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José María Gómez y Díaz-Castroverde | Presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)

“La Ciudad de la Justicia será un antes y un después; Vigo está de enhorabuena”

José María Gómez y Díaz-Castroverde, esta semana, en las instalaciones de FARO en Chapela.

José María Gómez y Díaz-Castroverde, esta semana, en las instalaciones de FARO en Chapela. Marta G. Brea

José María Gómez y Díaz Castroverde está al frente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) desde 2019. Meses después de su toma de posesión irrumpió el coronavirus, que ha condicionado la actividad judicial. Por ahora, destaca, el impacto de la pandemia aún no se dejó notar en las cifras de litigiosidad, pero cree que acabará repercutiendo “de forma decidida” , por lo que los juzgados deben estar “preparados”. Esta semana visitó a los magistrados de Vigo: ve “razonable” la petición de más medios de los jueces civiles y felicita a la urbe por la futura Ciudad de la Justicia.

Ficha personal



José María Gómez y Díaz-Castroverde (Ponferrada, 1956) ingresó en la carrera judicial en 1981. Tras varios destinos, como los de juez de Instrucción en San Sebastián o Madrid, fue letrado de los órganos técnicos del CGPJ y magistrado del TSXG, institución que preside desde 2019. Es académico de número de la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación.

José María Gómez y Díaz-Castroverde, esta semana, en las instalaciones de FARO en Chapela. Marta G. Brea

– La pandemia lo ha cambiado todo. También en los juzgados. ¿Cómo está afectando al día a día?

– Empezaré por destacar a lo que no afectó: a la determinación de prestar un servicio público de calidad y de que la Justicia sea transparente y ágil. Es un objetivo irrenunciable. Teniendo esto en cuenta, es cierto que la pandemia se ha dejado notar, pero no como pensábamos. El aumento de asuntos en trámite creció un 11% en España, un 7% en Galicia y en Vigo ha sido mucho menor, del 1,4%. Los jueces y juezas de esta ciudad han hecho un trabajo fantástico, permitiendo que el 2020, pese a los tres meses de suspensión de plazos procesales por el coronavirus junto a agosto, quedase en la misma situación en la que empezó.

– Pero Vigo suma 21.300 asuntos pendientes. Un escenario que usted no ve desesperante, pero lo cierto es que el aumento se produjo en pocos años. ¿Cómo se llegó a esto?

21.300 asuntos en trámite para 38 juzgados y dos secciones de la Audiencia no se pueden definir de colapso. Además 12.000 son de la jurisdicción civil, donde no llegan a 900 por juzgado y además hay una explicación a la pendencia.

¿Cuál es? La principal la encontramos en los monitorios, procesos de pequeña cuantía de tarjetas revolving, compañías telefónicas... en los que el juez debe comprobar si hay cláusulas abusivas y en los que casi nunca el domicilio del demandado es correcto, lo que supone que las diligencias estén abiertas constantemente. Y también, y eso se ve bien en Vigo, está el problema de las cláusulas suelo, que es determinante. Cuando hablamos de 12.000 asuntos pendientes en civil la cuarta parte, 3.000, son de cláusulas suelo. Eso es algo que queremos resolver, pero no podremos hacerlo con la facilidad que sería deseable.

– Precisamente, el atasco de las demandas de suelo hipotecario, que se arrastra desde 2017, es uno de los problemas latentes en la ciudad.

– Ahora en Vigo hay cuatro magistrados para cláusulas suelo. La idea es resolver el problema con estos refuerzos, pero, como dije, no podremos hacerlo en el tiempo que pensábamos. Si fuera necesario reforzar la jurisdicción civil lo haríamos, pero ya con carácter general.

"El juzgado de refuerzo que plantean los magistrados de lo civil es razonable"

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El presidente del TSXG visitó Vigo para reunirse con los jueces. Marta G. Brea

Más refuerzos en cláusulas suelo no serían operativos: no solo se trata de tener jueces, sino también letrados de la Administración de Justicia y funcionarios y eso sería difícil. Así que será más una cuestión de tiempo que de efectivos. Lo cierto es que este tema ya nació complicado: la decisión de polarizar en determinados juzgados estos procesos no fue acertada y a partir de ahí se generó el problema.

