Condenada la empresa de Vigo que reformó el campo de Forcarei por no pagar 37.000 euros a un albañil

Una empresa radicada en Vigo, filial de una multinacional italiana, tendrá que abonar una factura de 37.163,93 euros por los trabajos de albañilería realizados por un autónomo en la reforma del campo municipal de fútbol de Forcarei. Ambas partes discrepaban sobre la factura girada por el trabajador y los jueces le han dado la razón a este último.

El Concello de Forcarei adjudicó a la empresa Limonta Sport Ibérica S. L. la primera fase para la renovación de las instalaciones deportivas, por un total de 238.505,34 euros. Los trabajos, destinados a colocar la hierba sintética, arrancaron en octubre de 2020 y parte de las obras se subcontrataron a este autónomo, que fue dado de alta como trabajador de la contratista durante algo más de tres meses.

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La firma —filial española, con sede en Vigo, de un grupo italiano con presencia en Australia, América del Sur o Marruecos— consideraba que el abono de facturas por importe de 15.689,69 ya zanjaba la relación entre las partes y se negaba a pagar otra minuta de 37.163,93 euros. Discrepaba de los precios reflejados en la misma y aducía la existencia de "desperfectos" en la obra.

Sin embargo, tanto el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Vigo como la Sección Sexta de la Audiencia Provincial,en una sentencia de este febrero, le han dado la razón al autónomo y le han impuesto, además, los intereses y las costas a la multinacional. Contra este fallo cabía recurso.

"Deficiencias"

El fallo, a partir del análisis de un perito, establece que los precios recogidos en la factura son incluso inferiores a la media del mercado. Según sus cálculos la cuantía debía ascender a 38.313,78 euros más IVA, cuando lo que se le giró a la empresa fueron 30.713,99 más IVA. Limonta Sport Ibérica S. L. también alegaba que pretendían cobrarle la mano de obra por duplicado, ya que constaba un pago de 2.684,17 euros en concepto de "pago de nómina y finiquito", que se explican porque el autónomo tuvo que ser dado de alta en la adjudicataria de la obra para poder ejecutar los trabajos.

La empresa, además, esgrimía que la obra "presenta defectos", pero dos testigos que sí constaron esas deficiencias aseguraron que habían sido resueltas, sin que la adjudicataria "haya acreditado que asumió el coste de la subsanación de las mismas". Se trata de cuestiones como la falta de atornillado de canaletas de hormigón, atascos en el sistema de riego o la presencia de restos de mortero en el césped. También se probó que se realizó un cajeado de menos profundidad que el previsto, pero, a cambio, se construyeron unas aceras que no estaban planteadas inicialmente.

La defensa de la firma radicada en Vigo también intentó revertir la sentencia inicial por una cuestión formal, en relación con una prueba pericial, pero los magistrados de la Audiencia Provincial avalaron la actuación del juzgado de primera instancia y rechazaron que se produjese la indefensión alegada.

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