Una empresaria de Baiona pierde su casa y su patrimonio millonario por una multa

“Me quedo en la calle y sin el trabajo con el que me gano la vida por una deuda de 15.000 euros”, aseguraba ayer María Fernanda Grande Santos, una conocida empresaria de Baiona, mientras recogía sus pertenencias de la popular tienda Pepita 24h, en el corazón del casco histórico. Una comisión judicial acudía ayer mismo con varias patrullas de la Guardia Civil para que abandonase tres propiedades que fueron suyas en el municipio: el inmueble en la zona monumental que incluye el negocio y dos viviendas, otra edificación con cuatro viviendas en el barrio de O Burgo y una finca de 4.000 metros cuadrados en primera línea de playa en A Ladeira, donde se ubica la discoteca Niu Port, uno de los locales de la recordada recta de Sabarís, donde se concentraban miles de personas las noches de verano en la época dorada de la movida baionesa.

Allí comenzaba a media mañana de ayer la cadena de desahucios. De la sala de baile, que tenía alquilada, tuvo que marcharse el inquilino y hubo que retirar incubadoras de huevos, y gallinas, de las que se hizo cargo una sociedad protectora de animales de la zona. A continuación, la comisión judicial y los agentes acudieron a la casa de O Burgo, donde se encontraron a otro arrendatario, un hombre de avanzada edad en situación de dependencia, razón por la que quedó paralizado el lanzamiento por el momento. Por último, se desplazaron a la tienda y casa en el centro, donde Fernanda Grande y su marido recogieron parte de la mercancía del negocio mientras se cambiaba la cerradura.

El procedimiento que ha acabado con el embargo y subasta de los bienes comenzó a raíz de una multa impagada por incumplir la normativa de Patrimonio en 2009. Tal y como explicó la perjudicada ayer, alguien rompió la puerta de la tienda y colocó una de aluminio blanco y cristal “como la de todos mis vecinos”. Fueron 15.000 euros los le impuso la Dirección Xeral de Patrimonio tras una denuncia por parte del Concello de Baiona por no respetar la estética y materiales autorizados en la zona monumental. En aquel momento, relata la afectada, no pudo afrontar el pago porque acababa de comprar parte de la propiedad de la discoteca de Sabarís y carecía de liquidez. Fue entonces cuando le llegó “notificación del embargo de todo mi patrimonio por esta multa de la Xunta”. Le requisaron el 100% de la sociedad patrimonial Torroña S.L. a su nombre, formada por las tres propiedades.

La comerciante denuncia “desproporcionalidad” del embargo. “Es tremendo que por 15.000 euros se lleven un patrimonio valorado en 3 millones de euros”, protesta. Por esa cantidad millonaria fue tasado el que era su patrimonio, según recalca.

Las propiedades fueron adquiridas por una venta por adjudicación directa, tras quedar desierta la subasta, por un total de 260.000 euros. Tras restar el importe de la multa, la Axencia Tributaria de Galicia se ha puesto en contacto con ella para devolverle los 244.308,87 restantes, pero los rechaza al considerar que los que eran sus inmuebles valen mucho más.

Apuntan además tanto la afectada como sus abogados a “diversas irregularidades” en el proceso. Afirman que “Solo peritaron dos de las tres propiedades, lo que es un menoscabo para mí a la hora de hacer la subasta”, subraya. Añade que “el día que se hace la subasta, la Xunta omite notificarme a mí, por lo que es una situación de indefensión, no tengo derecho a nada, ni a presentar el dinero, ni a presentar un abogado que me defienda ni nada de nada”.

Aseguran también que la venta de las propiedades se realizó “fuera de plazo”, siete días después de finalizar los seis meses que establece la normativa para la venta por adjudicación directa cuando las subastas quedan desiertas. Acudió a la justicia y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no le dio la razón. Agotó todas las vías. Ni el Supremo ni el Tribunal Constitucional admitieron sus recursos. Su lucha ahora se centra en conseguir la nulidad del procedimiento.

Suscríbete para seguir leyendo