“El viento de los próximos diez años debe quedarse en Galicia, es nuestro patrimonio”

Las quinielas con los sustitutos posibles de Francisco Conde en la Consellería de Economía, Industria e Innovación cometieron la torpeza de no revisar la trayectoria de María Jesús Lorenzana. No entró en ninguna cábala, a pesar de su recorrido por media Xunta en los últimos diez años. Antes de asumir la cartera de Promoción do Emprego e Igualdade en septiembre de 2020, esta letrada autonómica nacida en A Coruña en 1981 fue ya secretaria general técnica de áreas tan diversas como Traballo e Benestar, Medio Ambiente e Ordenación do Territorio y Medio Rural. Suelta una buena carcajada cuando se le pregunta por cuántas personas pueden haberse sorprendido por su enésimo salto. “Con toda la humildad, pasar por cinco consellerías te permite ver el funcionamiento distinto y a la vez parecido de la administración y dónde están los cuellos de botella”, asegura. La nueva encargada de liderar la política industrial y energética de Galicia dice que hereda “muchísimo trabajo hecho” con el mandato del presidente Alfonso Rueda de “agilizar la tramitación de proyectos, conseguir que vengan a Galicia los fondos Next Generation y avanzar en todo el binomio industria-energía”.

–Llega a una consellería recién remodelada para, entre otros cambios, crear otro servicio técnico-jurídico por “la creciente carga de recursos” contra proyectos renovables.

–La reforma del conselleiro Conde es para garantizar el derecho de los ciudadanos a recurrir y que la administración cumpla su deber de despachar en plazo. Dar celeridad, dentro de la agilidad administrativa que estamos intentando imponer en toda la administración, a la tramitación de los expedientes ante la cantidad de proyectos eólicos que teníamos sobre la mesa por los plazos y los hitos del Ministerio para la Transición Ecológica. Galicia fue la primera comunidad que los cumplió.

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–El real decreto para mantener el derecho de acceso y conexión entró en vigor en diciembre de 2020 y hubo incluso una ampliación de plazos. ¿Por qué el refuerzo de personal no se hizo antes? Autorizar en dos meses tantos parques como los seis años anteriores, ¿entiende que puede levantar suspicacias?

–Siempre hemos hecho una planificación eólica ordenada y compatible con el territorio. Las tramitaciones son largas, es cierto, pero se aceleraron. Otras comunidades no llegaron. Aquí se reforzó el equipo precisamente para cumplir los plazos, garantizando que todos los proyectos eólicos tuvieran una declaración de impacto ambiental ordinaria, algo que no siempre hace el Ministerio con los proyectos de su responsabilidad. Con esa agilidad administrativa hemos demostrado que somos capaces de cumplir al máximo nivel las garantías ambientales.

–El TSXG lleva ya unas cuantas suspensiones cautelares de autorizaciones. Solo esta semana se emitieron dos nuevas y el caso de la repotenciación del parque de Corme puede generar una situación muy complicada por la jurisprudencia del Supremo.

–La autorización de ese parque estaba mal tramitada, un error jurídico que podemos cometer cualquiera. La reducción de plazo de exposición púbica de 30 a 15 días en una normativa autonómica no puede contravenir la normativa básica comunitaria y, de hecho, la tramitación del resto de parques en esa situación se repitió.

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–Y eso no se recurrió al Supremo, a diferencia de la obligación de tener los informes sectoriales antes de la exposición pública del proyecto.   

–Es lo que tiene que estudiar el Supremo porque, además, transciende a los proyectos eólicos. Vamos a defender nuestra postura ante una interpretación dudosa. Prefiero no hablar porque se tiene que examinar jurídicamente. Otra cuestión diferente son las medidas cautelares a las que te referías y ahí tengo una opinión como jurista.

–¿Cuál?   

–Las medidas cautelares deben estar basadas en la presunción de un buen derecho o un peligro de mora procesal. Esos parques que están cuestionados tienen como el resto una declaración de impacto ambiental ordinaria. Todos conocemos, por supuesto sus señorías también, la cantidad de informes sectoriales que se solicitan. Como jurista me parece muy dudoso que se pueda estimar una medida cautelar de suspensión en base a un informe pericial que se aporte, y no digo que el técnico que lo haga no sea competente. Ese tipo de medidas cautelares crean...

