juntos no basta: una moañesa se queda sin pensión de viudedad por un papel

Pese a estar empadronada en la misma vivienda que su pareja, ni estaban casados ni se habían inscrito en el registro de uniones de hecho

La mujer adquirió con su pareja en Meira, en la que residían

La mujer adquirió con su pareja en Meira, en la que residían / Gonzalo Núñez

Ni acreditar una convivencia de más de cinco años, ni haberse comprado una casa mediante una hipoteca conjunta, ni estar empadronados en esa vivienda, ni tener una cuenta corriente en común ha sido suficiente. Una mujer de Moaña no tendrá derecho a la pensión de viudedad tras la muerte de su pareja porque no estaban casados ni tampoco se habían inscrito como unión de hecho.

La pareja, ambos divorciados, mantenían una relación "afectiva de convivencia" desde "al menos" mayo de 2015. Dos años después adquirieron juntos, mediante un préstamo hipotecario, una casa en Meira, en la que ambos se empadronaron en los meses siguientes.

El hombre, que en esas fechas de 2017 también otorgó un testamento en el que legaba su parte de la vivienda a su compañera, murió en 2021, tras lo que su pareja solicitó la pensión de viudedad, que se concede en caso de acreditar una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) rechazó su petición y ella acudió a la justicia, pero tanto el Juzgado de lo Social n.º 5 de Vigo como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le han dado la razón al organismo público.

La sentencia del TSXG, firmada el pasado abril y contra la que cabía un último recurso ante el Tribunal Supremo, refrenda la decisión del INSS porque la ley establece como requisito imprescindible para ser beneficiario de esta prestación que, desde al menos dos años antes del fallecimiento, la relación estuviese formalizada en un registro de parejas de hecho autonómico o municipal. También valdría si constase en un documento público, esto es, ante notario.

PRIMER DIA DE FUNCIIONAMIENTO  DEL RECIEN CREADO JUZGADO DE LO SOCIAL NUMERO 7 DE VIGO, TEMPORALMENTE UBICADO EN EL DIFICIO DE LA GOTA DE LECHE. / INSTALACIONES.

Funcionarias de un juzgado de lo social de Vigo, en una imagen de archivo / Alba Villar

Pero esta mujer no pudo aportar certificación de que habían hecho ese trámite. "No basta con demostrar la convivencia de hecho desde un punto de vista material, esto es, como un hecho social, sino que es preciso además la acreditación de su constitución como un hecho jurídico", exponen los magistrados, que se apoyan en la jurisprudencia más reciente dictada por el Tribunal Supremo.

'Pseudomatrimonio'

La defensa consideraba que se debería aplicar la doctrina recogida en otro fallo, en el que se razonaba que la existencia de una pareja de hecho se puede probar también a través de un certificado de empadronamiento o cualquier otro medio de prueba válido "que demuestre la convivencia de manera inequívoca". Todos los elementos enumerados en la primera línea, exponían los abogados, "ahondan en la existencia pública, notoria, pacífica y reconocida de esta pareja de hecho".

Los jueces no cuestionan que se cumpliese el requisito de convivencia en los cinco años previos al óbito, pero insisten en que la legislación, tanto la vigente en el momento de los hechos como la actual, impone como imprescindible que se oficializase la unión: "Exigir la formalidad de la inscripción en el registro de parejas de hecho o el documento público al efecto (...) supone que esta pareja de hecho, al final, viene a ser una figura encauzada en un marco institucional (algún sector doctrinal habla de 'pseudomatrimonio') que no es civil ni religioso, pero que no está exento de un mínimo de formalismo y que, al igual que genera derechos, también habrá de generar obligaciones".

La ley aplicada para este caso es la reformada en 2007, aunque el texto se modificó a finales de 2021. Con el nuevo redactado, se excluye el requisito de convivencia previa de cinco años en parejas con hijos comunes, pero se ratifica la exigencia de la inscripción como unión de hecho con dos años de antelación. "Ni quiera la evolución legislativa de la pensión podría amparar la pretensión", zanja la sentencia.

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