La indemnización del crimen de Baiona: la familia la fija en más de un millón de euros

Una de las cuestiones que cobrará relevancia en el futuro juicio contra Ángel Rodríguez da Costa, “Lito”, el autor confeso del crimen machista de Baiona, es la de las indemnizaciones que deberá afrontar por el asesinato del que ya se confesó autor en el marco de la investigación judicial en marcha. Y, a requerimiento de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo –que en mayo dictó una providencia pidiendo la fijación de la cuantía por la que debía de efectuarse el embargo preventivo de las cuentas bancarias y activos patrimoniales del investigado con el fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de dicha vista oral–, las acusaciones han determinado, de forma provisional y a efectos de dicho embargo, esas responsabilidades civiles.

La acusación particular, que representa a la familia de la víctima y que toma como referencia para el cálculo la reciente sentencia del triple crimen de Valga, las cifra en un total de 1, 2 millones de euros. Y la acusación popular que ejerce la Xunta interesa una cuantía de 940.000. La fiscal, mientras, no establece por el momento cantidad alguna dado el “momento incipiente” en el que está la instrucción, si bien en su escrito pidió que se diese “inmediato cumplimiento” al embargo de los bienes del presunto agresor, diligencia que de hecho acaba de ordenar la jueza.

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Ángel Rodríguez, en la actualidad en prisión preventiva, asesinó supuestamente a su exmujer Beatriz Lijó Gesteira provisto de un cuchillo y un hacha y en presencia de los dos hijos de solo 6 y 9 años de edad que tenía en común con la víctima. Los abogados que representan a la familia de la mujer, en el escrito dirigido al juzgado en el marco de la pieza de responsabilidad pecuniaria, establecen de forma provisional una serie de responsabilidades civiles.

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Por un lado, 200.000 euros para cada uno de los dos niños como indemnización por la muerte de su madre y otros 150.000 también para cada menor por los delitos de lesiones psíquicas que se les causó al cometerse el crimen en su presencia. Y, por otro lado, interesan 80.000 euros para cada uno de los tres hermanos de la fallecida. Y, acudiendo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, indican, “establece que la cantidad que ha de fijarse en concepto de responsabilidad pecuniaria procedente no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de dichas responsabilidades”, determinan que la cuantía global asciende a un total de 1.240.000 euros.

Esta acusación afirma en su escrito que las cantidades se “consideran razonables y ajustadas a derecho” ya que, indican, han tomado como referencia para establecerlas la reciente sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra contra José Luis Abet, el hombre que asesinó a tiros a su exmujer junto a la madre y a la hermana de ésta en septiembre de 2019 en Valga.

El triple crimen, al igual que ocurre en el caso de Baiona, lo cometió ante sus dos hijos menores, que tenían 4 y 7 años entonces, sometiéndolos, concluyeron los magistrados, a una “traumática y violenta visión” que, dada su corta edad, les produjo “secuelas de gravedad”. Dicho fallo judicial –que vio insuficiente acudir como referencia al baremo de tráfico y que aceptó casi en su totalidad el “techo máximo” solicitado por la acusación particular “dada la proporción del daño causado”– fijó, además de para otros familiares de las víctimas, una indemnización para cada niño de 400.000 euros: 200.000 por la muerte de su madre, 80.000 por las de su abuela y su tía y 120.000 por las lesiones psíquicas inflingidas.

El gobierno autonómico

Atendiendo al requerimiento de la jueza, la abogada de la Xunta en la causa por el crimen de Baiona también cuantifica unas cantidades en concepto de responsabilidad civil: 400.000 euros para cada uno de los menores por el fallecimiento de su madre y por los daños psíquicos que se le causaron y 70.000 euros para cada uno de los hermanos de Beatriz, resultando una cifra total de 940.000 euros.

Ya practicada la averiguación patrimonial del investigados y recibidos los escritos de las acusaciones personadas en el procedimiento, la jueza instructora, en una diligencia que tiene fecha de este pasado 27 de junio, ordena el embargo de los bienes que constan de Ángel Rodríguez, claramente insuficientes para cubrir las cantidades interesadas por ahora de modo provisional para las futuras responsabilidades civiles.

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Por un lado, la magistrada establece que se oficie a la entidad bancaria para bloquear las cuentas y activos patrimoniales de los que es titular el presunto asesino. Y acuerda también que se libre mandamiento al Registro de Bienes Muebles de Pontevedra para la anotación preventiva de embargo del vehículo de su propiedad.

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