– Junto al problema de las cláusulas suelo, el más acuciante ahora en Vigo es el de los juzgados civiles ordinarios. Los magistrados le acaban de pedir una sala de refuerzo.

– Sí me planteo reforzar la jurisdicción civil en Vigo. Ya me lo planteaba antes de reunirme con los magistrados y de hecho ya lo hemos hecho al incorporar a dos juezas [de apoyo] de la 70 promoción. ¿Cuál es la mejor solución? Pues la creación de nuevos órganos, aunque también es verdad que los juzgados de Primera Instancia de Vigo no figuran entre los de creación preferente. Pero los jueces plantean un juzgado de refuerzo y es una solución razonable.

"La pendencia de las cláusulas suelo no se resolverá con la facilidad deseable"

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Si puedo lo pondré en marcha, pero junto a contar con un juez, que eso me resulta fácil, también se necesita un letrado de la Administración de Justicia y funcionarios. Y estas dos últimas partes no dependen de mí. El juez sí, porque en todo caso tendría disponible a la jueza de adscripción territorial que está ahora reforzando la jurisdicción social y pasaría a hacerlo en los juzgados civiles.

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– Entre tanta reivindicación, una buena noticia para la urbe es que pronto estará en pie la Ciudad de la Justicia. El traslado está próximo.

– La Ciudad de la Justicia es un punto y aparte, un antes y un después en la Justicia de Vigo. Es una obra fantástica, junto a lo interesante que resulta que una estructura arquitectónica vaya a prestar servicio en una ciudad en dos aspectos de la vida tan importantes como son la sanidad y la justicia. Vigo esté de enhorabuena. Lo que se nos comunica es que el traslado y la dotación de medios empezará en torno a julio.

“La Ciudad de la Justicia será un antes y un después; Vigo está de enhorabuena”

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Y que la inauguración podría ser después del verano. Debo aclarar que la palabra traslado no implica una mudanza propiamente dicha desde los edificios actuales, porque los medios de la nueva dotación serán prácticamente todos nuevos: mesas, armarios, ordenadores... El traslado será básicamente de expedientes, del papel. Eso, claro, debe de tener una previsión y creo que la Xunta ya maneja junto al juez decano, que está haciendo una gran labor, un cronograma. No tiene porque haber retrasos en la tramitación de los asuntos.

– Dice que la inauguración podría ser ya tras el verano...

– Atendiendo a otros edificios judiciales, la inauguración fue antes de que se pudiera desarrollar de forma efectiva la actividad jurisdiccional allí. Es lo que se hizo en Tui hace poco o antes en A Coruña. Pero en ambos casos el uso de los edificios fue efectivo a los escasos meses.

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– La irrupción de la pandemia hizo pronosticar una avalancha de litigios que, por ahora, no llegó. ¿La prevén para los próximos meses?

– La pandemia generó, está generando y generará una gran crisis económica. Eso me produce preocupación. Personas que antes tenían una vida relativamente asequible ahora vemos que les cuesta hacer dos comidas dignas al día. Y no digamos ya conservar su empleo, su negocio, sus tarjetas... Es un problema social tremendo que cualquier persona mínimamente sensible, y yo lo soy, lo sufre como persona y en mi caso también como presidente de un tribunal como el TSXG. Y esto va a repercutir de una manera decidida en la actividad de los juzgados. Lo que vemos es que el ministerio [de Justicia] cifró la incidencia del coronavirus en las jurisdicciones social, mercantil y contenciosa, pero se olvidó de la civil, donde creo, y la Sala de Gobierno ya lo detectó, que se reflejará una de las grandes incidencias de la pandemia.

– ¿Y habrá una oleada de otros procedimientos: ERTE’s despidos, concursos de acreedores...?

– Debería crecer la incidencia en los juzgados de lo Social una vez termine la prórroga de los ERTE. Se pronostica que habrá despidos masivos, y puede haberlos, pero no lo sabemos aún. Y habrá que estar atentos cuando finalice la moratoria de los concursos necesarios en mercantil.

