La España escorada por la amnistía

Desde 1977 no se recuerda tanto ruido a cuenta de una medida de gracia. Entonces también hubo una amnistía y parecido ruido. Ahora, con franqueza, este raca-raca de que España se rompe resulta ya cansino. Cada vez que la derecha no gobierna, España se rompe, dicen ellos. Lo dijeron cuando Zapatero negoció la rendición de ETA. Lo dijeron cuando Sánchez acordó los indultos a los condenados por el procés. Incluso lo dijeron hace hoy casi 90 años: “La abierta Rebeldía de la Generalidad de Cataluña contra el Estado español nos hace asistir a un espectáculo más triste que el de la misma rebeldía: el de la indiferencia del resto de España, agravada por la traición de los partidos como el socialista, que han pospuesto la dignidad de España a sus intereses políticos” . Traición, dignidad de España, intereses políticos… parece que hablan del presidente Sánchez. Pues no. Ese texto es un discurso del 15 de junio de 1934, de Primo de Rivera, fundador de la Falange.

Pero es más: el raca-raca cansino se torna en irritante cuando se recuerda cómo España casi se rompió por culpa de un gobierno del Partido Popular, la mayor máquina de producción de independentismo catalán. Empezaron por impugnar ante el Tribunal Constitucional el Estatut de Autonomía aprobado por el parlamento catalán en 2006 y ratificado por las Cortes españolas. Luego montaron mesas plegables por todas las plazas españolas recogiendo firmas contra el Estatut, casi idéntico, por cierto, al estatuto de Andalucía. Incluso para cerrar el círculo y asegurarse una mayoría conservadora, recusaron al magistrado progresista Pérez-Tremps con la peregrina excusa de que había escrito artículos doctrinales sobre la reforma del Estatut y por ello estaba jurídicamente contaminado.

Con la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucionales más de 20 artículos de su Estatut, los catalanes reaccionaron con una lógica previsible: ¡el voto independentista pasó del 13% a más del 50%!

Y luego sucedió lo que todos conocemos, la ley de desconexión unilateral de España y la convocatoria de un referéndum ilegal. Mariano Rajoy miró para otro lado, abdicó de hacer política y dejó el asunto en manos de la policía y de los jueces. La policía fracasó rotundamente y los jueces se pusieron las botas: los delitos cometidos fueron muy graves por un código penal que mantenía un delito medieval: la sedición.

Tampoco los espías del CNI localizaron las 10.000 urnas con el escudo de la Generalitat adquiridas en la provincia china de Guangzhou en julio de 2017 y almacenadas durante meses en Marsella a la espera del referéndum. Eran tres contenedores completos que viajaron a principios octubre a Illa, un pueblo del sur de Francia. Hasta allí se acercaron cientos de activistas con vehículos particulares, quienes cargaron más 800 cajas con 12 urnas cada una y cruzaron la frontera con destino a los colegios electorales. De toda esta logística llevada adelante por civiles entusiastas, pero aficionados, el CNI no se enteró de nada.

Tampoco se dio la orden ¡elemental¡ de ocupar con policías unos días antes los institutos y centros de enseñanza para impedir la apertura de los colegios electorales. Un despropósito que mostró al mundo los inútiles porrazos de nuestra policía y obligó a intervenir la Generalitat por la vía del artículo 155 de la Constitución y a denunciar a los tribunales a los políticos del Procés, asunto por cierto, en el que Sánchez apoyó a Rajoy sin fisuras. 

El resultado es sabido por todos: que algunos dirigentes del procés huyeron en el maletero de automóviles con destino a Europa. Que otros dirigentes no huyeron y fueron condenados por el Tribunal Supremo por delitos de sedición y malversación, más tarde indultados de la pena de cárcel, pero no de inhabilitación, es sabido por todos.

Pero no es sabido por todos que los juzgados de lo penal catalanes tienen señaladas vistas en la próxima primavera para enjuiciar a unos 1.500 funcionarios que abrieron sus institutos en domingo o colocaron urnas y que las penas solicitadas por la fiscalía incluyen cárcel. Si nada lo impide, en 2024 habrá un largo goteo de ciudadanos ingresando en las cárceles catalanas.

¿Es éste un grave problema de orden público y de interés general que debe atajarse o no lo es? ¿Dejamos inflamar Cataluña de nuevo, o votamos en las Cortes una ley de amnistía para liberar a los jueces de dictar las condenas que impone el Código Penal? Admito dos respuestas igualmente lícitas a esta cuestión: Sí o No.

Pero lo que resulta inadmisible es que quien ha inflamado el sentimiento independentista catalán, quien hizo la gigantesca chapuza política, policial y de los servicios de inteligencia en lo relativo al referéndum ilegal, es quien ahora, cuando toca remendar su puta calamidad, nos toca los huevos con que España se rompe por culpa de Pedro Sánchez.

Pero no se va a romper. Se trata de acordar o no una medida de gracia, porque este es el tema: el Partido Popular está haciendo una causa belli de una simple medida de perdón. No se trata de modificar el Código Penal: si lo volviesen a hacer, volverían a la cárcel.

Tampoco es cierto que la amnistía cambie el relato de los hechos y blanquee a los independentistas. Esas conductas seguirán siendo delictivas a futuro, pero los hechos concretos, anteriores y no posteriores a una ley de amnistía, quedan perdonados, olvidados, que es lo que significa amnistía en griego.

Sumar presenta en Barcelona el dictamen de los juristas consultados por esta formación sobre una eventual amnistía

Dicen que la amnistía no cabe en la Constitución, aún antes de conocer la Ley, ni los hechos perdonados, ni las personas afectadas ni la motivación política de la norma. Que la amnistía no está en la Constitución es tan cierto como tampoco lo está la ley del matrimonio homosexual, la ley del aborto o la ley de eutanasia. Pero son constitucionales. Porque la Constitución responde al principio kelseniano de ‘favor libertatis’, es decir, deja al legislador libertad de configuración siempre que no incurra en algo explícitamente prohibido por ella.

Entonces nos atacan con que la Constitución prohíbe los indultos generales. Y en consecuencia ha de entenderse prohibida la amnistía. Porque si se prohíbe lo menos grave, se ha de tener por prohibido lo más grave. Esto lo argumentó en un programa de TV la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura. Me causa fascinación semejante estupidez en boca de una jurista. Los indultos son una medida de gracia que compete al Gobierno, mediante decreto. La amnistía es una medida de gracia que compete a las Cortes, mediante ley. Lo que prohíbe la Constitución es habilitar al Gobierno para aprobar una amnistía disfrazada de indulto general, pues ello equivale a la apropiación por el Gobierno de las facultades de las Cortes, asunto que sucedió con frecuencia en nuestra historia moderna.

La portada del FARO DE VIGO que adjunto es del día 12 de noviembre de 1975, seis días después de la muerte de Franco. Dice que el Gobierno aprobó por Decreto un indulto general para celebrar la proclamación del Rey Juan Carlos: esa tradición de los gobiernos de España de decretar indultos generales es lo que prohíbe la Constitución y no otra cosa distinta, pues, recordemos, la Constitución es hija de una amnistía aprobada en 1977.

Esa amnistía de 1977, que ahora contraponen como amnistía legítima a la amnistía a los implicados en el procés, por ser ésta injusta e inmoral, contó entonces con los votos en contra de Alianza Popular, germen del actual Partido Popular. Así pues que no nos enreden: olvídense de la Constitución; por ahí van mal. Dijeron que no a la amnistía de 1977 y dirán que no a la que pueda aprobarse en 2023. Está en su ADN.

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