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El aluvión de pleitos por deudas sobrecarga los juzgados civiles pese al parón del confinamiento

Los tribunales de Primera Instancia ya registraron casi 13.000 procedimientos en lo que va de 2020: el 40% son monitorios para reclamar todo tipo de impagos | Hubo 550 demandas para echar a inquilinos morosos

Archivos juzgados

La litigiosidad civil estaba claramente al alza antes de que la pandemia del COVID-19 llegase para cambiarnos la vida. Y, pese a la parálisis en la que durante meses se vieron inmersos los juzgados como consecuencia de las restrictivas medidas del primer estado de alarma, la carga de asuntos en esta jurisdicción continúa a día de hoy en niveles altos. “Nos está entrando muchísimo trabajo”, resumen en varias de la salas. Los juzgados de Primera Instancia de Vigo registraron casi 13.000 procedimientos en lo que va de 2020. Y cuatro de cada diez de estos pleitos son los denominados monitorios, una forma rápida y ágil para reclamar deudas que está siendo utilizada en masa por los fondos buitres, esas activas sociedades extranjeras que se dedican a comprar grandes paquetes de créditos impagados para después ir a reclamarlos a la vía judicial.

Vigo cuenta con 12 juzgados de Primera Instancia ordinarios, si bien uno de ellos está especializado en la actualidad en cláusulas suelo. La carga de trabajo en estas salas aumentó de forma muy considerable en 2019: de no llegar a la suma de 11.000 procedimientos anuales en 2018 se pasó en el siguiente ejercicio a superar los 14.000. Junto a los fondos buitre que por el momento han llegado para quedarse, otro fenómeno que contribuyó a disparar la litigiosidad fueron las demandas contra las tarjetas revolving o de pago aplazado, que se pusieron en el punto de mira judicial por sus altos intereses. Tal fue el aumento de pleitos que los propios magistrados reclamaron de forma oficial al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) la creación de dos juzgados civiles más, pero el alto tribunal gallego descartó pedir dichas dotaciones al considerar que el incremento de casos detectado en 2019 podría ser “puntual”.

Aunque todavía falta algo más de un mes para cerrar este 2020, todo apunta a que esa acusada tendencia al alza observada en 2019 se mantendrá este año. Porque, a día de hoy, ya se registraron 12.989 procedimientos civiles. Los monitorios, con 5.485, están claramente a la cabeza, seguidos por los asuntos que dan lugar a los juicios verbales y ordinarios. Los pleitos por accidentes de tráfico –797– y los de impagos de alquiler –549– también se encuentran entre los más destacados de esta jurisdicción, así como las juras de cuentas –351– derivadas de los impagos de los honorarios de los abogados, que se incrementaron ligeramente con respecto al año anterior. A aunque el monitorio ordinario es sin duda el pleito estrella en la jurisdicción civil, en las estadísticas se cuela también el monitorio europeo, que destaca asimismo, como el anterior, por la activa litigiosidad de los fondos buitre.

Litigios hipotecarios

Donde se detecta un considerable descenso de asuntos, de casi un 40%, es en las demandas hipotecarias. En lo que va de 2020 hubo un total de 903, frente a las casi 1.500 del mismo período del año anterior. Todos estos procedimientos –los de Vigo y los del resto de la provincia de Pontevedra– los asume el Juzgado de Primera Instancia 14 de la urbe olívica, que todavía acumula un gran número de asuntos antiguos sin resolver debido al aluvión registrado en 2018 y 2019. En cuanto a la bajada detectada este año en este tipo de procedimientos, fuentes judiciales señalan que es “lógico” debido a que poco a poco se irá “agotando” el fenómeno de las cláusulas suelo que en 2017 motivó la habilitación de este tipo de salas especializadas en toda España. Además, tras las sentencias sobre el índice IRPH dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y más recientemente por el Tribunal Supremo, no se produjo la avalancha de litigios sobre dicha cuestión que inicialmente se pronosticaba.