– Precisamente en Vigo se creará en unos días el séptimo juzgado laboral. ¿Con ello está preparada esta jurisdicción para el COVID?

– Con el nuevo juzgado la jurisdicción social quedará saneada en Vigo durante tiempo. Pero lo cierto, recordando la crisis de 2008, es que en una crisis económica la incidencia en la Justicia no es singular, no se polariza en una jurisdicción concreta. La persona que pierde el trabajo deja de poder pagar el teléfono móvil, la tarjeta de crédito... Y si tiene conflictos personales los tiene también familiares y hasta puede haber repercusiones penales. Entonces esa persona tendrá problemas seguramente en las jurisdicciones civil, de familia, mercantil y penal. Este efecto transversal no podemos perderlo de vista porque en una crisis global es justo el que se va a producir, como ocurrió en 2008.

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– ¿Lo que se avecina será entonces comparable a 2008?

– Ya me gustaría ser un experto analista económico y hacer esa previsión. Lo que sí pienso es que en 2008, cuando empezaron los problemas, ninguno pronosticamos que sería una crisis de tanta magnitud. Ahora, con el coronavirus barajamos que quizá con los fondos de reestructuración, con el dinero inyectado… se podrán evitar unas consecuencias similares. Pero no lo sabemos. Así que hay que pensar que eso puede ocurrir y estar preparados. Pero debo hacer una precisión. La Justicia no tiene números clausus, no es como una facultad que decide que en un año tendrá 700 alumnos y se prepara para eso. En los juzgados nadie sabe si mañana se van a presentar 100 asuntos o serán 200. En Galicia hay el ejemplo de la expropiación del puerto seco de Salvaterra do Miño: se presentaron prácticamente en un mes 8.000 recursos en el TSXG.

“La reorganización territorial es una asignatura pendiente que hay que realizar de forma respetuosa”

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– Al margen del COVID, una asignatura pendiente es la reforma del mapa judicial. ¿Está en la agenda?

– Queremos una justicia del siglo XXI o casi del siglo XXII y no podemos afrontarla con una organización territorial judicial del siglo XIX. Esa reorganización es una asignatura pendiente que ya se planteó dos veces y que vuelve a considerarse. Pero quiero ser respetuoso con todos los intereses en juego. Porque entiendo que ayuntamientos, alcaldes... no quieran prescindir de sus juzgados. Si yo fuese alcalde pensaría igual. En ciudades grandes como Vigo los tribunales de instancia serían una gran solución porque permiten la especialización o la resolución colegiada de asuntos, claves de cara a la eficacia judicial.

– Llevamos años con la reforma que impone plazos máximos en las instrucciones. Pero vemos como muchas investigaciones colean años.

– Una instrucción judicial larga es ineficaz y daña la imagen de la Justicia. Pero yo fui juez de Instrucción y me consta que una instrucción no puede estar limitada temporalmente. Ponerle un plazo en determinados contextos es hacerla ineficaz.

– Una de esas investigaciones largas ha sido la del siniestro del Alvia. ¿Se sabe ya cuándo será el juicio?

– Hasta lo que conozco, está pendiente del recurso contra la transformación en procedimiento abreviado y apertura de juicio oral. Parece que está a punto de resolverse, pero como presidente no me puedo interesar sobre cuándo será, sería interferir en la actividad de los jueces.

– Con el asunto del “Prestige” en el Reino Unido, ahora en un tribunal de arbitraje y dado lo que rodea el caso. ¿España tiene complicado cobrar la millonaria indemnización?

– El juicio del Prestige fue en Galicia primero, de una manera muy buena y a satisfacción de todas las partes que intervinieron, con independencia de cuál fuera la sentencia que se dictara. Sobre lo que puedan resolver tribunales de otros países sería poco prudente pronunciarme.

– Un problema que está latente es el de la okupación. ¿Qué radiografía hace desde el ámbito judicial?

