El exalcalde de Baiona declara que tenía tarjeta para aparcar donde lo multaron

Las primeras dos sesiones del juicio por el caso de las multas impuestas al exalcalde de Baiona Carlos Gómez Prado por aparcar en zona de carga y descarga en la céntrica calle Elduayen de dicha localidad fueron como el día y la noche. Si el primer día los policías locales que llevaron el caso ante la Fiscalía afirmaron al unísono que desconocían la existencia de una tarjeta que le habilitase para estacionar en dicha zona, este viernes los dos acusados y los testigos propuestos por la defensa, entre ellos dos concejales que estuvieron en el equipo de gobierno del regidor socialista y otros agentes municipales, sostuvieron lo contrario: que esa tarjeta existía en la fecha de las sanciones. Gómez Prado se declaró inocente y manifestó que cuando le impusieron las cinco multas en abril, mayo y junio de 2021 ya disponía de dicha autorización documental, si bien se la había olvidado en el coche de su padre, que usó en alguna ocasión ya que el suyo, que “andaba mal de salud”, lo tuvo que llevar varias veces al taller. “Nunca aparqué allí hasta que tuve la tarjeta”, aseguró.

El exalcalde, hoy concejal y portavoz del PSOE en Baiona así como diputado provincial, afronta 3 años de cárcel y 17 de inhabilitación acusado de retirarse irregularmente las multas y de usar una tarjeta fraudulenta presuntamente elaborada con posterioridad a las sanciones para justificar los estacionamientos. Esta es la tesis de la Fiscalía. Con él en el banquillo se sienta el actual jefe de la Policía Local del municipio baionés, Plácido Viéitez Pérez. Ambos tuvieron la oportunidad de declarar en último lugar en el juicio tras los policías denunciantes y demás testigos –y no al principio como era la norma hasta ahora– en virtud de una reciente doctrina del Tribunal Supremo.

"Solicité la autorización en 2020"

A preguntas del fiscal –la única parte que le preguntó ya que las defensas declinaron hacerlo– Gómez Prado, que fue alcalde de 2019 a 2023, arrancó diciendo que no tiene ningún “conflicto directo” con los policías que denunciaron y reconociendo que estacionó en carga y descarga. Pero alegó que disponía de la tarjeta que le autorizaba a hacerlo ya que se la había solicitado “oralmente” en diciembre de 2020 a Plácido, entonces jefe en funciones de la Policía Local. Y puntualizó que aparcó en la zona de carga y descarga, y no en la de vehículos autorizados, al interpretar que podía hacerlo ya que el otro lugar habilitado estaba ocupado por camiones que surtían de mercancía a establecimientos de hostelería y restauración de la localidad.

Cuando el ORAL de la Diputación de Pontevedra le notificó las sanciones, presentó alegaciones. “Alegué que en el ejercicio de mis funciones había aparcado en dicha zona”, dijo, señalando que le pidió un informe al otro acusado ya que era el jefe policial que le entregó en su día la tarjeta. Las posteriores resoluciones del ORAL que estimaron sus alegaciones archivando el procedimiento y las multas llegaron a la Alcaldía. “Las firmó el alcalde, es decir yo”, admitió. El exregidor declaró que cuando recibía estos expedientes no los leía, porque él “no tenía potestad” de modificarlos: “Quien instruye es el ORAL y quien decreta es la Alcaldía; no soy consciente de haber firmado esos decretos, firmé sin saber lo qué firmaba”.

"¿Cómo es posible que usted sea juez y parte?"

“¿Cómo es posible que usted sea juez y parte?”, le preguntó el fiscal. “Lo hecho hecho está”, contestó, indicando que él no podía “modificar el trámite administrativo”. Sobre el pleno en el que se abordó el tema de las multas, el acusado quiso puntualizar que la oposición [el PP lo denunció públicamente] ya había sacado con anterioridad la cuestión a la luz en “redes sociales” y “en prensa”. “Esto es política”, valoró.

"Elaboré la tarjeta en el ordenador y se la entregué"

El jefe policial baionés declaró a continuación y suscribió que el exalcalde le pidió la tarjeta: “La elaboré en el ordenador y se la entregué”. La orden que la avalaba y que permite a los agentes tener conocimiento de la misma tiene fecha de 16 de diciembre de 2020. “Quedo expuesta de forma perenne en sede policial”, aseguró. Los policías denunciantes indicaron que, a dicha fecha, nunca habían visto dicha orden en el tablón. Estos agentes también dijeron que la tarjeta que vieron después de las multas no sería en todo caso válida, cuestión que negó el acusado. “Cuando cogí la jefatura en 2022 fue cuando se le dio una formalidad distinta a esas autorizaciones”, zanjó.

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