La huelga alcanza ya los 1.000 juicios suspendidos en Vigo sin visos todavía de solución

“Aquí sin el letrado de la Administración de Justicia no se mueve ni un papel”. Esta frase, pronunciada hace unas semanas por un funcionario de un juzgado de Instrucción de Vigo, resume a la perfección la dimensión del papel que juegan estos profesionales en las oficinas judiciales y las consecuencias del paro que protagonizan desde el pasado 24 de enero. Y es que cumplidas seis semanas de huelga y sin visos de una pronta solución al estar las negociaciones paralizadas, en los juzgados vigueses ya se ha alcanzado la cifra simbólica de los 1.000 juicios suspendidos. Y los efectos van más allá, porque junto al parón en la tramitación de denuncias, demandas y de todo tipo de expedientes y al brusco descenso en la notificación de resoluciones judiciales, en la ciudad olívica tampoco se están practicando los desahucios ni los embargos y las subastas continúan en mínimos: ayer solo había dos activas, la de un piso en la avenida de Florida y la de una plaza de garaje en la calle Magallanes.

La huelga de los letrados judiciales se eterniza y empieza a recordar a la que realizaron los funcionarios del mismo ámbito en 2018, que duró la friolera de tres meses. A la espera de lo que ocurra ahora, está claro que este paro está pasando factura a la actividad judicial. Desde el 24 de enero y hasta este pasado viernes 3 de marzo se suspendieron 1.063 juicios. Casi la mitad, concretamente el 45%, se concentraron en la jurisdicción civil (juzgados de Primera Instancia ordinarios y de Familia), donde ya hubo que aplazar 475 vistas. Otras 321, que representan el 30%, se suspendieron en la jurisdicción laboral y 264, el 25%, corresponden a la penal. Donde la huelga apenas tiene impacto es en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo que, con solo tres juicios pospuestos, funcionan con total normalidad.

A diario

“Todos los días se están suspendiendo juicios; lo noto mucho por ejemplo en los juzgados de Primera Instancia, donde nos han aplazado vistas de todo tipo: desahucios, reclamaciones de cantidad, accidentes de tráfico...”, resume el abogado vigués Carlos Borrás. De hecho, teme que un juicio que le pospusieron hace un mes ya a causa de la huelga y que se volvió a fijar para esta semana se suspenda por segunda vez por el mismo motivo. Otra cuestión en la que incide es en la parálisis de las cuentas de consignaciones judiciales. “Hay clientes con sentencias ganadas y en fase de ejecución que no está recibiendo el dinero”, explica.

La huelga también está afectando de lleno a los juzgados de Familia. En dos de ellos solo se realizan servicios mínimos. “Hay muchos procedimientos de divorcio que están en un limbo”, afirma la letrada Isabel Olcina, resaltando que esta cuestión, directa o indirectamente, perjudica a los menores de edad. “Tengo muchos convenios pendientes de ratificar y eso afecta a las guardas y custodias, al pago de las pensiones alimenticias, a todo lo relativo a quien se queda o se va del domicilio familiar...”, ejemplifica.

Junto a la jurisdicción civil, se nota la parálisis en varios juzgados laborales y también en un buen puñado de los tribunales del ámbito penal. “Junto a la suspensión de juicios, se están recibiendo menos notificaciones y no se están tramitando muchos procedimientos”, expone el abogado Felipe Prado. “Tengo el 95% del trabajo paralizado”, añade rotundo el penalista Ramón Pérez Amoedo. Algo que no solo engloba vistas orales y tomas de declaraciones, sino también las denuncias que ha formalizado en las últimas semanas. “Todas las que presenté durante el último mes están paralizadas”, indica este letrado, que lleva dos importantes casos, el de la joven Déborah y el del crimen de Rosalía de Castro, que también están afectados por la huelga. “Ambos están parados”, confirma. Pese a los perjuicios en su día a día, como otros compañeros Amoedo apoya “plenamente” el paro de los letrados judiciales: “Sus reivindicaciones ya vienen de lejos, son legítimas y justas; echo de menos más solidaridad con ellos por parte de otros operadores judiciales”.

Suscríbete para seguir leyendo