La okupación de viviendas, con k y sin k, tiene una importante problemática social detrás. No lo podemos soslayar a la hora de abordar este tema. También es cierto que la incidencia depende de si se trata de viviendas habitadas, de segundas residencias o de viviendas deshabitadas. Pero la realidad judicial es que la tasa interanual de estas okupaciones cuando son viviendas de particulares o de entidades sin ánimo de lucro bajó alrededor del 35%.

"Comarcalizar los juzgados de violencia supondría alejarlos de las víctimas"

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– Y la violencia de género no cesa. ¿Sería idóneo comarcalizar juzgados e ir más a la especialización?

– La violencia de género es una pandemia en sí misma. Debemos luchar contra ella con todas las armas a nuestro alcance. En Galicia tenemos dos juzgados de violencia exclusivos, en Vigo y A Coruña. Y en otros partidos judiciales con más de un juzgado, uno tiene esa competencia. Que el juzgado no esté especializado no significa que el juez o jueza no lo estén. Todos los jueces españoles tenemos formación en violencia de genero. ¿Concentrar o comarcalizar juzgados? Podría ser idóneo si no fuera porque supone alejar el juzgado de la víctima. Y si la víctima ya no es dada a denunciar, lo haría menos cuanto más lejos esté el juzgado. Comarcalizar servicios como la atención psicológica sí sería interesante.

"Es lógico que los que se ven perjudicados por las normas del coronavirus intenten recuperar perjuicio"

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Debido a la pandemia el sector hostelero fue a la vía judicial para litigar contra el cierre y reclamar el lucro cesante. ¿Cuándo se sabrá algo?

– Es lógico que las personas, entidades y sociedades mercantiles que se ven perjudicadas por las normas que se dictan para la pandemia reclamen e intenten recuperar los perjuicios que han tenido. El alcance que puedan tener los asuntos que me refiere y la proyección lo ignoro, pero sí me gustaría apuntar que, resuelva lo que se resuelva, la gente debe entender que en esta y otras materias ser juez es muy difícil.

José María Gómez y Díaz-Castroverde durante su entrevista para FARO.

"En tecnología avanzamos en meses lo que nos llevaría años, pero hay problemas con las videoconferencias"

– A la Administración de la Justicia siempre se le ha achacado cierto anquilosamiento. El tecnológico ha sido uno de los principales retos y con el COVID por fin los cambios parecen estar acelerándose...

– En mi toma de posesión planteé mi apuesta por la modernización tecnológica. Lo que no sabía es que iba a tener que apostar por ello muy pronto y de forma tan decidida. Porque sí, la pandemia cambió muchas cosas en los juzgados: los aforos, la distancia social, la forma de desarrollarse las actuaciones procesales... Pero sobre todo puso enseguida sobre la mesa la necesidad de actuar con medios tecnológicos. Estaban ahí pero no se usaban como ahora. Estos meses hemos experimentado un avance que de otra forma hubiera tardado años.

– Los juicios con medios telemáticos se dispararon. Sin presencialidad, ¿son igualmente garantistas?

– Igual que no renunciamos a una justicia de calidad, tampoco a una justicia con todas las garantías procesales y para los derechos fundamentales. La Ley 3/2020 [de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en la Administración de Justicia] dice que las actuaciones serán preferentemente telemáticas, pero ya establece cautelas para ciertos delitos y penas privativas de libertad, para que sean presenciales. Y dispone que el juez esté siempre en sede judicial. Su obligación también es no llevar una actuación adelante si ve que las garantías no se cumplen.

– Y en medio de este escenario, los constantes fallos en las videoconferencias que ya han motivado las quejas de no pocos magistrados.

– Sí, una de las deficiencias es esa. Los problemas surgen de su propio éxito: tanto se usan las videoconferencias que generan ocupación de canales, exceso de ocupación de salas de vistas e imposibilidad de su desarrollo. La Amtega ya está en la idea de corregir esto. El objetivo es que cada juzgado tenga un equipo propio. Aún no estamos en el escenario ideal, pero ese fin se alcanzará. Y, en todo caso, creo que los medios tecnológicos nos dan más de lo que nos quitan.

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