Pontevedra es la única urbe gallega que cumple los criterios para ser “zona tensionada” por el alquiler

Pontevedra es la única ciudad gallega que cumple los requisitos para ser declarada “zona tensionada” por el elevado precio de los alquileres. Así lo aseguró ayer la vicepresidenta segunda y conselleira de Vivenda en funciones, Ángeles Vázquez, antes de participar en una reunión sobre “Declaración de zonas tensionadas y sus efectos” con representantes de ayuntamientos y del Observatorio da Vivienda, así como de colegios profesionales, administradores de fincas e inmobiliarias. El objetivo del encuentro era “clarificar” la ley estatal que “está causando muchos dolores de cabeza” para su aplicación, según Vázquez, sobre posibles áreas tensionadas, tras la publicación la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado del índice de precios de referencia para los alquileres.

A su juicio esta información acaba siendo “contradictoria” porque en función de estos datos “ningún concello al completo” podría ser declarado tensionado; únicamente Pontevedra si se incluye uno de los parámetros, mientras que si se tiene en cuenta otro “solo sería un distrito” el que resultaría con esta calificación.

La reunión de ayer llega justo 24 horas después de que el pleno del Concello de Pontevedra acordara, a instancia del PSOE, solicitar esta declaración. El PP votó en contra pero el BNG comparte la propuesta y ya hace unas semanas había anunciado la elaboración de un estudio sobre la situación del alquiler en la ciudad, un informe aún no iniciado por el retraso del presupuesto municipal de este año. Por ello, Pontevedra aún no ha realizado los trámites ante la consellería. Vázquez indicó ayer que, hasta el momento, solo la ciudad de A Coruña ha presentado una instancia, en el mes de octubre, pero “sin ninguna documentación”, para solicitar esta declaración, aunque Santiago de Compostela y Pontevedra también han manifestado públicamente su intención de hacerlo.

El centro histórico, la zona de O Burgo, A Parda, gran parte de Campolongo, Monte Porreiro, el entorno del río e incluso los tramos más próximos al casco urbano de Salcedo, Lérez, Marcón, Salcedo o Mourente, son los ocho emplazamientos de la ciudad en los que el Instituto Galego de Vivenda e Solo considera “tensionados” para el alquiler de viviendas, después de que las cuotas hayan subido más de un 21% en cinco años.

Esas zonas se basan en los códigos postales, por lo que abarcan más territorio del realmente afectado. En todo caso, se aclara que hay dos áreas más “dudosas” (incluye en ellos a Xeve y parte de Salcedo y Tomeza) por el escaso número de alquileres en ellos , que impiden fijar una pauta, y cinco más “no tensionados” , con Campañó, Alba Cerponzóns, Ponte Sampaio o Lourizán y Estribela, en las parroquias, y la zona sur de la ciudad, en especial Mollavao o San Blas. Hay seis áreas sin datos, dos en el casco urbano y cuatro en el rural.

La Xunta ya ha dejado claro que “no va a declarar de oficio” zonas tensionadas, insiste la vicepresidenta, y tendrán que ser los ayuntamientos los que soliciten, con determinadas condiciones. Así, entra “las obligaciones” que establece la propia ley estatal, la conselleira, citó “destinar al menos un 20% de su suelo a vivienda pública” y hacer una planificación a 20 años para este tipo de vivienda, en la que “den respuesta a la problemática” detectada. También tienen que hacer “un estudio de la zona” en función de los parámetros que establece la ley estatal, con ese índice de precios publicado.

A estos requisitos del Gobierno central, la Xunta solo “añade” la convocatoria de una mesa de representación sectorial en la que estén todos los actores implicados: constructores, promotores, ayuntamientos y consumidores, similar al Observatorio de Vivenda autonómico, según Vázquez, que considera que la declaración de zonas tensionadas “es un paso atrás” y además “un engaño” porque “solo se limita el precio en caso de grandes propietarios y de aquellas viviendas que lleven más de cinco años sin estar alquiladas”. Respecto a los grandes tenedores de vivienda, explicó que en Galicia serían un 4 % del total, por lo que “la incidencia es mínima”.