–¿Inseguridad jurídica?   

–Inseguridad jurídica, sí, con independencia, por supuesto, del fondo del asunto. Lo que se desprende de esos autos es un desconocimiento de la relevancia de la declaración de impacto o que se está poniendo en tela de juicio el trabajo de los técnicos expertos funcionarios públicos.

–El 1 de julio acaba la moratoria para presentar nuevos proyectos de eólica. ¿Se levantará?   

–No hay ninguna otra ley que diga lo contrario.

–¿Qué tal va el sondeo de interesados en participar en la futura sociedad público-privada de promoción de renovables para reinvertir en Galicia el beneficio?   

–Hay un número importante de empresarios interesados. Con la manifestación de interés veremos un poco el panorama para empezar a trabajar sobre el pacto de socios, el modelo de gobernanza y los proyectos en concreto. Hay que ser muy cautos. Que sea una canción que guste a todo el mundo. Puede cambiar Galicia. En un momento de cambios, los territorios que se posicionen desde el punto medioambiental y también social, serán capaces de atraer proyectos. Somos la primera comunidad que incorpora los beneficios sociales en la declaración de impacto ambiental y la primera que regula la sostenibilidad social respecto del bienestar laboral de los trabajadores en cuestiones como la racionalización de horarios o la perspectiva de género en la ley de Igualdad que ahora mismo está en el Parlamento. La finalidad es atraer y retener el talento. De ahí también el binomio que estamos intentando establecer en la energía y la industria. Somos una potencia en renovables, pero también hay que serlo en los costes para las empresas cuando se instalan aquí. Lo que tiene que quedar claro es que podrá participar quien quiera. Es una lucha por Galicia, por el territorio de Galicia. El viento de los próximos diez años debe quedarse porque es un patrimonio de la comunidad.

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–¿Por qué la Xunta pasó de una clara reticencia en la eólica marina a urgir el desarrollo en Galicia, coincidiendo además con la entrada de Rueda en la presidencia?   

–No creo que haya habido un cambio de postura. Al final es un tipo de energía nueva que hay que estudiar, ver su viabilidad y, lo más relevante para nosotros, su compatibilidad con el sector pesquero. Por eso se creó el Observatorio de la eólica marina.

"Por supuesto que la eólica marina es viable en Galicia y puede ser compatible con la pesca”

–¿Y es compatible?   

–Defendemos, por supuesto, que es viable en Galicia y es posible compatibilizarla con la pesca. Pero hay que escuchar a todos los sectores, algo que no sucedió con la elaboración de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo.

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–Galicia recuperó antes su nivel de PIB prepandemia porque tampoco se desplomó tanto en la crisis sanitaria. Pero, como en anteriores fases de recuperación, muestra crecimientos más débiles.  

–Cuando te recuperas más rápido, también te estabilizas antes.

–Pero el diferencial respecto al conjunto del país acaba siendo negativo.

–Las cifras de enero a abril en negocios de la industria y comercio son las mejores de la historia. Somos ahora mismo el sexto polo industrial de España. La bajada del paro va unida a la subida de afiliaciones, más de un millón ahora mismo, que es una cosa que siempre destaco porque eso significa que los desempleados dejan de serlo porque encuentran trabajo. Estamos superando el escenario macroeconómico que habíamos previsto en el plan estratégico.

“Las cifras no demuestran que la economía esté estancada”

–Vamos, que la economía no está estancada.

–¿Me lo estás preguntando?

–Le traslado el mensaje de esta semana del presidente del Partido Popular y expresidente de la Xunta.

–Estoy hablando de Galicia y las cifras no demuestran que estemos estancados.

–¿Teme que se enquiste el conflicto del metal en Pontevedra.

