La revolución de los letrados judiciales

El 1 de octubre de 2015 los hasta entonces llamados secretarios judiciales veían cumplida una demanda histórica. Ese día pasaron a denominarse letrados de la Administración de Justicia (LAJ), un cambio que reivindicaban para poner fin a los equívocos sobre la función que realmente desempeñaban. El origen de esta figura hay que buscarlo en la Edad Media, cuando surgieron como fedatarios públicos, función que conservan siglos después pero a la que, a lo largo de la historia, se le fueron sumando cometidos hasta la auténtica metamorfosis que esta profesión ha vivido desde 2009, es decir, durante los últimos 14 años. Funcionarios públicos que constituyen “un cuerpo superior jurídico” con “carácter de autoridad”, resume la Ley Orgánica del Poder Judicial, a día de hoy los letrados judiciales ostentan la dirección de la oficina judicial, asumen funciones procesales que van desde la admisión a trámite de las demandas hasta la ejecución de las sentencias pasando por los trámites propios de la preparación de los juicios y han adquirido incluso la competencia directa sobre ciertos procedimientos como los monitorios –el litigio civil estrella para reclamar deudas– o las conciliaciones. Y ellos también son los responsables, a través de las cuentas de consignaciones, de todo el dinero que día a día se mueve en los juzgados.

Casi 200 diligencias, declaraciones y juicios suspendidos en Vigo por la huelga

Esta introducción es básica para entender varias de las causas de la huelga indefinida que desde este 24 de enero protagonizan los letrados judiciales en toda España, una medida de presión y todo un pulso al Ministerio de Justicia que vino precedido de paros parciales y que, en su primera semana, ha tenido en Vigo un seguimiento de un 50%, lo que ya ha provocado la suspensión de más de 180 juicios y el bloqueo de todo tipo de trámites en los juzgados cuyos LAJ están secundando una protesta de la que, por ahora, no se vislumbra su final.

“Hemos hecho todo lo posible por evitar esta huelga, pero llevamos 14 años esperando”

Juan José Yáñez Pena - Juzgado de lo penal 1 de Vigo (portavoz comité de huelga)

Pero, ¿cómo se ha llegado a este punto? ¿qué ha llevado a este cuerpo jurídico tan poco dado a priori a estas medidas a colgar temporalmente la toga para defender sus derechos laborales y salariales? Juan José Yáñez Pena, letrado judicial en el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo y vocal en la ejecutiva de una de las tres asociaciones convocantes –UPSJ–, es la cabeza más visible de este paro en la ciudad olívica y tiene un papel clave a nivel nacional, como portavoz del comité de huelga. “Hemos hecho todo lo posible para evitarla; tenemos responsabilidad de cara a nuestros juzgados, sabemos que muchos ya están sobrecargados de trabajo y no queríamos adoptar una medida tan drástica que provocase su parálisis; pero fuimos avisando con paros parciales en 2022, avisamos también con antelación de esta huelga indefinida y el Ministerio de Justicia se ha despreocupado de nuestras demandas, ha mostrado y está mostrando una tremenda irresponsabilidad”, resume.

La huelga ralentiza la justicia también en Vigo y bloquea el pago de indemnizaciones, pensiones o deudas

Las principales demandas

¿Cuáles son sus reivindicaciones? Paula Portela Lora, letrada judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Ponteareas, expone una de ellas. “Pedimos la adecuación del salario a las funciones nuevas que nos dieron en 2009 y en 2015; asumimos cometidos que antes hacían jueces y magistrados y primero por la crisis económica y después por la pandemia eso no fue compensado económicamente...”, afirma. Y la paciencia, añade, “se ha acabado”. “Llevamos ya 14 años esperando a esa adecuación y la situación se ha vuelto insostenible”, expone.

“Debe adecuarse el salario a las nuevas funciones que nos dieron en 2009 y 2015”

Paula Portela Lora - Juzgado de primera instancia e instrucción 3 de ponteareas

Otro motivo de conflicto son los grupos de población. Los letrados judiciales están divididos en cinco grupos y quieren quedarse en solo tres, como los funcionarios judiciales o los forenses. Porque la actual clasificación, explican, provoca que un LAJ de una localidad pequeña con juzgados mixtos reciba “retribuciones mucho menores” que el resto. “Hay que reducir la brecha salarial entre los que ejercemos en los pueblos y los que lo hacen en las ciudades”, concreta Paula Portela, que, destinada en Ponteareas, lo sufre directamente, conjuntamente con no disponer de “libranzas” para compensar las guardias de disponibilidad que deben hacer: “Enlazas 12 días sin derecho a descanso”.