En cuanto al otro requisito de los cinco años, ha justificó que muchas viviendas no están alquiladas por la “inseguridad jurídica” para los propietarios, sobre todo por la “inquiokupación” en referencia a la persona que alquila y no hace frente a los gastos.

Más de seis mil viviendas vacías en el municipio

Pontevedra tiene 6.037 viviendas vacías, un 14% del total del parque inmobiliario, según otro informe del IGVS, basado en datos del Instituto Nacional de Estadística. Es la ciudad gallega con menos pisos de este tipo, por detrás de las 6.198 de Santiago, si bien en Compostela suponen el 11% del total. En Vigo son más de 21.700 (el 15%) y en Ferrol hay 11.200 viviendas vacías, el 25% del parque total. De los 42.646 pisos que hay a orillas del Lérez, 6.037 estarían vacíos al no registrar ningún tipo de consumo eléctrico. Esto significa que una de cada siete hogares carece de ocupantes todo el año.

Pese a estar a la cola de las urbes gallegas en esta materia, es una cifra importante en una ciudad con una larga lista de demandantes de vivienda y con escasa oferta en el mercado del alquiler Por debajo del 30% está Sanxenxo, con 5.104 viviendas vacías (el segundo municipio con la cifra más alta, tras Pontevedra), y Caldas, con 1.432 pisos vacíos, un 28%. En Marín son 2.956 las viviendas vacías, un 23,5%, y en Poio son 1.896, un 20,17 por ciento. Mejores cifras registran en Barro, con 371 pisos sin uso (un 22%), y en Ponte Caldelas, con 678 (un 21,5 por ciento), teniendo el mejor dato Vilaboa, con 358 viviendas vacías que representan un 14,3%. Aunque la Xunta es contraria a la catalogación de zonas tensionadas de barrios y ciudades, finalmente decidió abrir esta vía legal para declarar zonas de mercado residencial tensionado.

Requisitos: la carga de la hipoteca y la escalada de precios

Los datos sobre barrios más sensibles figuran en un informe del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) sobre las posibles áreas tensionadas, según los balances de precios y contratos del Gobierno central y de la propia Xunta. Según la Ley de Vivienda podrán declararse zonas tensionadas aquellos municipios o áreas que cumplan uno de estos dos requisitos: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto familiar, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de ese hogar o bien que el precio del arrendamiento haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado superior al menos tres puntos porcentuales al incremento del IPC. Según el estudio del IGVS, en Galicia ningún ayuntamiento cumple el primer requisito. No hay ningún municipio donde los gastos de la vivienda absorban más de un tercio de las rentas familiares. El segundo concello donde las familias destinan más porcentaje de sus ingresos al alquiler es Barro: pagan 570,6 euros mensuales con ingresos al año de 25.091 euros, es decir, el 27,3%. Entre las ciudades se sitúa a la cabeza Pontevedra con el 22,7%, y también aparecen en la comarca Cotobade (36,7%, Ponte Caldelas (25,3), Vilaboa (24,1), Marín (22,4), Sanxenxo (21,7), Cuntis (20,9), Portas (20,4), Poio (20%) y Caldas (19,8). En cambio, sí hay concellos donde el incremento de los alquileres fue tres puntos porcentuales superior al incremento del IPC. Pero los datos varían según se tome de referencia el índice de precios de los arrendamientos del Ministerio o los datos de fianzas depositadas en el IGVS. Con los datos del Ministerio hay cinco concellos tensionados en la comarca: Moraña, Cuntis, Pontevedra, Marín y Poio, pero si se toman como referencia los datos de las fianzas depositadas en el IGVS son Ponte Caldelas, Cuntis, Pontevedra, Caldas, Poio y Sanxenxo. En este listado se indica que desde 2028 hasta 2022, las cuotas de alquiler subieron entre un 21% en Sanxenxo y un 28,9 en Ponte Caldelas.

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