¿Y cómo afectó el COVID-19 a la litigiosidad? Pues pese a que la actividad judicial estuvo parada desde el 16 de marzo y hasta principios de junio, una vez retomada la rutina diaria el ritmo de presentación de demandas fue bastante elevado ya que, haciendo un cómputo global, los casi 13.000 procedimientos que suman estos juzgados desde enero solo son un 10% menos de los de 2019, cuando alcanzaron los 14.366. “Y una vez finalice este año la diferencia aún será menor; y eso pese a que durante casi tres meses, en marzo, abril, mayo y los primeros días de junio, la actividad estuvo parada”, avisan en una de las salas. Durante ese período de parálisis la carga de trabajo fue mínima en Primera Instancia ya que, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción penal, en la civil apenas hay asuntos de los considerados urgentes o esenciales.

Junto al alto número de nuevas causas, estas salas tienen récord de pendencia

Lo que sí provocó el parón del coronavirus es que se disparase el colapso judicial. Los tribunales vigueses alcanzaron la cifra récord de 22.300 asuntos pendientes, de los cuales casi 15.000 se encuentran en la jurisdicción civil, tanto en los juzgados ordinarios como en los de Familia y en el especializado en cláusulas suelo, que es, sin duda, el que sufre el mayor atasco de todos ellos. Y de esto último no tiene únicamente culpa el COVID, ya que el colapso en el tribunal de asuntos bancarios viene derivado sobre todo del aluvión de litigios que hubo sobre esta materia a raíz de la historia sentencia de Europa que aplicó el efecto retroactivo en el suelo hipotecario.

Casos pendientes

En cuanto a esta pendencia, tras los 14.789 procedimientos a la espera de respuesta que hay en los juzgados civiles según la última estadística hecha pública en octubre por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a continuación se sitúa la jurisdicción laboral –con 4.065–, la penal –3.127– y, finalmente, la contencioso-administrativa –que es la más saneada con solo 351 procedimientos–. Nunca en la historia reciente, ni siquiera como consecuencia de la crisis económica de 2008, se acumularon tantos procedimientos pendientes en los juzgados vigueses.

Edificios de los juzgados de Vigo

Un fondo buitre lleva a juicio a una viguesa y acaba condenado a devolverle 6.000 euros

La jueza anula los intereses remuneratorios y comisiones de la tarjeta de crédito: la información contractual venía en letra de solo “un milímetro”

Los fondos buitre acuden cada vez más a la vía del monitorio para reclamar el dinero de los créditos que de forma previa adquieren a bancos o financieras a precios irrisorios. Y es que los pleitos con estas sociedades extranjeras como protagonistas se han multiplicado en los últimos años en la ciudad olívica. Pero en muchas ocasiones los ciudadanos logran ganarles el pulso. Claro ejemplo es una reciente sentencia: Hoist Finance Spain S.L. llevó a juicio a una vecina de Vigo para reclamarle un impago relativo a una tarjeta de crédito pero, finalmente, el que acabó condenado en la resolución dictada por la magistrada fue el fondo, concretamente a restituirle 6.000 euros a la mujer. “En los juzgados están entrando un goteo continuo de monitorios presentados por fondos buitre, pero estamos viendo que muchos de esos procedimientos o bien se archivan o al final quienes deben pagar, quienes deben restituir dinero por existir por ejemplo usura en los intereses, son los propios fondos”, afirma David Alfaya, abogado vigués especializado en estos litigios y que representa a la mujer que acaba de ganar el pleito a Hoist Finance Spain.

Saldo

La sentencia, con fecha de este pasado 17 de noviembre, la dictó el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Vigo. Hoist reclamaba a esta viguesa 5.859 euros, correspondiente al saldo pendiente de una tarjeta de crédito. Pero la demandada se opuso, alegando su letrado, entre otras cuestiones, la nulidad del contrato por usura, por falta de transparencia de sus cláusulas y por falta de información precontractual. Y la magistrada da finalmente la razón a esta mujer estimando en parte su demanda reconvencional, dadas las características del documento contractual explicativo sobre la tarjeta de crédito, “que no permite al consumidor apercibirse de las condiciones económicas esenciales y el funcionamiento” del producto. El tamaño de la letra de solo un milímetro es, se concreta, “inferior al exigido legalmente” e imposible de leer “sin utilizar algún instrumento de aumento”. Así, la sentencia concluye que no resultan de aplicación ni los intereses remuneratorios ni las comisiones –solo la cantidad de la que se dispuso–, por lo que se da la circunstancia de que finalmente es el fondo buitre el que debe devolver dinero a la mujer.

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