El asalto frustrado (por ahora) a la Zona Franca

En Vigo, a nivel político, social y económico, hay cuatro instituciones clave de poder: Concello, Puerto, Diputación y Zona Franca, que actúan como agentes dinamizadores, cada una en su ámbito, y cuyo gobierno, directa o indirectamente, depende de resultados electorales. Hasta el pasado 28 de mayo, el PSOE controlaba tres (Concello, Zona Franca y Diputación) y el PP, uno (Puerto). Ahora las tornas se han invertido: el buen resultado de los populares en las municipales, con la excepción de en Vigo (donde pese a subir en 5.000 votos solo cuenta con 5 concejales frente a los 19 de Abel Caballero), les ha devuelto la Diputación, hoy presidida por Luis López con Marta Fernández-Tapias y Rafa Domínguez como segundos de a bordo y vicepresidentes con plena autonomía en Vigo y Pontevedra, respectivamente. Esta alteración de poderes permite al PP estrechar el cerco político sobre el alcalde de Vigo, al controlar una institución durante 8 años gobernada por su teniente de alcalde, Carmela Silva, con la que firmó múltiples acuerdos para financiar proyectos de tanta envergadura como la reforma del estadio municipal de Balaídos.

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Tras los resultados del 28-M, con el PP envalentonado y con los vientos de las encuestas –y de cambio de ciclo– a su favor, los populares pusieron en el punto de mira a la gallina de los huevos de oro de Vigo, el mayor agente económico público de Galicia: la Zona Franca. Hay que tener en cuenta que en sus parques empresariales (Balaídos, Bouzas, PTL, Nigrán, A Granxa y Plisan) se genera el 30% del valor añadido bruto (VAB) de la provincia y el 20% del empleo, con la planta de Stellantis como principal recurso, lo que le garantiza un flujo de ingresos constante y capacidad para invertir como ningún otro agente económico en la comunidad. En la formación conservadora ya daban por hecha la llegada de Feijóo a la Moncloa, y por extensión, la toma de control del consorcio, que depende del Ministerio de Hacienda. Tendrían así en su mano tres de las cuatro grandes instituciones de la ciudad, dejando a Caballero sin aliados más allá del respaldo mayoritario cosechado en las urnas.

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Pero ese asalto a la Zona Franca no ha podido ser. O al menos por ahora. Los resultados del pasado domingo no garantizan la mayoría absoluta necesaria al PP para gobernar, ni en solitario ni con Vox, mientras que la resistencia del PSOE y del resto de partidos del bloque de izquierdas y nacionalistas ha hecho que, al menos desde el punto de vista aritmético, pueda reeditarse un gobierno de coalición progresista, frustrando, si eso llega a suceder, la toma popular de la Zona Franca. Habría entonces un empate, un equilibrio de fuerzas entre PSOE y PP en Vigo: los socialistas controlarían Concello y Zona Franca, con el apoyo de ese hipotético gobierno de izquierdas, y los populares, la Diputación y el Puerto, de la mano de la Xunta de Galicia.

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Principalmente, por su capacidad de acometer inversiones y dinamizar el territorio. Las últimas cuentas presentadas aún con David Regades (ahora diputado) al frente recogían solo para este año una inversión de 74 millones de euros, que se ampliará hasta los 275 millones hasta 2025. La Zona Franca encabeza además proyectos cruciales para el futuro industrial del área, desde la ampliación de polígonos como Balaídos o Valadares –siguiendo la planificación del nuevo Plan Xeral– a la puesta en marcha de la primera planta de chips fotónicos de España, la construcción del World Car Center (WCC), el impulso al futuro circuito de pruebas para vehículos autónomos del CTAG, la rehabilitación de La Panificadora o la conversión del antiguo centro de informática de la antigua Caixanova en López Mora en el que será el primer centro de negocios del consorcio en Vigo (los que tiene ahora están en Nigrán y Porriño). Entre otros.

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Zona Franca es además la casera de la primera industria del sur de Galicia, Stellantis, que no tiene instalaciones en propiedad: el fabricante de coches paga un alquiler por las naves, así como un canon de producción que varía en función del número de vehículos que se ensamblan al año. Además, Zona Franca recibe a través del Ministerio de Hacienda parte de lo que paga la multinacional automovilística en España a través del Impuesto de Sociedades, lo que se denomina “recurso financiero”, y que es la verdadera fuente de ingresos –o al menos una de las más importantes– del Consorcio.

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Controlar la Zona Franca es, pues, controlar una fuente de ingresos y el principal brazo industrial del sur de Galicia. Para el PP, recuperar esta institución permitiría por una parte aislar todavía más al regidor socialista y a la vez dar un giro a la política industrial: los populares no ven con buenos ojos que Zona Franca financie proyectos de ciudad, como la recuperación de La Panificadora –pese a que ha sido gracias al Consorcio que se han llegado a desarrollar actuaciones tan importantes como Abrir Vigo al Mar– ni el traslado de su sede al edificio del antiguo Rectorado en Areal –lo que permitió liberar espacio en Bouzas para empresas–, y defienden que el ente se centre en la misión para la cual fue concebida en origen: crear suelo industrial y dar apoyo a las empresas.

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