Nueve entidades piden a Concello y Xunta más viviendas sociales: al menos el 15% del parque
Solicitan medidas con partidas en los presupuestos para garantizar el derecho a un hogar digno, un registro de propiedades disponibles, la promoción del alquiler público y el fin de los desahucios sin alternativa habitacional
Imagen de archivo de una concentración del colectivo Os Ninguéns en el barrio de O Calvario de Vigo / Alba Villar
Que la vivienda social, es decir, a precios más asequibles, suponga al menos el 15% del total del parque olívico –a nivel gallego, según los datos de 2019, no llegaba al 4%–. Es una de las reclamaciones que han enviado por carta al Concello de Vigo y la Xunta de Galicia nueve organizaciones: Amnistía Internacional, Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, Fundación Érguete-Integración, Os Ninguéns, parroquia del Cristo de la Vitoria, Fundación Proclade, Provivienda, Rede Social Galicia Sur y Sindicato de Inquilinas de Vigo, Tui e Baixo Miño.
El objetivo es que ambas entidades incluyan en sus presupuestos de 2024 medidas para garantizar el derecho a acceder a un hogar en condiciones. Para conseguirlo, han remitido una misiva al alcalde, Abel Caballero, y a la delegada del gobierno gallego en Vigo, Ana Ortiz. Lo hacen ahora, cuando se cumplen dos meses del incendio con cuatro víctimas mortales –una madre y tres de sus hijos– en infraviviendas de un edificio de la calle Alfonso X el Sabio.
Para garantir el derecho a la vivienda, las nueve organizaciones proponen al Concello de Vigo y la Xunta de Galicia un decálogo de medidas: seis urgentes y cuatro a medio plazo. En el primer grupo, indican la necesidad de establecer un registro adecuado de las viviendas disponibles en Vigo, incluidas las de la Sareb para alquiler social, y adoptar medidas para evitar que se incremente el número de casas y pisos vacíos, así como permitir que a estas puedan entrar personas que lo necesitan.
Estas nueve entidades también consideran inaplazable promover alquileres sociales, en particular, de carácter público, creando y dinamizando una bolsa de viviendas de arrendamiento “con garantías” para los propietarios y disponibles para “situaciones de emergencia”, como el desalojo forzoso producido hace más de un mes de 46 vecinos de dos edificios de la calle Fisterra por riesgo de incendio, donde se encontró el cuerpo sin vida de un ciudadano.
Creen clave, a su vez, aplicar urgentemente las medidas de control de precios en zonas tensionadas según la nueva ley estatal de vivienda y garantizar el incremento necesario de los recursos humanos y financieros en las partidas de los presupuestos de 2024 dedicadas a los servicios sociales para que puedan desarrollar su labor de forma eficaz, así como recoger en estas hojas de ruta económicas un epígrafe con un objetivo “cuantificable” que posibilite alumbrar un parque de al menos un 15% de viviendas destinadas a políticas sociales, incluido el arrendamiento social.
Las nueve organizaciones recogen en su decálogo remitido a las administraciones cuatro propuestas a medio plazo. Manifiestan que es preciso elaborar con la participación de las organizaciones especializadas y las personas afectadas un plan plurianual que determine un porcentaje anual de incremento progresivo del parque de vivienda social y establezca un calendario para alcanzar “a la mayor brevedad posible” el objetivo del 15% del estándar europeo del parque municipal de vivienda social.
También piden a los responsables del Ayuntamiento de Vigo y la Xunta de Galicia que garanticen que “ningún desahucio deja a las personas en la calle”: reclaman “potenciar” el programa contra desahucios del Concello “con un protocolo específico de actuación” en casos de expulsiones por causa de impago hipotecario o de alquileres. El objetivo: asegurar que “toda persona desahuciada dispone de una alternativa habitacional adecuada, que debe ser pública, en caso de que otra solución no esté disponible, garantizando una vivienda alternativa a personas sin recursos”.
Además, exigen que se incorpore la perspectiva de género en las políticas municipales de vivienda, “dado que las mujeres tienen una mayor tasa de riesgo de pobreza, mayor precariedad laboral y peores indicadores socioeconómicos”, y que “se garantice la no discriminación con medidas para evitar cualquier tipo de discriminación en el acceso a la vivienda que posibiliten el acceso a todas las personas residentes en España”.
El precio del alquiler se duplicó en la última década
Con el precio medio del alquiler por las nubes en Vigo –se duplicó en la última década– y una cifra de demandantes de vivienda protegida que no deja de aumentar –son ya 6.886 130 más que hace mes y medio–, la petición de vivienda social gana cada vez más protagonismo.
“El Concello debe pedir a la Xunta el control de precios”
Incide en esta cuestión Adolfo Telmo, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Vigo, Tui e Baixo Miño. “O prezo medio a principios de 2023 era de 590 euros”, apunta. Denuncia que, en 2022, hubo 266 desahucios en la provincia. “Pedimos ao Concello que solicite á Xunta a aplicación do control de prezos de alugueiros en zonas tensionadas”, añade. “Desde o verán, morreron en Vigo 16 persoas en situación de senfogarismo”, anota Carla Leiras, de Os Ninguéns.
“El incendio de Alfonso X pone de manifiesto que urge un plan de vivienda social”
Ana Pardo, portavoz de Provivienda, destaca que el “tráxico incendio de Alfonso X pon de manifesto a necesidade urxente dun plan de vivenda social”. José Ángel Iglesias, vocero de Cáritas Diocesana de Tui-Vigo, cree que las medidas señaladas por las nueve organizaciones “mitigaría o impacto deste problema”.
Isabel Flores, portavoz de Amnistía Internacional, considera clave “acadar en Vigo a media europea do 15% de vivenda social” con un plan plurianual. Ana María Álvarez, vocera de la Fundación Érguete-Integración, lamenta que la vivienda social en España solo representa “o 2,5%”. “Moi lonxe de Países Baixos (30%), Austria (24%), Dinamarca (21%), Suecia (19%) e Francia (16%)”, apostilla Carmen López, de Proclade.
“Hay que aplicar un enfoque de género y adoptar medidas”
Juan Antonio Terrón, portavoz de la parroquia del Cristo da Vitoria, alerta de que “as condicións do mercado inmobiliario son un obstáculo insuperable para moitas persoas en situación de vulnerabilidade”. Fran del Riego, portavoz de la Rede Social Galicia Sur, que agrupa a 16 organizaciones de Vigo, deja claro que, “para garantir o acceso ao dereito á vivenda, non hai unha única receita máxica, senón que cómpre adoptar medidas, a non discriminación e o enfoque de xénero”.
“Vermú polos dereitos humanos”, acto organizado por Amnistía Internacional en el Café de Catro a Catro / Alba Villar
Amnistía Internacional organizó un “Vermú polos dereitos humanos” en el Café de Catro a Catro para celebrar el 75 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU. Participantes leyeron artículos del documento relacionados con la vivienda, memoria democrática, sindicalismo, derechos de las mujeres y LGTBI+, migración, asilo o defensa del medio natural. El acto terminó con un llamamiento al cese del fuego permanente en Gaza.
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