Los policías que denunciaron al exalcalde de Baiona: “No es venganza, solo queremos que se haga justicia”

El exalcalde de Baiona, el socialista Carlos Gómez Prado, se sienta desde ayer en el banquillo de la Audiencia de Vigo por la presunta autoría de delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental acusado de retirarse, en su época de regidor, cinco multas derivadas de las denuncias interpuestas por policías locales del municipio por estacionar su vehículo en zona de carga y descarga en la calle Elduayen. También se le atribuye el uso de una tarjeta fraudulenta presuntamente elaborada ad hoc tras las infracciones para justificar que los estacionamientos estaban autorizados. El juicio, en el que también está acusado el actual jefe de la Policía Local baionesa, Plácido Viéitez Pérez, arrancó con el testimonio de los agentes que denunciaron estos hechos en la Fiscalía , que negaron actuar por “venganza”, sino simplemente con el ánimo de que “se haga justicia”. “Nosotros no teníamos ningún problema con el alcalde”, concretó uno de ellos, que sí reconoció la conflictividad existente en el seno de la jefatura policial y su “mala relación” con el mando que comparte banquillo con el exregidor: “Sufro acoso continuo”. Los encausados declararán al final de la vista, y no en primer lugar como es habitual, en virtud de una novedosa doctrina del Tribunal Supremo.

Querella de la Fiscalía

Gómez Prado, hoy concejal y portavoz del PSOE en Baiona así como diputado provincial, afronta 3 años de prisión y otros 17 de inhabilitación para empleo o cargo público. Para el jefe policial el fiscal pide idéntica pena de cárcel, pero la de inhabilitación la rebaja a seis años y medio. El juicio es consecuencia de la querella presentada por el Ministerio Público a raíz de la denuncia de un grupo de siete policías locales, entre los que estaban los que le pusieron las multas al exalcalde los días 30 de abril, 3 y 4 de mayo y 7 y 9 de junio de 2021. Estos agentes fueron citados para declarar en la vista y todos coincidieron en que se enteraron de que dichas sanciones habían sido anuladas a raíz de un pleno municipal. “La oposición lo sacó a relucir y ahí explotó el tema; a raíz de eso quisimos saber cómo eso era posible si a nosotros no nos habían llegado las alegaciones [contra dichas multas]”, afirmaron. Los policías también manifestaron que no tuvieron conocimiento de que el alcalde dispusiera en aquella época de una tarjeta que le permitiese aparcar en zonas reservadas. “No hubo comunicación oficial de ningún tipo”, declaró uno de estos testigos. Varios de ellos indicaron además que, a su juicio, la licencia de aparcamiento aportada ni siquiera cumplía con los requisitos de validez. “No consta que haya un expediente administrativo asociado a ella, no hay nada... Es como hacer una copia de papel”, concretó un efectivo policial.

Junto a un mando policial

La tesis de la Fiscalía es que el exregidor, para eludir las sanciones por aparcamiento, se puso “de acuerdo” con el jefe policial –en aquella época oficial y segundo en el escalafón– y adujo que por razón de su cargo tenía una tarjeta de estacionamiento autorizado que no había colocado en el vehículo los días de las multas porque la había olvidado en otro coche. La acusación sostiene que en realidad dicha tarjeta se elaboró con posterioridad a las multas y que el instructor del expediente de la ORAL archivó los procedimientos “omitiendo el preceptivo traslado de las alegaciones a los policías denunciantes”. En todo caso, aunque dicha tarjeta fuese válida, dice el fiscal, “no ampararía el estacionamiento en zona de carga y descarga”, sino solo en “espacios habilitados al efecto”.

También compareció el que era jefe de la Policía Local en la fecha de los hechos, Pedro Alonso, hoy jubilado. En una declaración confusa, dijo que el problema surgió estando él de vacaciones. Sobre la tarjeta afirmó que a su juicio, “y sin prejuzgar”, “no vería mal” la expedición de un permiso al alcalde para usar “en el ejercicio de sus funciones”. Le posibilitaría aparcar en lugares reservados para vehículos autorizados, aunque acabó reconociendo que no valdría para zonas de carga y descarga como en la que multaron a Gómez Prado.

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