El Juzgado de Instrucción Número 2 de Vigo investiga al alcalde Baiona, Carlos Gómez Prado, por un presunto delito de prevaricación administrativa. La Fiscalía ha presentado una querella contra él por haberse retirado supuestamente varias multas de aparcamiento a sí mismo y el juez la ha admitido a trámite y abierto diligencias.
El regidor dispone de una tarjeta de vehículos autorizados firmada por el jefe de la Policía Local
El regidor ya ha prestado declaración ante el magistrado, que ha interrogado a diversos testigos y citado a agentes de la Policía Local la próxima semana para esclarecer el caso, además de solicitar documentación al Ayuntamiento.
5 sanciones
Hace un año que el asunto de las multas fue denunciado públicamente por el PP. El grupo de concejales populares aseguraba que se le habían anulado un total de cinco multas por estacionamiento indebido y por importe de 880 euros en total al vehículo particular del alcalde. Los ediles habían descubierto la cuestión en la documentación del pleno, a través de los decretos de Alcaldía que se trasladan a la Corporación para su debate. Según aquellos documentos, agentes de la Policía Local habían denunciado a Gómez los días 30 de abril, 3 y 4 de mayo y 6 y 7 de junio de 2021 por aparcar su coche en el espacio restringido a la carga y descarga de la céntrica calle Elduayen, ubicada junto al espacio para vehículos autorizados del Concello. El propio Gómez había alegado por escrito ante el ORAL, entidad encargada de tramitar las sanciones, y solicitaba la anulación al entender que podía estacionar allí gracias a una tarjeta de autorización expedida por la Policía Local, que en esas cinco ocasiones “había olvidado”. Un informe del jefe del cuerpo de seguridad municipal lo avalaba.
Al no recibir contestación a sus preguntas al respecto y no figurar la fecha de expedición de la tarjeta en ninguna parte, los populares sospechaban que había sido tramitada después de las multas “para camuflar el asunto”. Recordaban que la ordenanza municipal prohíbe aparcar en zonas de carga y descarga en el horario estipulado para dichas tareas, con excepción de los vehículos de personas con movilidad reducida. No hace referencia a los vehículos autorizados, para los que existen otras zonas reservadas.
En aquel momento, Gómez Prado retaba al Partido Popular a acudir a la Fiscalía en lugar de “dedicarse a desacreditar”. No fueron ellos los que lo hicieron sino un grupo de policías locales que decidieron tomar medidas al repetirse las anulaciones hasta en cinco ocasiones.
Hubo una sexta vez, según volvieron a denunciar los ediles populares, el pasado septiembre en la misma zona de carga y descarga de Elduayen.
Gómez se declara “muy tranquilo”
El alcalde prefirió no realizar declaraciones ayer respecto al asunto por estar bajo investigación judicial. Únicamente afirmó estar “muy tranquilo” porque confía, indicó, en la justicia “y no hay nada que ocultar”. En su momento, cuando el PP había hecho públicas sus sospechas alrededor de las multas anuladas, aseguró que “cumplió con la normativa en todo momento” e invitó a sus oponentes políticos a acudir a los juzgados en lugar de dedicarse a montar a “una campaña de desprestigio”. Había señalado que dispone de una tarjeta de vehículo autorizado expedida por la Policía Local y firmada por el jefe de la misma. Explicó que si aparca “en zona de carga y descarga en algún momento es porque está llena la zona de vehículos autorizados” y señaló que usa su coche particular para sus tareas diarias como alcalde y se desplaza varias veces cada mañana.
