La sociedad mixta de renovables tendrá mayoría privada, pero la Xunta se reserva poder de veto

El nombre de la futura ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia es tan largo como la nómina de actividades que la Xunta pretende regular con el objetivo común, según el presidente, de “establecer una serie de mecanismos” para que los frutos de ese uso “reviertan” en la comunidad. No hay cambios en la vocación, pero sí matices de calado respecto al anuncio que el propio Alfonso Rueda hizo sobre la normativa hace mes y medio. La columna vertebral es una sociedad mixta con la que la administración autonómica quiere participar directamente en instalaciones renovables como la eólica terrestre y marina o “aquellos que hagan un uso intensivo de agua, las iniciativas mineros o las de biogás”. Su presencia no será mayoritaria en el capital para, según detalló ayer el vicepresidente primero y conselleiro de Economía, Francisco Conde, “permitir un plus de agilidad en la gestión” y facilitar la incorporación de inversores, aunque la Xunta se guarda un as en la manga. Tendrá “voto cualificado”, algo así como una acción de oro para vetar la entrada en proyectos que no sean “de interés para Galicia”.

La letra pequeña del todavía anteproyecto de ley se conocerá maña cuando está previsto que salga a exposición pública tras el visto bueno ayer del Consello de la Xunta. En “las próximas semanas” se abrirá también “una manifestación de interés” para testar a las posibles empresas que quieran formar parte de la sociedad. No se abrirán las puertas ni a las energéticas, ni a aquellas que tengan vinculaciones con el sector, ni tampoco a firmas con sede social fuera de Galicia.

Esa empresa conjunta de mayoría de capital privado tendrá capacidad para promover directamente proyectos. En caso de ser una accionista más de otra iniciativa, su presencia se canalizará con la constitución de filiales. Conde enfatizó que los proyectos de energía renovable “a pequeña escala” no lo tienen fácil para conseguir financiación y esta será una opción para facilitarla.

En la definición de lo que se entiende por beneficio social y económico, el anteproyecto, según apuntó el vicepresidente primero, recoge la mejora de las condiciones de vida en las zonas ricas en recursos naturales, fomento de su cohesión, protección del medio ambiente, promoción de nuevos instrumentos de reinversión de los beneficios, creación de empleo y negocios, impulso a la participación de inversores y administraciones locales, reducción de costes de energía y dependencia energética de consumidores y empresas e industrias. Todo eso, además, se tendrá en cuenta en las evaluaciones rutinarias de la administración autonómica a los proyectos presentados para su autorización.

El anteproyecto de la ley de recursos naturales incluye un fondo con aportaciones empresariales para recuperar suelo quemado por incendios, medidas para la implantación de renovables en áreas industriales y el polémico canon que la Xunta aspira a aplicar a los cables de conexión de la eólica marina a tierra. Según la tensión de la línea y si es aérea o soterrada, la cuantía irá de los 10.000 a los 58.000 euros por kilómetro. La recaudación se destinará a alimentar a la sociedad mixta prevista en la norma, a labores de conservación del medio ambiente y a “la justa contraprestación” para la pesca.