–Somos superrespetuosos con la negociación colectiva. Lo digo públicamente: estamos aquí para ayudar, apoyar de manera informal o de la que sea, si ven necesidad de una mediación. Está siendo un conflicto duro, pero yo espero que en breve encuentren un punto en común.

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–¿Qué espera de la inmediata convocatoria de las nuevas líneas del Perte VEC?   

–Este, como otros temas coordinados por el ministerio de Nadia Calviño y otros ministerios, demuestra la desconexión del Gobierno, la falta de diálogo constante y continuado con el tejido productivo, lo que deriva en el desconocimiento de las necesidades de cada sector. De la primera convocatoria sobró mucho dinero y Stellantis no consiguió acceder.

–Consiguió 15 millones. Su proyecto no se adaptaba a los criterios.   

–O al revés. Cuando sobra dinero en una convocatoria habrá que replanteársela porque ya pasó con otras. País Vasco y Cataluña recibieron ayudas directas para el vehículo eléctrico. No estamos pidiendo eso para Stellantis, pero, cuando se trata de la primera fábrica de automoción de España, al menos hay que tener en cuenta las necesidades de los proyectos que puedan ser viables. A partir de ahí, que vayan todos en concurrencia. El ministerio se ha quedado con la totalidad de los fondos, cuando la competencia exclusiva en esa materia es de las comunidades autónomas. A la hora de repartirlos, no se tiene en cuenta su voz. No quiero pensar que se quiere desplazar a Stellantis, pero hay una especie de soberbia en ministerios que al final provoca una gestión absolutamente ineficiente de los fondos Next Generation.

–De otros Perte, como el del hidrógeno, varios proyectos de Galicia recibieron fondos.   

–Hay excepciones, claro.

–Me refiero a esa idea que lanza constantemente la Xunta de que no llega el dinero cuando usted viene de una consellería que recibió para varios planes.   

–Del Mecanismo de Recuperación.

–Que es el núcleo central de los fondos, presentes en muchos contratos y programas de la Xunta.   

–No digo que no haya fondos. Eso sería un escándalo nacional, pero se ha convocado el 30% y resuelto el 20%. Eso es una mala gestión. Creo que puede afirmarse que nunca hubo tantos proyectos para asentarse en Galicia. La Xunta tiene deberes que hacer. Dar agilidad administrativa, conseguir energía más barata mediante el entendimiento de la eólica con la industria, formar a las personas e inculcar la sostenibilidad a las empresas. Pero el ministerio tiene mucho que hacer, que esos fondos lleguen para la recuperación porque no son fondos del ministerio.

–Tampoco de las comunidades.   

–Tampoco. Pero es que yo he llegado a escuchar a algunos hablar de “los fondos de Pedro Sánchez”. Quedarse con el 100% de los fondos en algo que no tienes competencias ya es tremendo. Vamos a pensar que lo hacen para la igualdad de todos los españoles y la coherencia de todo el sistema.

–O de los proyectos que tengan peso realmente, ¿no?   

–Ahí voy. ¿Entonces los proyectos de Galicia no tienen peso? ¿Que el proyecto de Altri, el de Stellantis no tiene peso y sí el del vehículo eléctrico de País Vasco o Cataluña? No creo que el Gobierno esté diciéndole a Galicia que esos proyectos no tienen muchísimo valor desde todos los puntos de vista, sobre todo en zonas que han sufrido pérdidas industriales importantes y procesos de transición energética.

–Menciona a Altri. Teniendo en cuenta que la fábrica de fibras textiles cuesta 800 millones, ¿el proyecto prevé suficientes clientes a precios competitivos?   

–El proyecto se definió en el marco de la sociedad Impulsa y es un proyecto viable.

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–¿Cómo van los contactos con Dicastal para la posible implantación de la fábrica de llantas y con BYD para una factoría de coches eléctricos?   

–Con independencia de la decisión empresarial, en ambos casos Galicia ha demostrado tener un posicionamiento sólido. Las fortalezas de nuestra candidatura son fruto del trabajo de años en los que se ha creado un marco propicio y con la suficiente flexibilidad para acoger y desarrollar grandes proyectos en torno a la automoción.

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