El Concello indemnizará a Vitrasa con más de 12 millones por las pérdidas durante el COVID

Deberá sumar a esta cifra de reequilibrio económico la compensación por la subida de tarifas de 2021 obligada por el TSXG

Es menos de la mitad de lo que reclama la empresa para aliviar sus cuentas: más de 30 millones

Empresa y trabajadores se reunieron en el Hotel Bahía con la mediadora

Empresa y trabajadores se reunieron en el Hotel Bahía con la mediadora / Marta G. Brea

12.107.630,57 euros. Es la cantidad que figura inicialmente en el informe del reequilibrio económico del Concello a la empresa concesionaria del bus urbano, Vitrasa, por las pérdidas derivadas de la pandemia, el cual está en elaboración. FARO tuvo acceso al documento después de que el BNG, a través de su portavoz, Xabier Pérez Igrexas, desvelase parte de su contenido en una rueda de prensa. La cantidad, que se conoce tres meses y medio después de que el alcalde, Abel Caballero, anunciase su existencia como clave para poner fin al conflicto de la dirección con los trabajadores por la renovación del convenio colectivo –caducado desde finales de 2020–, no es definitiva: una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reciente obliga al ente local a recalcular la revisión de tarifas del bus urbano correspondientes al año 2021 –no se subieron y el tribunal considera que sí se deberían haber incrementado–, por lo que aumentará al tener que compensar a la compañía.

El informe del interventor general del Concello, firmado el 20 de octubre de 2023, está elaborado en base a un dictamen pericial realizado por un economista-auditor de una empresa a petición del Ayuntamiento, el cual estima el importe del reequilibrio en más de 14,4 millones de euros. Es el resultado neto de ingresos y gastos derivados de la explotación del servicio público de la concesión en los ejercicios de 2020, 2021 y 2022, sin incluir el beneficio industrial del 8% de los costes ni los efectos de la negociación colectiva en curso –en base a una actualización de la masa salarial de 2022 de un 6,5%, porcentaje reclamado por el comité–, factores que incorporó la empresa contratada por Vitrasa para elaborar el informe de rentabilidad de la concesión y alegó para reclamar en abril de 2023 más de 30,2 millones de euros de compensación, y tras practicar una serie de ajustes contables en los gastos de explotación reconocidos en las cuentas de pérdidas y ganancias de esos años al tratarse de partidas no originadas por el COVID-19.

Estos gastos incorporados por la empresa y rechazados en el dictamen pericial son pérdidas por deterioro de cuentas por cobrar –casi 3,5 millones de euros de 2020 y 2021– y más de 5,7 millones de una amortización de fondo de comercio que aparecen en las cuentas de 2020, 2021 y 2022. Este fondo de comercio surge en 2002 como consecuencia de una operación de reestructuración societaria para que la sociedad actual, entonces denominada Gestión de Estaciones de Transporte de Viajeros, S.L., se fusionara y absorbiera la sociedad Viguesa de Transportes, S.L. (Vitrasa) –anteriormente, Viguesa de Transportes, S.A.–, concesionaria desde enero del año 1995 –según el contrato vigente; Vitrasa lleva al frente del servicio en la ciudad desde finales de los 60–. Se corresponde con el sobreprecio asumido en su momento en la operación de fusión y tiene que ver con la cuantificación de los beneficios adicionales que se estimó que la compañía podría generar al verse con la capacidad de obtener futuras renovaciones de la concesión.

El funcionario municipal tiene en cuenta la gran mayoría de las consideraciones del economista-auditor contratado, no todas. Rebaja la cifra de indemnización porque considera que la Junta de Gobierno Local del Concello de Vigo ya acordó compensar económicamente a Vitrasa por el impacto ocasionado por la reducción de ingresos debido a la pandemia del COVID por un importe total de casi 5,7 millones –a cargo del Estado central y al amparo de dos decretos–. Entiende, entonces, que el equilibrio de la concesión quedó restablecido en 2020, por lo que excluye este ejercicio para hallar la compensación. De ahí sale su resultado: los más de 12,1 millones de euros –unos 6,7 de 2021 y más de 5,3 de 2022–.

LAS CLAVES

  1. La concesión acaba en junio de 2025

    El contrato, en vigor desde 1995, permite una prórroga de otros 5 años

  2. No existe riesgo de liquidez o solvencia

    Destaca que no hay riesgo en la continuidad de la prestación del servicio.

  3. Sin beneficio ni convenio colectivo

    El Concello retira estos dos factores de la cuenta para hallar el reequilibrio.

El interventor general del Concello deja claro que, si bien las pérdidas de Vitrasa en el ejercicio de 2022, al igual que en los de 2020 y 2021, “fueron importantes y afectaron a la rentabilidad del contrato en su conjunto”, la estructura financiera de Vitrasa “no presenta riesgo de liquidez ni de solvencia en los años que restan de periodo concesional –la concesión acaba el 7 de junio de 2025, pero existe la posibilidad de prórroga de cinco años más, los últimos– ni, por lo tanto, riesgo en la continuidad de la prestación del servicio hasta esa fecha”. En todo caso, coincide con el economista-auditor contratado en que el Ayuntamiento debe compensar y equilibrar las cuentas.

El informe municipal indica que, en el estado de gastos de los presupuestos municipales de 2023, no existía crédito para hacer frente a la posible indemnización a favor de Vitrasa, por lo que, “de ser el caso, previamente a la aprobación o autorización del gasto y la ordenación del pago”, debería realizarse la modificación presupuestaria que proceda. Alerta de que, “dado que, previsiblemente, en el ejercicio de 2024, se producirá la reactivación de las reglas fiscales”, suspendidas para hacer frente a los efectos del COVID, su imputación a las cuentas de este año “podría suponer una situación de déficit en el citado ejercicio, aunque la corporación podrá adoptar medidas para lograr su cumplimiento al finalizar el año”.

El expediente, de casi mil páginas, también recoge la inadmisión por parte de la Oficina Nacional de Evaluación de la petición del Concello para examinar la indemnización. La solicitud llegó el 15 de diciembre y la rechazó el 21 al considerar que no es necesario efectuar este paso previo al haberse adjudicado el contrato de Vitrasa en 1994, año con una normativa en vigor que no exigía su OK.

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