Yate de 23 metros y chalet en La Finca: la impúdica vida de Novás
Adquirió el lujoso buque “Mansoor”, del fallecido (y también condenado) Jorge Dorribo
Eusebio Novás Hay cumplirá 38 años en agosto. Los ha exprimido al máximo, al menos en lo que concierne a su trayectoria empresarial.
Tiene páginas de YouTube, blogs o de podcast; en todas ellas, sin contenido publicado en ninguna, se define como un “empresario gallego establecido en Dubai, donde tiene su residencia y su centro de operaciones, para gestionar las diversas empresas que posee en diferentes países del mundo”.
A su nombre registró, en efecto, firmas en Reino Unido (Vinova Export Limited, en 2017) o Hungría (Vilnos Trading). Pero vive realmente en la Comunidad de Madrid, en La Finca (Pozuelo de Alarcón), por el que paga unos 7.000 euros mensuales a un conocidísimo exjugador de fútbol profesional. Toda la retahíla de sentencias y procesos en su contra no ha afectado, como ha podido averiguar FARO en distintas fuentes, a su ritmo de vida.
Novás es propietario de un yate de lujo de 23 metros de eslora y 5 de manga, el Mansoor. Antes de disfrutar de él, esta embarcación había pertenecido al fallecido Jorge Dorribo Gude, principal encausado de la Operación Campeón, fundador de Laboratorios Nupel y epicentro de una trama de fraude de subvenciones y tráfico de influencias.
El yate, de pabellón español pero con los nombres Qatar y Doha en la popa, abandonó Sanxenxo el pasado viernes rumbo Andalucía. Un depósito de gasoil para este barco costaba, antes del subidón de precios del último año, más de 4.000 euros.
“Esta persona ha estafado a muchísima gente, lleva quince años haciéndolo”
Fue su empresa la que realizó la excavación para construir un polo logístico y de elaborados de pescado en el polígono de Baión, que nunca se levantó. Lo contrató Vinova, oficialmente comandada por el venezolano Juan José Villamizar Velásquez.
Pero Troitiño con quien trató fue con Eusebio Novás, vinculado al anterior en varias mercantiles y en la quiebra de Hiperxel. “No pagaron tampoco a los arquitectos, y el aval de 75.000 euros que entregaron al SEA [Suelo Empresarial del Atlántico, una entidad mayoritariamente pública] era falso. Me debe 960.000 euros, me ha dejado sin nada”. La administración concursal, ejercida por el despacho Lener, acaba de iniciar la investigación de las cuentas de la cadena de congelados para determinar cómo fue su colapso.
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