Más de medio centenar de desahucios y embargos, parados por la huelga de letrados judiciales

Los pagos en pensiones o indemnizaciones siguen retenidos | Los abogados les trasladaron su preocupación por las suspensiones

Letrados judiciales de Vigo participaron en una asamblea sobre la evolución de la huelga. |   // A. VILLAR

Letrados judiciales de Vigo participaron en una asamblea sobre la evolución de la huelga. | // A. VILLAR / e. villanueva

Cumplida ya la primera semana de huelga, los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) se reunieron ayer para valorar el impacto que está teniendo este paro indefinido para la dinámica judicial así como las negociaciones con el Ministerio. El balance deja en torno a 350 juicios suspendidos, decenas de pagos en pensiones o indemnizaciones retenidos, más de 300 notificaciones pendientes de ser enviadas y desahucios y embargos paralizados.

Servicio Común

Y es que el Servicio Común de Notificaciones y Embargos también se suma a esta parálisis con medio centenar de actuaciones suspendidas hasta que se desconvoque la huelga. “Dentro de los servicios mínimos fijados por el Ministerio no están incluidos ni los desahucios ni lo embargos. Una vez acabe la huelga volveremos a señalarlos progresivamente, lo antes que podamos”, señala Fernando Varela, LAJ de este servicio.

Notificaciones

Además de las ejecuciones de embargos y desahucios, este servicio se ocupa de la notificación de cientos de resoluciones o requerimientos de monitorio. Gran parte de ellas también están paralizadas. “La mayor parte de las notificaciones que tenemos son civiles y tampoco están incluidas en los servicios mínimos. Lo que sí hacemos son notificaciones en materia penal, o incluso alguna civil, que pueden ser urgentes. Por ejemplo, actuaciones como citaciones para diligencias preliminares, temas de despidos, vulneración de derechos fundamentales o cuando intervenga un menor... Pero son pocos casos, el grueso de lo que se hace en Primera Instancia está paralizado. No nos lo mandan y aunque nos lo mandasen, nosotros tenemos cosas acumuladas que no se están haciendo porque no son servicios mínimos ni causas urgentes. Todo lo que tenemos pendiente del día 24 de enero lo seguimos teniendo a día de hoy –por ayer–”, explica Varela.

Negociación

La única solución para retomar este trabajo pasa por que el cuerpo de LAJ y el Ministerio de Justicia lleguen a un acuerdo relativo a la adecuación salarial respecto a las nuevas competencias y responsabilidades que han ido asumiendo. En este proceso poca o ninguna mejora se ha percibido en estos ocho días de huelga. “De momento el acuerdo está muy lejos. Directamente el Ministerio no nos ha convocado. Esperamos que en algún momento alguien con responsabilidad y preocupación por el ciudadano diga que esto no puede seguir”, urgía ayer Juan Yáñez, letrado judicial en Vigo perteneciente a una de las asociaciones convocantes –UPSJ– y portavoz del comité nacional de huelga.

Aumento del seguimiento

Pese a ello, reconoce que el seguimiento no solo no ha ido retrocediendo, sino que “al no poder solicitarse permisos ya correspondientes el año 2022”, los profesionales que han secundado el paro indefinido aumentaron. “Los compañeros siguen fuertes y animados, y es que a cada movimiento del Ministerio más indignación y más motivo tenemos para seguir. Tenemos que pensar a largo plazo, esto nos va a costar pero vamos a pelearlo”, relataba Yáñez. En las próximas movilizaciones del colectivo destaca una concentración el viernes en Santiago de Compostela para luego reunirse con la Consellería de Xustiza.

Abogados y procuradores

En medio de esta ronda de encuentros, ayer se reunieron con los decanos de los Colegios de Abogados y Procuradores, Lourdes Carballo y José Antonio Fandiño, para dialogar sobre la afectación al ciudadano. “El ciudadano está empezando a notar ya la huelga; la decana de los abogados nos ha manifestado que cuando estos hablan con sus clientes ya les trasladan la situación. La gente no tiene una vinculación inmediata con el juzgado. Pero ahora, a principios de mes, lo van a notar todavía más porque es cuando recibimos los importes embargados de pensiones y nóminas. Llegarán a la cuenta de consignaciones y quedarán ahí. El juzgado embarga las cantidades que le corresponde a la persona condenada para dársela a la beneficiaria o indemnizada; familias, pensiones de alimentos, perjudicados de delitos... La cuantía queda retenida. Por nuestra mano no está prolongar la huelga, queremos llegar a un acuerdo negociado por eso pedimos también que desde sus organismos y Colegios pidan o exijan una solución al conflicto”, sentencia Yáñez.