La sobrecarga de trabajo que afecta a los juzgados de Primera Instancia de Vigo ha llevado a los letrados de la Administración de Justicia de estas salas a dar un paso al frente. Porque estos profesionales acaban de firmar un escrito conjunto urgiendo medidas una vez que el volumen de litigios, que se disparó un 30% en los últimos años, ya excede “de lo asumible”. Pese al “esfuerzo”, avisan, tanto ellos como los funcionarios están “totalmente desbordados”. Por ello, “para evitar que la situación se deteriore aún más”, solicitan la creación de dos tribunales más de esta especialidad –petición ya planteada por los jueces–, medidas de apoyo como prolongaciones de jornada para los funcionarios y medios materiales “para desarrollar con eficacia el trabajo”.
La litigiosidad en los 12 juzgados de Primera Instancia de Vigo se disparó en 2019, cuando se superaron en un 44% los módulos de carga de trabajo recomendados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y en 2020, a lo largo del cual entraron casi 17.100 procedimientos, se mantuvo esta tendencia, con un registro de asuntos que excedió en un 31% lo idóneo. Recientemente a estas salas se incorporaron dos juezas de apoyo, pero la medida se ve insuficiente, sobre todo por el hecho de que, contrariamente que para los magistrados, no se habilitaron refuerzos ni para los letrados judiciales ni para los funcionarios. En cuanto a algún nuevo tribunal de esta especialidad en la ciudad, por ahora no se contempla, ya que entre las tres prioridades que Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y Xunta acaban de trasladar al Ministerio de Justicia no se encuentra ningún órgano para la urbe olívica.
“En los tres últimos años la entrada de asuntos en los juzgados de Vigo ha superado el volumen que podría entenderse asumible para permitir que el trabajo de los letrados de la Administración de Justicia (LAJS) y de la oficina judicial bajo su dependencia se desarrolle bajo unos criterios de calidad y atención razonables”, arranca el escrito de los letrados judiciales vigueses, dirigido a su secretario coordinador provincial, José Tronchoni; al juez decano vigués, Germán Serrano; a los decanos de los abogados y procuradores, Lourdes Carballo y José Antonio Fandiño respectivamente; así como al Ministerio de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al TSXG.
¿Cuáles son las claves del aumento de trabajo? Junto a precisar que en los últimos años la jurisdicción civil tuvo que asumir ciertas materias que antes se tramitaban en la penal y mercantil, “lo que ha contribuido a un considerable aumento de trabajo”, estos profesionales explican que la litigiosidad al alza también se debe “a la desmesurada presentación de procesos monitorios por parte de los llamados fondos buitre”.
Cuenta de consignaciones
El aumento de demandas de ejecución se traduce, agregan, en un incremento de la labor en torno a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones, “que exige muchísima dedicación para intentar efectuar los pagos con la mayor celeridad”. En algunas salas se sobrepasan los 3.000 mandamientos de pago y órdenes de embargo, entre otras diligencias. A esto se une la reapertura de casos antiguos que estaban archivados provisionalmente. Muchos de estos viejos litigios están reactivándose a causa de los fondos buitre.
La sobrecarga de pleitos ya está teniendo consecuencias. Una de ellas, avisan los letrados judiciales, “una llamativa pendencia” de escritos y recursos por “la imposibilidad de atender el volumen de trabajo existente”. Además, los señalamientos de juicios “están sufriendo retrasos” por los reajustes de agenda para poner menos juicios por día, para evitar concentraciones de personas en los pasillos dada la actual situación sanitaria. Y funcionarios que llevaban años en civil, “con amplios conocimientos de esta materia”, han pedido el traslado a otras jurisdicciones “con menor carga de trabajo y más remuneración económica”.
Videoconferencias
Y finalmente exponen más quejas: los “problemas eléctricos” que “inhabilitan los ordenadores buena parte de la mañana”, las deficiencias en aplicaciones como Fidelius o la “imposibilidad” de realizar videoconferencias al disponer solo de tres salas “para su desarrollo”.
Junto a este escrito los letrados judiciales remitieron otro mostrando su “malestar” porque no les informen de medidas que adoptan los órganos de gobierno del Poder Judicial o la administración autonómica. Esta vez no se les comunicó oficialmente la incorporación de las dos juezas de refuerzo. Piden ser informados de estas decisiones “por los medios reglamentarios” y ofrecen su “colaboración”.
UNAS SALAS CON LA FRIOLERA DE 12.600 CASOS PENDIENTES, EL TRIPLE QUE HACE CINCO AÑOS
Los juzgados de Vigo acumulan casi 22.000 asuntos a la espera de respuesta. Y prácticamente el 60% –concretamente 12.686– se concentran en los juzgados de Primera Instancia: son el triple de los poco más de 4.100 que tenían en 2015. Buena parte de ellos se deben a la sobrecarga que sufren las salas civiles ordinarias y en esta cifra se incluyen también los asuntos de cláusulas suelo que hay aún atascados. El Colegio de Procuradores de Vigo emitió ayer un comunicado apoyando las reivindicaciones de los letrados judiciales y denunciando y exponiendo este atasco que sufren los tribunales civiles. “Estos juzgados son la parada judicial más cercana a los ciudadanos y es fundamental que su gestión sea rápida”, afirma el decano José Antonio Fandiño.
