Convivir con desconocidos a los 60 años o quedarse en la calle

Eduardo tiene una discapacidad absoluta desde 2011 y, al año siguiente, se quedó huérfano. Cuando hace año y medio le llegó la orden de desalojo del piso que alquilaba desde hacía una década, poco pudo alegar a la acusación de impago porque siempre lo había abonado en mano. Con la pensión de 577 euros que tenía, no encontraba nada y los bancos tampoco le daban avales ni préstamos. Fue Feafes (Confederación de Salud Mental), quien le llevó a la Asociación Provivienda, a la que está muy agradecido. Hoy vive en un piso compartido, con otras tres personas, aunque convivir con desconocidos a los 51 años no es fácil, “es mejor que estar en la calle”.

Ángeles, con 60 años, también se veía sin techo tras dos matrimonios conflictivos. Diabética con una discapacidad del 65%, con su pensión de 480 euros no podía aspirar a alquilar nada. “Saltaba de alegría” cuando en Provivienda le dijeron que era una de las adjudicatarias de una habitación en vivienda compartida. La convivencia “cuesta”, confiesa y añade: “Pero no puedo pagar vivir sola”.

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Es consciente de que había muchos aspirantes para la habitación con derecho a uso de zonas comunes, por 260 euros, que ella ocupa ahora. “No somos capaces de atender todas las situaciones que entran por la puerta”, señala Ana Pardo, directora de Provivienda Galicia y explica que priorizan “por criterios de vulnerabilidad”: si tienen niños, mayores, discapacidad, enfermedades... “Pero cada vez son más estas situaciones y tan complejas que es muy difícil priorizar”, lamenta.

Una situación que se agrava

A lo largo del año pasado han movido alrededor de 50 viviendas, dando alojamiento a más de cien personas. Y este año ha arrancado con una demanda “diaria muy intensa”, con “una tendencia al alza”. “Aún no hemos trasladado a las entidades los proyectos y ya nos está entrando gente porque tienen un desahucio en ciernes, porque se queda en la calle...”, relata y agrega: “Tenemos más equipo y aún así nos vemos desbordados”.

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Tras un 2023 en el que percibieron un “incremento del coste de la vivienda destacado” en Vigo y, por tanto una reducción de las alternativas, temen lo que llegará cuando se acabe “el escudo” legal que permitió parar desahucios y alzamientos en casos de vulnerabilidad sin alternativa. “Cuando se reanuden, no tenemos soluciones residenciales para estas personas”, denuncia y destaca que el bono de alquiler social no solo ya no es competitivo en cuantía, sino que no resuelve otras barreras con las que se encuentran estas personas, como “el estigma por ser familias gitanas, monoparentales, población inmigrante...”.

Pardo cuenta que han tenido que optar por viviendas compartidas por el “importante” volumen de personas que les llegan perceptoras de una renta mínima individual, una prestación no contributiva u otra pensión de este estilo. “Con menos de 500 euros es inviable que puedan firmar un contrato de vivienda individual”, apunta. Trabajan con ellas la parte relacional. “Avalamos para que el propietario les dé una oportunidad”.

Viendo la tendencia del mercado, Provivienda ha optado por adquirir inmuebles. Pero sus posibilidades en este sentido son “tan pequeñas” que la que han comprado en Vigo el año pasado la destinan a aquellos a los que el mercado ha cerrado la puerta con pestillo. Esperan hacerse con más. Proponen a las comunidades autónomas una colaboración esta línea. "Es otra manera de recuperar parque social" sostiene y defiende: "La Administración tiene que empezar a poner el foco ahí".

Reclaman implicación de todos los agentes

"Lo idílico es que paguemos el 30% de nuestros ingresos, pero nos estamos encontrando con personas que tienen que destinar el 80%, con lo que otras esferas de su vida se quedan sin cubrir", resalta Pardo y apunta a la alimentación o la calefacción. Ruega la implicación de todos los agentes y administraciones. “Es una situación de crisis. No lo resolveremos de la noche a la mañana, pero empecemos”, reclama. También como presidenta de la Rede galega contra a pobreza (EAPN) Galicia, Pardo destaca que han presentado a los partidos políticos un documento con 15 metas, donde las cuatro primeras se refieren a la vivienda. "Es el principal factor de pobreza", resalta. "Necesitamos triplicar la vivienda social existente y, aún así, estaríamos hablando de mínimos".

Advierte contra el "discurso de odio y separación" que está surgiendo con mensajes como "Se están haciendo políticas para dar respuesta a los de fuera". "Hoy en día está en situación vulnerable población local y población migrante. No hay recursos para ninguno". El mayor estigma lo ven con la población gitana y plantea: ¿Cuánto es lícito que una persona o una familia llegue a ocupar una vivienda cuando todo el mercado inmobiliario le cierra las puertas y no hay oferta social?". Recuerda que las cifras de ocupación en Galicia son "mínimas".

¿Cómo trabajan en Provivienda?

En la asociación, que lleva siete años trabajando en la ciudad, son un equipo de más de veinte personas con distintos programas. Una parte de su día a día es la localización de alquileres en el mercado. "No tenemos un parque de viviendas sociales para adjudicar. Hemos hecho un trabajo de sensibilización y mediación durante años y tenemos muchos propietarios que prefieren abaratar un poco el coste porque saben que eso funciona. Tienen la garantía de lo que van a recibir", explica Pardo.

Otra parte de su labor es el acompañamiento social. También pusieron en marcha un área de empleo para tratar de mejorar los ingresos de sus usuarios. Y como estas situaciones "tienen un fuerte impacto en el estado emocional", además, han incorporado una parte de apoyo psicológico.

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