“Luchamos por algo tan básico e importante como tener negociación colectiva propia”

Rocío Collazo Fernández - Juzgado de primera instancia número 7 de Vigo

Junto a tener también una “cláusula de enganche” que acerque sus salarios a los de los jueces, este colectivo en huelga hace hincapié en otra de sus reivindicaciones. De hecho, para Rocío Collazo Fernández, del Juzgado de Primera Instancia 7 de Vigo, es quizás el “motivo más importante” del paro. “Luchamos por tener una negociación colectiva propia”, explica. “Lamentablemente, a estos efectos estamos dentro del censo general de funcionarios judiciales y al representar nosotros solo el 10% de esa plantilla nos es imposible tener representantes; en la práctica son los sindicatos generalistas, pero nunca nos defienden”, agrega Juan J. Yáñez sobre la situación.

Sin marcha atrás

Estefanía Ave Prieto, del Juzgado de Primera Instancia 12 de Vigo especializado en Familia y delegada territorial en Galicia de UPSJ, también reivindica ese derecho a “negociar nuestras condiciones laborales nosotros mismos” y considera que el devenir de la huelga que hoy inicia su segunda semana depende del Ministerio de Justicia “Por nuestra parte, llegados hasta aquí, no hay marcha atrás”, avanza.

“Llegados a este punto ya no hay marcha atrás; todo depende del Ministerio de Justicia”

Estefanía Ave Prieto - Juzgado de primera instancia número 12 de Vigo (Familia)

También es letrada judicial de Familia, en Primera Instancia 5, Ana Mª Pazos Gómez. “Secundo la huelga porque tengo la sensación de que se han olvidado de nosotros”, apunta. Como sus compañeros y compañeras, reconoce que la decisión de unirse al paro fue “difícil”. “Somos un servicio público, en mi juzgado por ejemplo entran en juego intereses muy delicados y lo último que quieres es perjudicar a los ciudadanos y a los profesionales, pero es que el ministerio no nos ha dejado otra vía; como trabajadora tengo derecho a reivindicar mis derechos y si nos callamos y no actuamos nunca lo conseguiremos”, reflexiona.

“Seguir el paro fue una decisión difícil, porque lo último que quieres es perjudicar al ciudadano”

Ana María Pazos Gómez - Juzgado de primera instancia número 5 de Vigo (Familia)

¿Cuánto durará la huelga? “Ni un día más ni un día menos de lo necesario”, zanjan sobre una protesta que, resumen, ya ha tenido algo positivo: “Se ha producido toda una revolución en el cuerpo; con independencia de cuál sea el desenlace, hemos cambiado, se ha despertado el orgullo de ser letrado judicial”.

“Toda actuación judicial, incluso la notificación por Lexnet, se hace bajo nuestra supervisión”

Ana Belén Nieto Fernández es letrada de la Administración de Justicia desde 2004. Tras estar destinada en Almendralejo (Badajoz) y Ceuta, desde 2016 ocupa la plaza del Juzgado de Instrucción 4 de Vigo, el que está de guardia desde que el martes empezó la huelga. “El servicio de guardia se prestó con total normalidad”, afirma, al estar comprendido en los servicios mínimos. Hay más actuaciones de su juzgado, ajenas a la guardia, que también deben tramitarse al entrar en juego “derechos fundamentales” o para no causar “perjuicios irreparables”. Pero todo el resto, al secundar ella el paro, está paralizado: “Yo he cumplido exclusivamente con los servicios mínimos”.

Lo que se deja de hacer en un juzgado en una huelga así no es baladí. “Sin el letrado judicial la actividad de un juzgado se paraliza de forma íntegra, no se puede avanzar en ninguna fase del procedimiento”, resume. Pone un ejemplo, la notificación a través de Lexnet: “Claro que el juez puede dictar sentencia e incluso integrarla en el sistema, pero no se puede notificar: el requisito de la publicación requiere de la firma del letrado judicial”. Una firma que también es básica para celebrar juicios y un sinfín de actuaciones más. “La parte incómoda de la huelga es que el ciudadano y el profesional ven que su asunto se paraliza sine die, pero es algo a lo que nos hemos visto abocados”, concluye.

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